Mientras un alto funcionario del gobierno aludía públicamente ayer al “sueño” oficial de liderar el desarrollo del país conjuntamente con “empresarios y trabajadores como partícipes” de un proceso nacional proyectado hacia “el aumento de la producción”, algunos de los máximos dirigentes empresariales y sindicales recordaban sus respectivas negativas a aceptar limitaciones normativas que el Poder Ejecutivo aspira a sistematizar con el objetivo de minimizar la conflictividad laboral, especialmente las ocupaciones de lugares de trabajo.
La citada expresión de deseo fue formulada por el director de Trabajo, Julio Baraibar, en una conferencia organizada por la Asociación de Dirigentes de Marketing que incluyó ponencias del síndico de la Cámara de Comercio, Horacio Castells, el asesor jurídico de la Cámara de Industria (CIU), Gonzalo Irrazábal, el secretario de organización del PIT-CNT, Juan Castillo y el dirigente de la central sindical proveniente del gremio de la construcción, Daniel Mesa.

Castells relativizó la diferencia entre la condición de empleado y la de empleador, para sostener que empresarios y trabajadores “son una misma cosa”, sugiriendo la identificación de sus intereses y, por ende, la convergencia estratégica de sus objetivos.

Manifestó su preocupación ante el hecho que el gobierno “cae duramente” sobre las empresas que incumplen normas y convenios; se preguntó “qué hizo” el Ministerio de Trabajo (MTSS) para garantizar el cumplimiento, durante las últimas ocupaciones, de “los pasos previos” que establece el decreto transitorio (N° 405) emitido en octubre pasado en el marco de la cuatripartita sobre fuero sindical.

Desde la vereda opuesta, Juan Castillo criticó el propósito gubernamental de prevenir legalmente la conflictividad a través del “borrador de reglamentación del derecho de huelga” y relativizó las distorsiones emanadas de las ocupaciones afirmando que “el empresariado logró instalar el tema” a través de la acción de “los medios” de comunicación.

Al igual que el conocido rematador, el dirigente portuario disparó sobre el MTSS por haber elegido “mal el momento” de presentación del anteproyecto preventivo, que según el gobierno constituirá la base del futuro decreto sobre el punto. Enfatizó que “ninguna ocupación” fue el “punto de partida” de los conflictos laborales, destacando que los incumplimientos patronales motivaron las medidas sindicales. Advirtió que si las empresas “no respetan mis derechos no tengo otra salida” que transitar el camino de la confrontación.


Cada cual en su sitio. Castillo defendió a capa y espada el derecho de los gremios a decidir las formas de organización y representación que entiendan convenientes, ya que los trabajadores podrían reclamar “ver de qué forma” y con qué criterios son electos los dirigentes empresariales.

Reclamó a los dirigentes de las cámaras “ser prácticos” y reconocer que “defendemos intereses distintos”.

Irrazábal, quien ocupó el cargo desempeñado ahora por Baraibar durante las administraciones de Luis Lacalle y Jorge Batlle, alertó contra el “novedoso derecho a ocupar” que, a su juicio, incluía el anteproyecto que el gobierno dejó atrás. Su precaución remitió a la afirmación del ministro Eduardo Bonomi en el sentido que la letra del futuro decreto respetará “el espíritu” del texto deshechado.

Dijo que la realidad confirmó la advertencia realizada por el sector en 2005 acerca del “vacío legal” que se produciría tras la derogación del decreto de 1966 que habilitaba el desalojo policial de los centros de trabajo ocupados.

Según el asesor de los industriales, el “único y verdadero enemigo” de unos y otros es “el desempleo”; en cambio, sostuvo, “el gran amigo a conquistar” por todos los sectores nacionales “es el mercado”, cuya búsqueda llevará a todos “a buen puerto”.

Más allá que en varias firmas del sector industrial fueron creados en los últimos meses nucleamientos de trabajadores que no reconocen la existencia de los comités y sindicatos existentes desde hace muchos años, Irrazábal indicó que la CIU “no promueve ni respalda un movimiento sindical paralelo” en un país “de tres millones de habitantes” donde los ciudadanos saben quién es un dirigente sindical y quién no lo es.


Tripartismo. El dirigente obrero Jorge Mesa celebró la promoción del diálogo social y la negociación colectiva por parte del gobierno, puntualizando que el debilitamiento de esos procesos operado durante los últimos 15 años se realizó de espaldas a los trabajadores y favoreció “el informalismo” . Dijo que la negociación colectiva no sólo es de interés para los trabajadores sino para el país en su conjunto ya que “sirve a todos”, al igual que “la libertad sindical”