Hoy comienza a regir la polémica y postergada reforma de la DGI

 Los primeros cambios los verá hoy mismo el titular de Rentas, Eduardo Zaidensztat, cuando los directores de divisiones y encargados de asesorías que dependen directamente de él dejen constancia de si se acogen al sistema de exclusividad, piden su redistribución o renuncian, como está previsto en el decreto reglamentario de la ley 17.706.

Algunos directores y encargados de asesoría comunicaron ayer a los funcionarios del área a su cargo la intención de pedir el traslado, según miembros de la DGI consultados.

El resto de los funcionarios tendrá plazo hasta el 12 de agosto (30 días hábiles después de la entrada en vigencia de la reforma) para expresar su intención de adherirse al sistema de exclusividad e incompatibilidad o no.

A partir de hoy los miembros de la DGI podrán presentar la declaración jurada que exige el decreto con su historia laboral (que se utilizará para controlar que el funcionario no vuelva a trabajar para dichas empresas). También se abrirá el plazo para presentar la solicitud de autorización en caso de querer desempeñar alguna de las actividades que se prevé pueden ser compatibles con la exclusividad, tales como la enseñanza.

Se estima que alrededor del 10% de los funcionarios, especialmente los profesionales, optarán tanto por la renuncia como por ser redistribuidos a otras dependencias del Estado. El principal motivo de esto es que por la combinación de trabajos públicos y privados reciben mayores ingresos a los previstos por el decreto en compensación de la exclusividad. Las retribuciones fijas mensuales de la DGI están estipuladas entre los $13.503 y los $82.303. A esto se le sumará una partida variable por cumplimiento de metas.

Una vez expresada la voluntad de cambiar de oficina o renunciar, la DGI podrá disponer de éstos durante 180 días más.

TRAYECTO. Si bien la ley fue promulgada en 2003 el decreto reglamentario de la misma no fue aprobado hasta mayo de este año. Los intentos de reglamentarla del ex ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, no contaron con el apoyo del sindicato del organismo de Rentas que se opuso al texto presentado por el funcionario estableciendo un conflicto que duró dos meses.

Los principales puntos a los que el sindicato se oponía eran la instrumentación de un sistema de calificación, la creación de una auditoría interna y la implementación de un nuevo régimen de remuneraciones basado en una partida fija y otra variable supeditada al rendimiento.

Estos puntos se mantuvieron en el decreto que reglamentó la actual reforma pero miembros del gremio dijeron a El País que si bien el texto actual es «similar» al que propuso Alfie, la «claridad» de como están expresadas las condiciones es «mayor».