Ilegales salieron a reclamar su derecho a quedarse en EE.UU.

Alentados por una gran cobertura mediática y el éxito de las protestas de hispanos que comenzaron a fines de marzo, los organizadores de la huelga, bautizada «Un día sin inmigrantes», cosecharon sus mayores éxitos en Chicago (Illinois) y Los Angeles (California), pero la protesta se extendió por todo el país.

El objetivo fue mostrar a la opinión pública que los inmigrantes, lejos de ser una carga pública, contribuyen al desarrollo económico del país.

Los extranjeros son el 15% de la fuerza laboral de Estados Unidos, pero conforman el 24% del sector agrícola y, en otros sectores, son la principal fuente de mano de obra barata.

El «día sin inmigrantes» tuvo una amplia participación a pesar de las diferencias entre los activistas acerca del mensaje a enviar a los legisladores en Washington que debaten una amplia reforma a las leyes de inmigración.

Unas 300.000 personas se habían congregado en Chicago y cientos de miles más lo hacían luego en Nueva York y Los Angeles. Hubo actos menores en más de 50 ciudades en lugares remotos de Connecticut, en la costa atlántica, hasta Dakota del Sur en el centro del país.

En la zona de Los Angeles, restaurantes y mercados habitualmente concurridos estaban desiertos y los camioneros evitaban el puerto de cargas más grande del país. En el centro de la ciudad, uno de cada tres pequeños comercios estaba cerrado.

Los sectores que dependen del trabajo inmigrante fueron los más afectados, aunque no de manera uniforme.

Esta movilización «sin precedentes» se produce en momentos en que el Congreso, dominado por los republicanos, estudia iniciativas para efectuar una reforma migratoria, la primera desde 1986, entre ellas las de sectores conservadores que exigen mano dura contra la inmigración ilegal.

En respuesta, los grupos pro-inmigrantes levantaron su voz para condenar proyectos de ley como el del republicano James Sensenbrenner, que convierte en criminales a los inmigrantes clandestinos y penaliza a quienes los contraten o les ofrezcan ayuda.

Cualquier medida que apruebe el Senado, posiblemente a finales de mes, tiene que ser homologada con la de Sensenbrenner, que fue aprobada en la Cámara de Representantes, antes de convertirse en ley.

La Casa Blanca reaccionó fríamente ante las marchas.

«El presidente no es aficionado a los boicots», dijo el secretario de prensa Scott McClellan. «La gente tiene el derecho de expresar pacíficamente su punto de vista, pero el presidente quiere que una reforma incluyente sea aprobada por el Congreso para poderla promulgar».

Sin embargo, el vocero reconoció que «este es un asunto complicado y emocional… nosotros tenemos un sistema migratorio quebrado cuando contamos con 12 millones de personas indocumentadas en el país».

La opinión general de los economistas independientes es que Estados Unidos se beneficia por la entrada de los inmigrantes, principalmente latinoamericanos, tanto de los que vienen legalmente, como de los que cruzan el Río Bravo o los desiertos de Arizona.

Harry Holzer, profesor de la Universidad de Georgetown, destacó que los inmigrantes ofrecen una mano de obra barata que reduce el precio de los alimentos, la ropa y la vivienda en Estados Unidos, lo que beneficia a los consumidores, especialmente a los más pobres, que dedican un porcentaje mayor de su renta a estos fines.