Incierto futuro para liquidación de bancos fundidos y créditos incobrables del BROU

Mientras las gremiales de productores del agro, de pequeños empresarios y de empleados bancarios convocaron a una movilización para resistir el plan del gobierno que apunta a acelerarla liquidación de los bancos fundidos en el 2002, la suerte de una alternativa a esa solución que tiene a consideración el Parlamento y que prevé la gestión de los activos de esas instituciones y de los créditos de difícil recuperación del Banco República (BROU) por parte de un único fondo administrado por el Estado permanece en la incertidumbre, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
El staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé elevar a consideración del Directorio del organismo el informe sobre el cumplimiento de las metas del programa económico de Uruguay en el primer trimestre, una vez que perciba «avances concretos» para acelerar la liquidación de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera, que quebraron a fines del 2002. De la aprobación por parte del FMI de la revisión del cumplimiento de esas metas depende un giro por unos U$S 200 millones.
Un funcionario de ese organismo en Washington dijo a Búsqueda la semana pasada que el gobierno uruguayo dio hasta ahora «pasos que deberían ayudarlo a hacer avanzar la liquidación» de los bancos fundidos, pero señaló que «todavía» se está a la espera de comprobar que eso efectivamente acelerará el proceso.
La administración del presidente Jorge Batlle se había comprometido con el FMI a concluir antes de marzo la cesión a privados de la gestión de los créditos y otros activos que pertenecían a los bancos en liquidación, tarea que es efectuada por el Banco Central (BCU). Según el gobierno, eso no se concretó debido a dificultades para realizar balances de esos fondos producto de trabas sindicales.
Ese plan del gobierno -que implicó como primer paso el despido en mayo de 220 de los 288 empleados de los fondos liquidadores- derivó en un conflicto con el sindicato de trabajadores bancarios (AEBU). El gremio reclama además, que se transfieran las acciones de la financiera Riloman – vinculada al también cerrado Banco de Crédito- a sus trabajadores y que se incorpore un empleado de ese banco quebrado por cada tres vacantes que se generen en instituciones financieras públicas.
AEBU había dispuesto medidas que afectaron la compensación de cheques (clearing) entre bancos. Sin embargo, el sindicato dejó en suspenso a partir del viernes 4 esas medidas a raíz de un acuerdo con el ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo, para analizar el reclamo sobre la incorporación de personal a los bancos públicos y con respecto a la firma Riloman.
Esa actitud mediadora que asumió Pérez del Castillo generó malestar en el equipo económico.
El lunes 7, los empleados sindicalizados pretendieron ingresar a la sede de los fondos para recibir la comunicación personal de los despidos, que había sido notificada por medio de avisos publicados en medios de prensa, y para ponerse a disposición de los liquidadores, lo que fue impedido.

Movilización. En tanto, AEBU, diez gremiales de productores agropecuarios y la asociación de micro y pequeños empresarios cuestionaron el martes 8 la transferencia de créditos de difícil cobro del Banco República (BROU) a una administradora de fideicomisos de propiedad de la propia institución, por entender que eso «afecta negativamente la relación con los deudores», y criticaron la decisión del gobierno de subastar carteras del ex Banco de Crédito, lo que está previsto para el viernes 18. Las asociaciones instaron a los parlamentarios, a sus propios socios y al «pueblo todo» a «mantenerse alerta» ante esa subasta, y convocaron a «ocupar las calles como se hiciera el 13 de abril de 1999 y el 16 de abril del 2002» en las movilizaciones en Montevideo organizadas por asociaciones de rurales.
Las gremiales expresaron además, su respaldo al proyecto de ley de creación de un fondo de administración de activos financieros como persona jurídica no estatal, que tendría el cometido de gestionar fideicomisos con carteras del BROU y de los bancos en liquidación. La iniciativa -que fue presentada el miércoles 2 por la izquierda ante la Comisión de Hacienda de Diputados- autoriza al directorio de ese fondo a reducirla tasa de interés de los créditos anteriores a la devaluación de junio del 2002, así como a acordar «quitas» y «esperas» con un informe previo de un «comité de sindicatura» integrado por miembros designados a propuesta de AEBU y de las gremiales empresariales.
Fuentes políticas aseguraron a Búsqueda que el proyecto es rechazado por los legisladores colorados y, en principio, por el Herrerismo. Agregaron que algunos legisladores de Alianza Nacional estarían dispuestos a acompañarlo, pero que por el momento no hay una posición como sector.
En caso de que la izquierda y todos los blancos no herreristas acompañaran la propuesta, podría ser aprobada en Diputados.
En el gobierno se entiende que ése es un proyecto «para legalizar, no pagar», las deudas ya contraídas con el BROU y los bancos quebrados, dijeron fuentes oficiales. «Si sale la ley, se puede llegara destruir todo el proceso de recuperación de activos» que impulsa el gobierno, advirtió una fuente oficial.