Industria tabacalera estudia ‘seriament’ recurrir los decretos del Poder Ejecutivo

La cruzada antitabaco librada por el presidente Vázquez ha generado fuertes reacciones. Un vocero de la industria tabacalera confirmó a Últimas Noticias que las firmas más importantes de plaza están manteniendo reuniones para transmitir al gobierno una posición conjunta sobre este tema.

Las firmas de tabaco consideran que los decretos firmados por Vázquez son «inconstitucionales» porque «limitan severamente» algunos de los derechos inherentes a los seres humanos reconocidos por la carta magna.

Los derechos en cuestión son aquellos vinculados a la propiedad, a la libertad de industria, comercio, expresión y trabajo.

Uno de los decretos dictados por el gobierno prohíbe a las tabacaleras utilizar la expresión «light» en las cajas de cigarrillos por considerar que se trata de una comunicación engañosa.

Un vocero de Monte Paz sostuvo que los cigarrillos con este nombre han sido «debidamente registrados» por lo cuál se trata de una «marca comercial protegida por la ley» cuyo uso no puede ser prohibido por ningún gobierno.

También cuestionaron las limitaciones a la publicidad que «violentan el derecho a la libre expresión de los anunciantes y los medios de comunicación»

El decreto 187/2005 «prohíbe la difusión de publicidad de productos y marcas de cigarrillos en cualquiera de sus formas en los canales de televisión abierta, cerrada, por cable o codificada durante el horario de protección al menor».

Otro aspecto que genera controversia es el espacio que deben ocupar las leyendas de advertencia.

El decreto 1876/2005 dispuso que las mismas «deberán ocupar el 50 % de la superficie total expuesta en los paquetes» y que «incluirán imágenes y o pictogramas» mostrando los efectos del tabaco para desalentar su consumo.

La industria sostiene que este decreto contradice el derecho al trabajo reconocido en la Constitución, porque «se van a perder muchos puestos» ya que «nadie en su sano juicio puede vender la mitad de su producto diciendo que es malo».

La libertad de industria también está en cuestión para los bares, restaurantes y almacenes, ya que el decreto 1851/2005 obliga a estos locales a establecer áreas de fumadores «que deberán estar claramente delimitadas, sin conexión con otros sectores del edificio y tendrán que contar con una salida propia al exterior y disponer de ventilación independiente».

Fuentes de la industria tabacalera indicaron que estas medidas «cambian las reglas de juego» a los comerciantes, porque los hace realizar «cuantiosas inversiones» para remodelar sus locales.

Los productores de cigarrillos cuestionan además el procedimiento formal por el que se producen estas limitaciones.

«Los derechos básicos sólo pueden limitarse por razones de interés general y con una ley, no porque a un presidente se le dé la gana de hacerlo» indicó un vocero de la empresa Monte Paz.

«Se olvidan que el Parlamento tiene un papel fundamental en estos temas, estamos asistiendo al avasallamiento de un poder del Estado por otro» agregó.

El gobierno defendió su postura al firmar los decretos sosteniendo que el Estado tiene «el deber de velar por la salud de la población» y que las medidas se inscriben en la firma del convenio marco para el control del tabaco, ratificado por el Parlamento el año pasado.

Las tabacaleras objetan que el tratado internacional contiene únicamente recomendaciones generales y que sus disposiciones no pueden entrar en vigencia si contradicen la Constitución de la República o las leyes vigentes.

Si el recurso de revocación ante el Poder Ejecutivo fracasa, el próximo paso para las tabacaleras es un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.