Inserción de desocupados crónicos encuentra más apoyos que reparos

Entre el beneplácito, la cautela y la preocupación transitaron las opiniones de empresarios y sindicalistas sobre la iniciativa oficial de subsidiar entre 2008 y 2009 la creación de 6.000 puestos de trabajo para desocupados crónicos, aunque tanto la conformidad como la reserva se reflejaron por igual en las percepciones de gremialistas y hombres de negocios consultados por El Observador.
Es que el Estado pagará a las compañías que contraten desocupados de determinado perfil entre 60% y 80% de los salarios, en el marco de un programa de incentivo a la reinserción laboral que otorgará a los futuros 6.000 beneficiarios el derecho a cobrar despido y seguro de paro, según informó ayer El Observador. Si al cabo de un año la empresa decide no mantener al trabajador, deberá pagarle el despido y éste tendrá derecho al seguro de paro.

El costo del programa será de U$S 6 millones y podrán acceder quienes reciban ayuda a través del Plan de Equidad, que desde el próximo año sustituirá al Plan de Emergencia que instrumentó el gobierno para ayudar a la clase más baja de la sociedad.

El presidente de la Comisión socio-laboral de la Cámara de Industrias, Dimitrios Linas, dijo que “conceptualmente” todo aquello que “incentive el empleo y la capacitación es positivo” y supone dar “un paso adelante”.

No obstante, Linas sugirió la conveniencia de “analizar el enfoque” del proyecto en marcha y “las condiciones específicas de su implementación”.

El secretario de Empleo del PIT-CNT, Richard Read, coincidió con el industrial al destacar que la iniciativa “de alguna manera genera de vuelta el hábito de trabajo” entre los desempleados que fueron ganados por el desánimo. Read abogó por realizar un “contralor de los subsidios” que se aplicarán y expresó que el plan le “gustaría mucho más” si estuviera orientado hacia “las pequeñas y medianas empresas”.

Además, el sindicalista de la bebida entiende necesario demandar a los futuros favorecidos “una obligatoriedad de estudio” o el compromiso de que “los hijos vayan a la escuela”, ya que “la sociedad financia” el plan a través del pago de impuestos.

El titular de la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas, Ricardo Posada, considera “buena” toda propuesta que “incluya a marginados o excluidos” en el mapa sociolaboral, con el propósito de “recomponer un tejido social absolutamente destruido” por años de pauperización y crisis.

El empresario piensa que “el costo” de tal proyecto “no se mide en pesos sino socialmente” y que resulta “mucho más caro dejar a la gente marginada que asistirla” buscando su reinserción.

Dijo a El Observador que planes como este constituyen “pequeños escalones para incorporar” ciudadanos al mercado de trabajo y a la sociedad. “Al igual que la educación, no se mide según sea caro o barato”, sostuvo Posada.

Preocupación y reserva. Una visión opuesta marcó la asesora de la Cámara de Comercio, Dolores Benavente, quien reflejó la “preocupación” de esa entidad porque “en vez de sacar una distorsión se crea otra”.

La economista explicó la presencia de “una distorsión en el mercado de trabajo” que se constata con la “gente que no accede al empleo por algún motivo” que no siempre es el mismo, fenómeno que “se agravó durante la crisis” financiera de 2002.

En ese marco, el gobierno “tiene que arreglar la distorsión y no crear otra” para solucionar la primera, ya que “esa gente no accede” a ningún empleo a causa de una combinación de factores como “capacitación, educación y regulaciones del mercado de trabajo”, las que deberían ser “más flexibles”.

Con la realidad de “una restricción cultural” y otra “regulatoria”, el subsidio concebido por el gobierno “crea una ventaja artificial en la contratación” de determinados trabajadores, diferencia que “implicará una discriminación contra el resto de los desempleados”.

La iniciativa oficial “se percibe loable” aunque “hay que mirar a quien se desplaza” en el camino de su instrumentación, concluyó Benavente.