Inspectores de DGI y BPS tras fumadores

El Gobierno terminó de delinear ayer el sistema punitivo para los locales comerciales cerrados que a partir del 1° de marzo permitan que se fume en su interior, estableciendo una multa mínima de 100 UR -poco más de $ 27.000- y 200 UR -casi $ 55.000- en caso de reincidencia, anunció ayer la, ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) firmará convenios con otras secretarías de Estado, con dependencias gubernamentales y municipales, que facultarán a que sus inspectores puedan labrar un acta al momento de constatar el incumplimiento de la ley y elevar la denuncia al MSP, dijo a Ultimas Noticias el director nacional de Salud, Jorge Basso. Participarán, entre otros, el cuerpo de inspectores de la DGI, BPS y Ministerio de Trabajo.

En esta tarea de control también estará la Asociación de Estudiantes de Medicina, diferentes ONG y organizaciones como la Alianza de Lucha Contra el Tabaco. Además, se habilitará una casilla de correo electrónico y una línea 0800 para que particulares puedan denunciar irregularidades. El decreto de la Presidencia es una medida más en la política de prevención de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares que adoptó el Ejecutivo en su cruzada contra el tabaquismo y las enfermedades derivadas de la adicción al cigarrillo.

El MSP organizará jornadas de difusión sobre la instrumentación de la resolución y promocionará «medidas atenuantes» para aquellos establecimientos que desde ya implementen una campaña de información a los clientes sobre la prohibición de fumar dentro del local que rige a partir de marzo. Entre estas atenuantes, figura la remoción de los ceniceros de las mesas de los restaurantes y su traslado a las puertas de entrada para que las personas desechen el cigarrillo antes de ingresar al establecimiento. El dinero recaudado por las multas se destinará a financiar el propio programa «País libre de Humo de Tabaco» en lugares cerrados. Basso dijo que se recurrirá a financiamiento de la Organización Panamericana de la Salud para realizar campañas mediáticas y en la vía pública, en donde también jugará un papel importante la iniciativa privada. «Apelamos a la sensibilidad y al respeto de los fumadores para tratar que el no fumador no se vea obligado a fumar. El no fumador, estamos hablando, no solamente de los que concurren a los lugares cerrados sino también de aquellos trabajadores que ven resentida su salud porque en su lugar de trabajo hay una alta concentración de humo de tabaco», dijo Muñoz.

La imposibilidad de fumar abarcará todo el local, pues el MSP, junto a Cambadu y otras organizaciones de comerciantes, acordó que ésta no sea una «medida discriminatoria» que divida los establecimientos en áreas para los que no fuman y para los que sí lo hacen.