Instituto Nacional de Empleo ya tiene sus nuevas autoridades.

Y con él se instalará la polémica sobre el uso del Fondo Nacional de Reconversión Laboral, un «botín» de unos US$ 27 millones con el que el gobierno cuenta para mitigar los efectos de la crisis mundial.

El INEFP presenta un cambio sustancial respecto a la actual Junta Nacional de Empleo, también tripartita, que suplanta: no está obligado al consenso. Es decir que las decisiones, como en los Consejos de Salarios, se adoptarán por mayoría, lo que probablemente genere más decisiones que cuenten con el apoyo del gobierno y de los sindicatos, y no tengan el aval del sector empresarial.

El organismo manejará los actuales cursos de capacitación que se imparten para distintos universos a través de diferentes programas (jóvenes, mujeres jefas de hogar, discapacitados, trabajadores rurales) y deberá definir si restablece los cursos para los que originariamente fue creada la Junae: la capacitación de los trabajadores en seguro de desempleo, algo que no se realiza desde hace tres años.

La piedra de toque, empero, será el abultado fondo disponible que el gobierno anunció que empleará para dar cursos de capacitación a empleados de empresas que tengan problemas por el impacto de la crisis mundial y necesiten reducir su carga laboral. Así, las jornadas semanales pasarían a ser de cuatro días y el quinto se destinaría a los cursos con un pago a definir al trabajador, de manera de atenuar su pérdida salarial. Hoy no está aún definido el mecanismo para brindar esta prestación que tiene, entre otros efectos, evitar que se dispare el número de trabajadores en seguro de desempleo.

El nuevo instituto lo presidirá la actual directora nacional de Trabajo, Sara Paysée (que hoy preside la Junae) y estará integrado, por el lado del gobierno, por Juan Manuel Rodríguez por la OPP y por Jorge Camors del Ministerio de Educación y Cultura, dijeron a El País fuentes de la Junae. Sus alternos serán, respectivamente Tania Mauri (abogada, asesora de OPP) y Alberto Brussa (maestro, asesor en el MEC) y que serán quienes seguramente seguirán en ejercicio efectivo de los cargos.

La representación sindical estará conformada por un delegado de Articulación, sector moderado afín a la precandidatura de Danilo Astori y uno del Partido Comunista, que apoya la precandidatura de José Mujica. Los delegados sindicales serán Héctor Maceillot (gastronómico), y su alterno Ismael Fuentes (Fueci), y Ricardo Moreira (Sindicato de la Aguja), y su alterno Antonio de los Santos (Sunca).

Los delegados empresariales serán Fernando Carpentieri (Cámara de Industrias del Uruguay) y su alterno Aníbal Durán, (APPCU y otras gremiales de la construcción) y por Juan Mailhos (Cámara Nacional de Comercio) y su alterna Fernanda Maldonado (en representación de la Federación Rural, la Asociación Rural y otras entidades del sector agropecuario)