Inversores temen que Argentina declare nueva cesación de pagos.

La sorpresiva reestatización del sistema de pensiones argentino, anunciada el martes por el gobierno de Cristina Fernández, suscitó ayer el temor de los inversores a que el país se encamine hacia su segunda suspensión de pagos de la deuda pública en una década.
La caída en el precio de las materias primas, una de las principales fuentes de ingresos fiscales, sumada a la crisis financiera internacional que dificulta el acceso a los mercados de crédito, empujaron al gobierno a buscar nuevos fondos entre los ahorros de sus futuros jubilados, coinciden los analistas internacionales.

La nacionalización planteada “hace más probable que haya una suspensión de pagos a corto plazo, porque inflige un inmenso daño a la credibilidad del gobierno y el sistema financiero ante su propio pueblo”, dijo Paul McNamara, que colabora en la administración de una cartera de activos de mercados emergentes de US$ 1.200 millones en Augustus Asset Managers en Londres. La reestatización del régimen de pensiones le permitirá al Estado controlar US$ 30.100 millones en poder de las aseguradoras, además de US$ 4.600 millones que aportan anualmente los afiliados al sistema previsional.

Pese a que el gobierno asegura que la medida busca proteger a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad que sufrieron los fondos privados –compuestos en casi 70% por bonos y acciones argentinas–, para los analistas la intención es asegurarse el financiamiento de sus vencimientos de deuda para los próximos tres años, que suman unos US$ 28.000 millones.

Analistas procupados. “Es el último de muchos clavos en el ataúd, desde una perspectiva de inversor institucional”, dijo Bill Rudman, que colabora en la administración de acciones de mercados emergentes valoradas en US$ 3.000 millones, en WestLB Mellon Asset Management en Londres. Argentina está “desapareciendo en la irrelevancia”, agregó.

Según Gabriel Torres, analista de Moody´s Investor Services en Nueva York, en el largo plazo el Estado deberá pagar las futuras jubilaciones y existen dudas sobre su capacidad para financiarlas.

El proyecto de ley enviado al Congreso para ser aprobado antes de fin de año establece la eliminación del sistema privado de pensiones y la creación de un único Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El anuncio fue bien recibido entre los principales sindicatos, en su mayoría aliados al gobierno, y tuvo una gélida recepción en el mercado. El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires se desplomó hasta tocar su mínimo en cuatro años durante la sesión con un retroceso de 17%, para luego perder 10,1%. El riesgo país alcanzó los 1.962 puntos básicos.

“Si se cambian las reglas de juego, se estatizan empresas, sí o sí se afecta la inversión. El que pensaba invertir en Argentina va a buscar otro destino y el que ya está en el país va a recortar sus inversiones”, dijo Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres y Asociados.

Con el recuerdo de la confiscación de los ahorros bancarios –el “corralito”– de 2001, muchos argentinos temen que sus fondos de pensión se diluyan cuando los administre el Estado. “Con mi plata quiero hacer lo que yo quiera y no que el gobierno me diga lo que tengo que hacer”, dijo Luis López, jubilado en el sistema privado.

“El Estado me robó muchas veces, la AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) no me robó nunca”, agregó.

Los analistas ven en la acción una “medida desesperada” por hacerse de fondos frescos. En julio, el gobierno sufrió el primer traspié cuando el Congreso rechazó un aumento en el impuesto a la exportación de granos que le permitiría aumentar su recaudación.

Impedida de financiarse en los mercados de capitales desde 2005, Argentina recurrió al presidente venezolano Hugo Chávez con la emisión directa de bonos por un total de US$ 7.000 millones.

La última emisión fue en agosto, cuando el gobierno acordó pagar una alta tasa de interés del 15% por un título en dólares con vencimiento en 2015.

Para Spotorno, se apeló a los fondos de pensión como último recurso. “Es una medida desesperada por hacer caja”, añadió Rogelio Frigerio, director de la consultora Economía y Regiones.

Tras declarar en 2001 el mayor cese de pagos de la historia, Argentina reestructuró en 2005 su deuda privada de US$ 102.000 millones y al año siguiente canceló su pasivo de US$ 9.500 millones con el FMI.

Actualmente analiza una oferta de tres bancos extranjeros para regularizar la situación de los acreedores privados, aunque el gobierno anunció que congelaría las negociaciones debido a la incertidumbre provocada por la crisis financiera internacional. (El Observador, AP y Bloomberg)