Jornada sobre nuevas leyes laborales

Los expositores en la misma fueron el Doctor Juan Mailhos, el  Economista Jose Luis Puig y el Señor Horacio Castells.

Jose Luis Puig (Vice Precidente de la CNCS) se refirió al papel de la Cámara como defensora del sector privado y la importancia de este para el pais:¨El empresario privado es el motor de este país, y lo que tenemos que tratar de hacer es defender que todo lo que se vaya regulando, que todo lo que el gobierno vaya haciendo, no interfiera con ese principio fundamental».

El Sr. Horacio Castells (Directivo de la CNCS), explico el porque la Cámara se retiro de la comisión de Compromiso Nacional: ¨Nos parecia que a estas dos leyes teniamos argumentos demasiado firmes y demasiado fuertes para ser escuchados, para ser mejorados, en beneficio de todos. Cuando se nos dice que no vamos a ser escuchados, ahi nos retiramos¨

Transcripción de la conferencia:

Ec. José Luis Puig – Vicepresidente de la CNCS

En nombre de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay les damos la bienvenida y agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana para conversar acerca de este tema de las nuevas leyes laborales.

El formato que vamos a tratar de armar para que sea mas productivo para una sala tan numerosa es que hayan unas breves palabras introductorias y después el Dr. Mailhos nos va a explicar todos los pasos que hemos dado en estos últimos meses en esta materia y después el Sr. Horacio Castells va a explicarnos todo lo que hemos actuado en las reuniones de Compromiso Nacional porque él conjuntamente con el Dr. Mailhos son nuestros integrantes en esa comisión.

Después vamos a abrir una parte a preguntas y vamos a tratar de que todos ustedes se vayan en la mañana de hoy con un panorama lo más cercano posible a lo que ha pasado en estos momentos. A los efectos de que informalmente podamos funcionar mejor vamos a pedir que hagan las preguntas por escrito, vamos a repartir unos papelitos y el Dr. Mailhos va a analizar las preguntas y vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles y la idea es sobre las 11:00 de la mañana finalizar la jornadas y comenzar otro nuevo día de trabajo, ese va a ser un poco el formato de cómo vamos a tratar de canalizar las cosas en la mañana de hoy.

Bueno yo creo que como primer punto importante que tengamos todos en la cabeza antes de entrar en este tema es que nuestra Cámara no tiene el objetivo de dividir ni estar separado del gobierno. Nuestra idea es como dice el art.1 de nuestros estatutos “ velar por el interés del sector privado en nuestra economía” y eso es lo que estamos tratando de hacer. En el tema de que estamos divididos en la opinión con el gobierno es en el tema laboral, estrictamente en el tema laboral.

Nosotros creemos que en este tema laboral en estos últimos meses, de octubre a noviembre que fue la última reunión que tuvimos con ustedes explicativa en esta materia, fueron surgiendo hechos que nos han llevado a la posición que estamos ahora y que fueron hechos los cuales nosotros no controlamos y en los cuales  no estuvimos de acuerdo. Sobre le fin del año pasado, llegamos a un acuerdo el gobierno, el PIT-CNT, y nosotros (el sector empresarial en su conjunto) de que se iba a armar un tercer capítulo del Compromiso Nacional y esta vez íbamos a tratar de ver si lo podíamos hacer más productivo, entonces el gobierno definió una serie de comisiones, entre las cuales una era la Comisión Laboral.

La idea era que la Comisión Laboral que iba a empezar a trabajar en los primeros meses de este año, como empezó en el mes de febrero iba a tener como objetivo tratar en forma tripartita armar una ley de prevención de conflictos y relacionamientos laborales. Lo que pasó es que desde noviembre en que se definió que esto era lo que  íbamos a hacer y que íbamos a estar todos de acuerdo hasta el mes de febrero que citó por primera vez este Compromiso Nacional, el gobierno sacó dos leyes en la cual el sector empresarial en su conjunto y la Cámara de Comercio en forma particular estamos en total desacuerdo que fue la ley de extensión del crédito laboral que ahora Juan va explicar en detalle y la ley de terciarizaciones.

Acá hemos tenido problemas de fondo y de forma, los problemas de fondo ahora Juan se los va a explicar, pero tuvimos  problemas de forma en la cual por ejemplo la ley de extensión de crédito laboral nació en el Congreso en la Cámara de Diputados y cuando estaba en la Comisión respectiva la Cámara pidió ser oída porque estábamos en desacuerdo con lo que ahí se estaba tratando y la respuesta que obtuvimos fue : “ni vengan porque los votos ya están”. Entonces, más allá de todas las cosas que han pasado después, nosotros creemos que el sector empresarial en el tema laboral no está siendo tratado de la manera que debería ser tratado; en base a esto venimos al Compromiso Nacional con el tema para empezar analizar la ley de Creación de Conflictos y ya venimos con un piñazo en el medio, empezamos contra la pared entonces yo creo que no es desde el punto de vista nuestro que somos los que estamos poniendo las trabas  sino que creemos que el gobierno en el tema laboral, insisto, no está dándonos las condiciones para que podamos trabajar en forma tripartita en forma cómoda.

Esta idea, este pensamiento, lo compartimos con todas las Cámaras más representativas y con algunas de las otras Cámaras  y bueno hay alguno que no está de acuerdo con esto, y eso es lo que están viendo en la prensa, de que el empresariado está dividido. Ese es un tema que hay mirarlo con pinzas y cada una de las gremiales empresariales sabemos que representamos y si bien en el empresariado hay diversas opiniones, la gran masa del empresariado, los que están representado por las instituciones tradicionales de este país piensa en forma igual.

Bueno para no hacer mas largo esto, un tercer punto que quiero que tengan en mente antes de empezar a escuchar todos estos temas es que el objetivo de la Cámara Nacional de Comercio tal cual les había dicho que expresa el artículo 1° del estatuto que es velar por el interés del sector privado en general, también eso lo podemos adaptar a lo que nosotros estamos tratando de hacer con mucha fuerza en estos últimos dos años, y este tercer año vamos a seguir igual y que es velar por la defensa de la empresa privada en nuestro país. Velar por la defensa de la empresa privada en nuestro país quiere decir tratar de que no tengamos costos extras a los grandes costos  que ya tenemos y también y sobre todo velar por la independencia de la gestión del empresario de su empresa, todo lo que hemos estado haciendo va en ese camino, ese es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final apoyado en nuestras creencias filosóficas más importantes es que el empresario privado es el motor de este país, y lo que tenemos que tratar de hacer es defender que todo lo que se vaya regulando y todo lo que el gobierno vaya haciendo no interfiera con ese principio fundamental que es que el empresario privado es quien lleva el país adelante, así que sin decir más le voy a pasar la palabra a Juan para que entremos en el tema.

Muchísimas gracias.

Dr. Juan Mailhos – Asesor Jurídico Asdcripto de la CNCS

Bueno muy bien, buenos días a todos. Quiero empezar mis palabras agradeciendo la presencia de todos ustedes acá porque para la Cámara de Comercio implica un reconocimiento a que el tema interesa, que el tema le interesa al empresario y le interesa también a los operadores jurídicos que estamos en el mundo real, en el mundo de la empresa, en el mundo de las relaciones laborales, así que el agradecimiento del caso, luego solicitarles indulgencia, en la sala hay muchos abogados las reflexiones que yo pretendo hacer es de la primera lectura de los textos que por lo lacónico muchas veces generan más dudas que certezas en cuanto a la aplicación. Yo diría que unas de las características fundamentales de todo el proceso legislativo en el sentido más amplio que tiene por no asimilarlo al gobierno, pero el período 2005 a la fecha es una pésima técnica legislativa. Una pésima técnica legislativa en sentido general, de incongruencia y de omisión de fundamento jurídico como vamos a ver seguidamente. Entonces indulgencia para eso y la oportunidad que tenemos todos de más que nada plantearnos dónde están los problemas y de qué manera podemos avizorar que estos problemas pueden solucionarse, para nosotros como Cámara de Comercio y como representantes del sector empresarial siempre ha sido una preocupación especial el tema de la certidumbre jurídica. Todos sabemos que en materia de relaciones laborales cuando hay opciones, cuando hay alternativas, cuando hay vacíos, en general estos vacíos son integrados de algún modo por la jurisprudencia y la jurisprudencia en general es inspirada en la doctrina laboralista, en la doctrina o en los preceptos que inspira la cátedra de Derecho Laboral.

Que a nuestro juicio – y esta es una visión personal y no involucra lo institucional – es monocorde totalmente en su postulado, por lo cual a una técnica bastante rústica en algunos casos, lacónica en otros, si le agregamos que esto nos genera incertidumbre jurídica y que esas incertidumbres jurídicas las va a resolver la jurisprudencia inspirada en lo que le dicte la cátedra de Derecho Laboral, tenemos instalado un panorama bastante aciago y de mayor incertidumbre como el que se avizora en la aplicación de muchas de las normas que ya están vigentes.

Indudablemente todas las normas que se han aprobado de 2005 hasta la fecha están inspiradas en el otorgamiento de mayores beneficios y prerrogativas a los trabajadores. Estos son hechos contrastables, son hechos subjetivos y estas normas que vamos a analizar en el día de hoy tienen esa inspiración, nos gusten o no nos gusten tienen esa inspiración.

Como orden de exposición me voy a referir primeramente  a un texto que está bastante olvidado que es el decreto 165/2006, que fue aprobado el 30 de mayo de 2006. Ustedes saben que desde antes de la instalación de este gobierno en marzo  de 2005 la Cámara Nacional de Comercio se entrevisto con quien ahora es el ministro de trabajo y entre los temas que tratamos con él, además del apoyo que le ofrecíamos a la gestión que iba a iniciar le planteamos nuestra inquietud acerca de que manera se iban a hacer la prevención y solución de los conflictos colectivos, la coyuntura que vivía el país y que luego fue confirmada en la realidad nos hacía temer algunas de las cosas que luego pasaron, nunca nos hicieron sospechar ni imaginar algunas otras. Así las cosas, nosotros solicitamos en materia de solución y prevención de los conflictos colectivos era menester el dictado de una ley, una ley que fijara procedimientos objetivos que estuvieran determinados para las partes de forma previa caminos que sirvieran para encausar, prevenir y solucionar estos conflictos.

Así las cosas, se inicia la gestión del gobierno, esto no es atendido como una de las prioridades en materia legislativa en el sentido mas amplio del término por el Ministerio de Trabajo, y allá a las cansadas se dicta este decreto 165/2006 que tiene un antecedente previo que es derogado, volvemos al tema de la técnica legislativa en términos generales la técnica del decreto provisorio, transitorio, saco el decreto 165 hasta que ustedes nos acuerden una ley; ésta es el modus operanding en el tema de prevención y solución de conflictos colectivos. Este decreto 165 y ustedes me van a permitir que yo les refresque dos artículos, que son los mas grave, que a nosotros nos preocupan mas. El artículo 4° que consagra la ocupación en ejercicio del derecho de huelga, y establece que la ocupación parcial o total de los lugares de trabajo en cuanto a modalidad del ejercicio del derecho de huelga debe realizarse en forma pacífica y luego reglamenta cuales son las condiciones para el ejercicio del derecho de huelga. Lo que huelgan acá son los comentarios acerca de lo que nos provoca a nosotros una disposición como esta.

Y el otro que nos preocupa de sobremanera porque a nuestro juicio sobrepuja también el tema de las ocupaciones es el artículo 6°, que establece la posibilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social más el Ministerio competente del respectivo ramo de actividad actuando conjuntamente tendrá la facultad de intimar con un plazo perentorio de 24 horas bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública la desocupación inmediata de la empresa o institución ocupada.

Procede esta facultad cuando fracasados los mecanismos autónomos y heterónomos de solución que el propio decreto establece la continuación de la ocupación pusiere en grave riesgo la vida, seguridad la salud de toda o parte de la población o afectare seriamente el orden público.

Leo estos dos artículos para de algún modo no extenderme en el análisis del decreto sino simplemente para establecer la gravedad de los preceptos que contiene.

Lógicamente que las cámaras empresariales y muchas empresas visualizaron los peligros de este decreto e interpusieron en tiempo y forma el recurso administrativo que correspondía contra este acto del Poder Ejecutivo. Este decreto fue publicado el 9 de junio de 2006, el recurso respectivo de revocación se entabló el 21 de junio de 2006 y allá por el 17 de noviembre de 2006 se produjo el agotamiento de la vía administrativa por denegatoria ficta del Poder Ejecutivo, esto es el Poder Ejecutivo no se pronunció luego de los 150 días que tenía para expedirse, no se pronunció y entonces dejó firme este acto administrativo. Esto indudablemente para las mas 200 gremiales empresariales y empresas que recurrieron el decreto y yo creo que esto es muy bueno destacarlo porque son pocas las veces en que el recurso o las acciones contra una norma son tan numerosas por el sector empresarial este decreto además ahora ha sido, hay entablada acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto por múltiples razones que hacen no solamente a la forma sino que ustedes pueden observar hacen al fondo de la cuestión.

A nosotros nos preocupa en este sentido- insisto, los problemas de técnica legislativa en cuanto se elige el mecanismo de un decreto para limitar en forma bastante grosera  derechos consagrados constitucionalmente con lo el medio utilizado para establecer esta limitación a nuestro juicio es inconstitucional y así lo hemos planteado tanto en el recurso administrativo como en la acción de nulidad que hoy instalamos entonces digamos razones generales de legalidad, la falta de competencia del poder ejecutivo con el dictado de un decreto reglamentario en clara violación del art.85, numeral 20 de la constitución. La afectación directa de derechos constitucionales básicos y de la misma jerarquía que muchos otros que ahora se han decidido reglamentar como es el propio art. 57 de la constitución, que lo único que establece es que la huelga es un derecho gremial y sobre esa base se reglamentará su ejercicio y su efectividad, no dice la Constitución que la huelga sea el género y la ocupación sea la especie, no lo dice y a nosotros nos parece muy grave que esto se pretenda regular por vía de decretos reglamentarios.

Y además la Constitución de la República reconoce aquellos derechos de acuerdo al art.72 expresamente consagrados en ella o aquellos otros que surjan, que sean inherentes a la persona humana o que surjan de la forma republicana de gobierno. Para nosotros en la especie tampoco estamos en ninguno de estos ámbitos expresamente consagrados por la Constitución. Se violan otros derechos específicos consagrados constitucionalmente que son muy genéricos y que yo creo que hacen a las tradiciones jurídicas y al estado de derecho que siempre ha imperado en nuestro país, la libertad de trabajo consagrada en el artículo 7°, el principio de legalidad consagrado en el artículo 10°, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 32° como inviolable, el derecho a la libertad de industria y comercio en fin. Entonces simplemente exponer ante ustedes la gravedad del decreto en cuestión en cuanto a las soluciones que consagra, la preocupación que tenemos como entidad gremial empresarial de empleadores porque este sea la avant premier de lo que vamos a tener en la futura ley de  negociación colectiva en cuanto a prevención y solución de conflictos colectivos, en cuanto a que esto a nuestro juicio constituye el adelanto de la postura del gobierno respecto de lo que va a ser la solución en materia de ocupaciones fundamentalmente. Si el tema de las ocupaciones resulta grave, si refería que el art. 4° y el art. 6° nos resultaban intragables, quiero hacer una mención especial adicional al art. 4° en cuanto no solamente reconoce a la ocupación como una modalidad del ejercicio del derecho de huelga sino que además va un poco más allá porque en literal d) regulan en que condiciones los trabajadores pueden hacerse cargo del giro de la empresa y establece que los trabajadores pueden hacerse cargo del giro de la empresa cuando el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país.

No se establece ningún procedimiento para acreditar esto y a nuestro juicio se corre el riesgo que sean los propios trabajadores los que sean juez y parte de la cuestión determinando en que casos pueden hacer uso de tal prerrogativa que fija el decreto. Insisto la referencia del decreto 165/2006 en cuanto a que agravia la idea que a juicio de la Cámara de Comercio en especial, pero insisto de muchas otras gremiales empresariales inclusive de empresas de que este decreto es manifiestamente inconstitucional, consagra soluciones que no son convenientes no solamente para la empresa sino para el país todo y que hoy por hoy está en vías de recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Esta es la primer norma a la que quería hacer referencia, luego y siguiendo cronológicamente me quiero referir a la ley que amplía el plazo de prescripción de los créditos laborales, ley 18091 del 7 de enero  de 2007, publicada en el diario oficial 19 de enero de 2007.

En este sentido, yo quiero antes de analizar el breve texto legal que contiene esta norma, la especialísima circunstancia que se da en la aprobación de esta ley. Yo no se si pasaron quince días entre el ingreso del proyecto de ley a la Comisión de legislación , tratamiento por la misma y el pase al órgano deliberativo y la aprobación de la ley. Lo cierto es que nos dan cuenta que se va a tratar el proyecto de ley, nos indican que estamos convocados como cámara empresarial  como organización empresarial representativa, a nuestro juicio, la mas representativa de los empresarios en materia de comercio y servicio, nos convocan a vertir opinión sobre el proyecto que se plantea, ya sea solicitando una entrevista a la Comisión como es normal y habitual que se haga o pasando nuestras observaciones por escrito vía fax, cuando tomamos contacto telefónico para decir que preferíamos concurrir a la reunión de la Comisión ya el proyecto había estado aprobado en Comisión y ya estaba en el plenario para su tratamiento, con lo cual decir que esta norma se sanciona en un plazo record, que el sector empresarial por lo menos la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay no tuvo, no pudo hacer uso del derecho de la prerrogativa que tienen todos los ciudadanos, pero digamos las organizaciones intermedias que representan intereses en este caso intereses empresariales de hace llegar su postura sobre esta ley que a nuestro juicio también es inconveniente, aumenta en un 150% el monto de los reclamos y a nuestro juicio al igual el resto de la normativa constituyen un golpe bastante certero a los intereses de inversión y generación de empleo en el país.

¿Qué es lo que establece la ley?

Su intención es derogar el art.29 de la ley de inversiones que era el que establecía un plazo de prescripción de un año después del cese de la relación laboral para deducir el reclamo por créditos laborales y que esos créditos laborales podían reclamarse por dos años para atrás. Es verdad esta ley de inversiones que contiene esta norma derogaba el regimen anterior al año 96 que establecía respectivamente la posibilidad de reclamar en dos años y los créditos por diez años. Con lo cual hubo un acortamiento muy importante en los plazos de prescripción tanto de la acción como del monto de los créditos. Ahora, no es casual que estas normas tuvieran una ley de inversiones, trataba de representar un elemento, una señal muy clara no solamente para el inversor internacional y de las multinacionales sino también yo diría con mucha mas razón para aquellos que constituyen el entramado mas importante de nuestra red empresarial que es el pequeño y mediano comerciante, industrial, que si nosotros nos ponemos a pensar que antes existía dos años después del cese de la relación laboral para deducir la acción, el crédito podía sumar haberes por diez años, si la empresa tenía dos o tres trabajadores o cuatro o cinco y de esos dos o tres deducían reclamación, la situación que se le podía generar a ese empresario directamente atacaba la viabilidad de la empresa y lo hacía desaparecer del mercado. Entonces pensemos en las cosas de lo cotidiano y no pensemos en que esto necesariamente favorece a la multinacional que desembarca con cientos de trabajadores, pensemos en quienes padecemos aquí el día a día y en lo que puede significar una norma de esta naturaleza.

Entonces la ley esta, que inclusive en la exposición de motivos, adelanta que se justifica la norma por  protección al trabajador, que se justifica la norma porque no existe la innamovilidad del trabajador en el sector privado, etc, etc…. todas consideraciones  que me parecen que no hacen a la justificación normativa, es aprobada entonces sin posibilidad para el sector para expresarse. Otra cosa que trae la norma es de qué manera se interrumpen estos plazos de prescripción por parte del trabajador, todos sabemos que la actividad del trabajador puede hacer interrumpir estos plazos fundamentalmente el plazo para deducir la acción y la situación anterior que existía era que solamente se interrumpía el plazo si el empresario reclamado era convocado a audiencia de conciliación administrativa entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se realizaba la misma y en el plazo de 30 días se deducía demanda laboral contra esa persona.

Existía la discusión si bastaba solamente la interposición de la demanda o si esa demanda debía ser notificada. Hoy por hoy se flexibiliza grandemente esto, se establece que el plazo de prescripción se interrumpe ante la mera solicitud de audiencia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o sea que con el papelito de que se pidió la audiencia aún si el trabajador no concurre el plazo de prescripción que en este sentido favorecía a limitar la incertidumbre que podía tener el empresario se ve interrumpido y allí empieza nuevamente el cómputo y tantas veces podrá ser utilizado como sea necesario.

Entonces por supuesto que esta norma establece el art. 5° que se aplicará a las relaciones laborales vigentes, lógicamente que la presentación de la demanda en haras de flexibilizar, o sea, el trabajador puede o solicitar la audiencia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o llegado el caso interponer demanda solamente la mera interposición de la demanda  interrumpe los plazos u alguna otra gestión a nivel jurisdiccional también está interrumpiendo los plazos.

Insistimos, no es casual que el plazo estuviera contenido en el art. 29 de la ley de inversiones, era una señal muy importante que contaba el inversor que respaldaba la actividad cotidiana del empresario y no pensemos en los empresarios grandes, pensemos en los empresarios pequeños. De todos modos también esto a nuestro juicio ensancha la brecha entre las empresas cumplidoras e incumplidoras con lo cual aquí la misma argumentación que realizaremos seguidamente para la ley de tercerizaciones a nuestro juicio no es que nosotros estemos defendiendo al empresario incumplidor, ni al empresario que no actúa con responsabilidad ante sus obligaciones, simplemente estamos diciendo que esto son señales inadecuadas y como bien dicen los economistas “todos somos agentes racionales” o sea que leemos las señales de una manera racional y en ese sentido actuamos de conformidad.

El último texto legal que yo quería comentar básicamente para hacer una primera lectura y tratar de embanderizar los problemas que pueden suponer estas normas es la ley 18099 del 24 de enero de 2007 publicada recientemente, – no sé si fue el 27 de enero – en el Diario Oficial que refiere a la responsabilidad empresarial con obligaciones lo que comúnmente conocemos como empresas tercerizadas en este sentido quiero hacer también una aclaración previa, algunos representantes gubernamentales, concretamente el Director Nacional de Trabajo el Sr. Julio Baraibar ha hecho manifestaciones públicas de que no todo el sector empresarial está contrario a esta norma y ha invocado a la Cámara de Empresas  Suministradora de Mano de Obra Temporaria como uno de los sectores empresariales que se abría manifestado a favor de esta norma. Yo tengo que comentarles a ustedes porque así no lo ha requerido la propia Cámara que es una gremial de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay hemos recibido visitas de sus representantes hace dos días en la cual nos han explicitado que esta situación no es así. Ellos entienden en términos generales que la norma es inconveniente y que concurrieron al parlamento a los efectos de tratar como muchas veces hacemos las gremiales empresariales, tratar de corregir algunos defectos de redacción, algunas situaciones que iban a generar equívocos, iban a generar mayor incertidumbre jurídica, cosa que hicieron y que en cierta medida colaboraron al tema de la redacción a sugerencias de ellos, pero que de ningún modo se manifiestan a favor de la norma aprobada. Digo esto porque muchas veces nos da la impresión que los otros operadores las relaciones laborales ponen en boca nuestra cosas que no decimos y cosas que no sostenemos, por lo tanto es importante que nosotros aclaremos frente a ustedes y más en una jornada como esta – informativa – cuales son los alcances de las posturas defendidas no solamente por la Cámara de Comercio, sino por todo el sector empresarial y mucho más cuando se involucra alguna gremial nuestra que en realidad nos pide que hagamos esta aclaración.

El art. 1° de la ley, vamos a llamarla de terciarizaciones, de todos modos el texto legal contiene una cantidad de imprecisiones que nos permiten esta liberalidad.

El art. 1° estable : todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra será responsable solidario de las obligaciones laborales de estos hacia los trabajadores contratados; así como el pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda de la prima de accidentes de trabajo del Banco de Seguros del Estado y de enfermedad profesional y de las sanciones y recupero que se adeuden también al Banco de Seguros del Estado en relación a esos trabajadores.

También incluye el art. 1° al Estado en sentido amplio, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los organismos comprendidos en los arts. 220 y 221 de la Constitución de la República, las Intendencias Municipales, las Juntas Departamentales, y las personas públicas no estatales, cuando utilicen – de nuevo está el verbo utilizar – personal mediante algunas de las modalidades previstas en el inciso anterior quedan incluídos en el régimen de responsabilidad solidaria regulado por la ley.

La responsabilidad solidaria que se establece queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra.

Señores, la amplitud de este art. 1° y algunas imprecisiones en la terminología jurídica no dejan de sorprendernos va a ser seguramente fuente de problemas, fue advertido en la Cámara y está ante ustedes el resultado final.

La amplitud es total, todo patrono o empresario, no se define ni patrono ni empresario, ni se remite a ninguna definición de las que por allí se utilizan.

Por tanto a nuestro juicio, desde la gran empresa hasta la mas pequeña está incorporada en el precepto del art. 1° de la ley, que utiliza subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, con lo cual acá hace bien la ensalada o sea está confundiendo en el mismo artículo está siendo objeto de una responsabilidad solidaria objetiva a situaciones que son muy diversas. Una que refiere a la externalización que puede realizar la empresa sobre servicios, procesos productivos o lo que fuere, que le son accesorios o que por estrategia empresarial decide que lo realicen terceras empresas – una situación –  y otra situación que es la externalización, de la mano de obra que utiliza esa empresa o sea que la ensalada está servida, yo en esto creo que con seguridad acá muchos de ustedes van a tener más para comentar de los problemas que pueden traer esto en la melánge que se realice y luego la responsabilidad que es solidaria, una responsabilidad que se establece con carácter objetivo no va a poder el empresario demostrar que actuó con diligencia, como un buen padre de familia, en fin en la contratación que realizó para tratar de sacarse el pial que le significa una responsabilidad solidaria. Responsabilidad solidaria que permite que el acreedor reclame el todo de su crédito contra la empresa que contrata a la empresa suministradora del personal o del servicio para esa empresa contratable o sea la empresa madre va a ser pasible de un reclamo por el 100% de los adeudos. En materia salarial, en materia de seguridad social, en materia del Banco de Seguros que haya generado la empresa que contrata. La intención de la ley manifestada en la exposición de motivos es atacar situaciones de fraude, sin embargo no es la solución consagrada por el texto legal, porque asimila la buena tercerización, la mala tercerización metiendo todo en una nueva ensalada penalizando a quienes tratan de hacer las cosas bien e intentan que estas situaciones no se den.

Por lo tanto son solidariamente responsables en todos los casos las empresas que contraten a otras en las hipótesis previstas por este art. 1°. No solamente se refiere al suministro de mano de obra, nosotros creemos que la actitud es tan grande que todo tipo de contratación que realice la empresa, todo tipo de contratación aún la que se rija por el derecho comercial, tiene como corolario la salpicadura de esta responsabilidad solidaria. Por tanto todas aquellas actividades concedidas aquellas actividades que pretenden vincular a la empresa con el consumidor, todas aquellas actividades de agencia, todas aquellas actividades de distribución, bueno todas ellas van a quedar salpicadas con esta responsabilidad en estos ítems que decimos, salarios, prevención social, banco de seguros, lógicamente durante el período que fueron contratados, esa es única limitación.

Una limitación de carácter temporal que es en definitiva lo único.

Nos preguntamos algunos, ¿y las empresas de construcción de acuerdo a lo que establece el art.7°?. El art. 7°, dice una cosa que también ataca lo que decíamos hoy, la prolijidad de la técnica. Dice el art. 7° “las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción continuarán rigiéndose por la normativa específica de la actividad”. ¿Es necesario que un decreto diga esto?.  En fin, que lo diga después del art. 6° que dice que la ley es de aplicación inmediata y de orden público y después se descuelgue con este artículo. Yo entiendo la preocupación que pueden tener la gente vinculada a la construcción porque esto les pega en el palo mayor de la arboladura de la nave, la única explicación que a nuestro juicio puede tener esta norma es tratar de dejar fuera de la responsabilidad solidaria las prestaciones de seguridad social en la medida en que las mismas se encargan al comitente  de la obra, que sigan siendo responsabilidad del comitente de la obra y la responsabilidad sea del mismo. En realidad, es tratar de escudriñar en algo que nos parece que no se que sentido tiene, quizás alguien vinculado a la construcción nos pueda dar alguna respuesta de esto.

No hay posibilidad de exonerar la responsabilidad, ninguna de exonerar la responsabilidad, la responsabilidad es objetiva. En algún proyecto anterior se establecía la posibilidad de que si la empresa realizaba determinados controles, esto es le pedía a la empresa que contrataba certificados del Banco de Previsión Social, recibos de salarios, si realizaba esa actividad, podía descargar su responsabilidad. No se requiere el incumplimiento del pago de los salarios, no se requiere la constitución de mora, se puede reclamar contra la empresa madre, o la más pudiente o como le quieran decir aún los salarios con que estén corriendo o que se deban. Es un régimen que a nuestro juicio va a determinar que la empresa formal, la empresa más solvente va a ser siempre en quien se descargue el reclamo respectivo.

El art. 2° de la norma, establece la posibilidad que ya establece el Código Civil, de que hayan pactos en cómo se distribuye esta responsabilidad solidaria entre quienes resulten eventuales acreedores, tampoco creemos que agregue nada en lo que ya existía en materia de Códigos. El art. 3° establece por primera vez en el texto legal la prohibición de reemplazar a trabajadores amparados al subsidio por desempleo o en conflicto colectivo, a través de la utilización de esta norma.

No se define lo que es conflicto colectivo, por lo cual en este caso estamos también ante un problema cuando hay conflicto colectivo el sindicato se puede declarar en pre-conflicto,  es una manifestación unilateral del sindicato, nos parece muy peligroso esto porque en muchos casos respecto de la empresa contratada, la empresa contratante no tiene ni idea de cual es la realidad en materia del clima de las relaciones laborales en esa empresa, no sabe si está en conflicto, en pre-conflicto, si el conflicto es psicológico o de algún otro tipo. Lo que es complicado es que en la hipótesis de trabajadores amparados por subsidios al desempleo muchas veces quien se va a constituir en juez es el propio Estado a través del Banco de Previsión Social, ya hemos visto algunas oportunidades en las cuales se brinda el seguro de desempleo aún en situaciones que no sabemos si son amparadas por la ley; me estoy refiriendo claramente al caso de DANCOTEX, con alguna guardia gremial y alguna cosa que anda por allí, y en el otro caso, los trabajadores se pueden constituir en jueces de esta situación diciendo que estaban o que no estaban en conflicto, en fin, un tema que va a ser difícil de escudriñar.

El art. 4° que consagra una obligación del empresario de informarle al trabajador, por escrito las condiciones de empleo, eso creo que ya está en algunos otros documentos, en qué empresa prestará el servicio, nos gustaría mucho cómo va a hacer el Ministerio del Interior con los servicios 222, que hoy están acá, mañana están allá, pasado están acullá, en fin de que manera se realiza esa comunicación en forma previa, o si la comunicación en forma previa es “mira tenés que constituirte en tal lado, y eso ya es un comunicación en forma previa, en fin, es un cosa que nos parece que es complicada y que puede dar lugar a problemas.

El art. 5° es el único que refiere a suministradoras de mano de obra temporaria y lo único que hace es establecer que los trabajadores así contratados deben de recibir beneficios que no pueden ser inferiores (….) no se habla de salarios, se habla de beneficios, habrá que ver qué son los beneficios, si son todos nos parece que no es muy apropiado, hubiésemos preferido que se establecieran los salarios mínimos o lo que fuera, y esto también por el hecho de que la persona que viene en algunos casos cuando es eventual o temporario no se les pueden aplicar las reglas de antigüedad, de especialización, etc. que de repente tiene el trabajador permanente en ese puesto de trabajo.

La ley de acuerdo al art. 6° es de aplicación inmediata parecería querer imponer que es autoejecutable, que no requiere de reglamentación, etc; es orden público.

A modo de conclusiones generales y para abrir un poco al debate estas cuestiones la ley se expresa en contra del fenómeno de descentralización empresarial, en contra del fenómeno de especialización, confunde o por lo menos no diferencia las hipótesis de subcontratación, intermediación y tercerización confundiendo como decía las externalización de las operaciones productivas sobre servicios y de mano de obra, a nuestro juicio en cierto sentido sataniza ésta especialización, confunde la buena tercerización con la mala, da lo mismo. No requiere de decreto reglamentario, ya está plenamente vigente y el riesgo que decíamos, una ley lacónica con una técnica legislativa bastante rústica, nos genera el problema de interpretación e integración de los vacíos legales que va a quedar de cargo de la jurisprudencia la que va estar totalmente determinada por la cátedra o la doctrina laboralista de nuestro país que como decía, a mí juicio, es totalmente monocorde y mal que nos pese es un fuerte estímulo a la industria del juicio laboral.

Estas son algunas de las reflexiones que queríamos compartir con ustedes, informarles de la gravedad que tiene para nosotros estas normas, de la inspiración que tienen de favorecer y ampliar los beneficios de los trabajadores y de las dificultades que seguramente nos planteen en el ejercicio cotidiano a todos nosotros en nuestra vida empresarial, así que yo les agradezco ( no sé si han circulado los papelitos para las preguntas?, o establecemos otro mecanismo porque nos interesa también tener alguna reflexión por parte de ustedes, muchas gracias.

Sr. José Luis Puig.

Muchas gracias, Juan.

Le doy la palabra al Sr. Horacio Castells.

Sr.Horacio Castells – Directivo de la CNCS

Buenos días y les agradezco a todos la presencia. Simplemente yo me voy a referir a por qué nos retiramos nosotros de la Comisión de legislación del Compromiso Nacional. El Compromiso Nacional -voy a ser lo más corto posible y lo mas claro posible – fue creado para buscar en el consenso de sindicalistas y empresarios el proyectar en distintos ámbitos distintas posiciones del quehacer nacional. Fue creado por el mes de noviembre ahí fuimos citados por primera vez ya no es la primera vez que se cita este Compromiso Nacional, ya hace un año atrás cuando la ley de Fueros de Sindicales fue creado después no se escuchó al sector empresarial y la ley fue directamente al Parlamento. En esta nueva instancia nosotros concurrimos como hemos concurrido la Cámara y en general todo el empresariado nacional con la mejor de nuestras intenciones para aportar al Compromiso Nacional todo lo que esté de nuestra parte en beneficio del país. En ese Compromiso Nacional nos reunimos, firmamos un documento todas las Cámaras, entre las cosas que ese documento decía “ …. la generación de 35.000 nuevos puestos de trabajo genuinos y productivos para el 2007, o sea que todos los pasos que nosotros demos en ese Compromiso Nacional deberían ir en esa dirección. Entre las otras cosas se crea con la integración la Comisión de Compromiso Nacional que funcionará en consulta con parlamentarios a efectos de intentar concensuar las leyes necesarias para implementar el Uruguay productivo, o sea que en ese Compromiso Nacional ibamos a trabajar en consulta con los parlamentarios. Esto fue firmado el 13 de diciembre, cuando se firmó tuvo varias instancias anteriores. Esas dos leyes que nosotros estabamos comentando recién, fueron votadas en ese intering, entonces nosotros planteamos en la primera reunión que era bueno discutir esas leyes en este ámbito para argumentar todas estas cosas que nosotros entendíamos. Justamente ahí fue cuando se nos dijo que no –  hoy, hay un artículo dónde de El Observador, titula : “Argumentar en vez de retirarse”. Nosotros lo que quisimos justamente en esa Comisión y pedimos a esa Comisión fue poder argumentar el por qué y todas esas explicaciones que daba Juan en el inicio no eran convenientes, no sólo para el empresariado, porque lo hemos dicho mucho mas de una vez, no hay empresas sin trabajadores, ni trabajadores sin empresa, muchas veces a nosotros nos parece increíble que empresarios y trabajadores podamos estar enfrentados cuando el norte es similar. Lo hemos dicho muchas veces y ustedes como empresarios lo podrán corroborar no hay empresa que funcione bien, que tenga a sus trabajadores mal, y cuando lo analicen van a ver que es así las empresas que funcionan bien, tienen a sus trabajadores bien. Entonces no parecía que era fundamental poder argumentar el por qué de estas leyes que habían sido votadas simultáneamente con la creación de Compromiso Nacional en dónde nos obligaba a tener – en consonancia con los legisladores, esto – el por qué no eran convenientes, entonces se nos dijo que no, no se nos permitió argumentar, entonces a nosotros no nos queda otra que retirarnos  de ese Compromiso Nacional  – de esa Comisión – nosotros no nos retiramos del

Compromiso Nacional, en todas las comisiones, hay una Comisión de Reforma del Estado, hay una Comisión Financiera, hay otras distintas comisiones, hoy se nos está planteando para la creación de una Comisión, por todos los temas textiles, nosotros vamos a seguir concurriendo a todas las comisiones dónde se nos escuchen los argumentos. Nosotros tampoco pretendemos tener la razón en todo y es bueno que tanto sindicalistas como gobierno, como empresarios, den argumentos, pero nos parecía que en estas dos leyes teníamos argumentos demasiado firmes y demasiado fuertes para ser escuchados, para ser mejorados en beneficio de todos.  Cuando se nos dice que no vamos a ser escuchados ahí nos retiramos. Esa es simplemente lo que quería aclarar porque muchas veces se puede pensar que nosotros hemos sido intransigentes y hemos ido a buscar un enfrentamiento que no es tal, que no lo hemos buscado, que no lo queremos, que no nos gusta, que nos gusta seguir dando la opinión en todos los ámbitos que nos convoquen pero si no se nos escuchan las opiniones no tenemos ninguna razón de ser, y aclarar que en esto todo el empresariado representado en el Compromiso Nacional estuvo de acuerdo en la medida -no hubo ninguno – y estaban representados todo el empresariado, los distintos sectores y ayer en una reunión con el empresariado también respaldó la medida que tomamos en la Comisión de Legislación.

Muchas gracias.

 

Ec. José Luis Puig

Muchas gracias Horacio.

Vamos a empezar a tratar de contestar algunas de las muchas preguntas que llegaron.

Adelante Juan.

Dr. Juan Ma. Mailhos

Bueno, yo primero que nada quiero agradecer la cantidad de preguntas, no sé si las vamos a poder contestar todas, hay muchas que se reiteran en cierto sentido.

1)     A partir de cuándo está vigente la ley de tercerizaciones, ley 18099?

Ya está vigente. La aplicación es inmediata. Fue publicada en el Diario Oficial, vencida los 10 días de plazo, está vigente por el régimen general.

2)     Se aplica a todos los servicios tercerizados?

Sí. Se aplica a todos los servicios tercerizados.

3)     ¿Cómo se pueden regular en los contratos de prestación de servicios, qué cláusulas se pueden incorporar para resguardarlo?

La ley consagra responsabilidad objetiva, o sea no hay una causal que limite ese responsabilidad, lo único que establece es el límite durante el cual rige la responsabilidad, que es límite temporal de mientras estuvo en la prestación del servicio vigente. Ahora, qué es lo que se puede establecer en los contratos? Se nos ocurre que se tiene que establecer los controles regulares y permanentes que la empresa que contrata le va a ejercer a la otra empresa y a nuestro juicio creemos que deben estar muy aceitadas las cláusulas de recesión contractual para minimizar el plazo en el cual si surge un problema con la empresa que se contrata se pueda rescindir ese contrato.

Por lo menos rápidamente son las dos cosas que se nos ocurren ahora.

4)     Personal de seguridad que es temporario, ¿los ingresos deben de ser iguales a los laudos de las empresas que solicitan este servicio?

Eso ya está vigente a nivel de lo que ya se ha acordado a nivel de Consejo de Salarios. El único tema es que ahora hay un texto legal que recoge la solución. La idea es transversalizar el salario, a igual tarea, igual remuneración.

5)     Un trabajador de una empresa que brinda arrendamiento de obra, y este trabajador cumple funciones en un edificio reparando fachadas, por ejemplo, cómo podemos saber y eventualmente evitar que este trabajador le reclame al edificio rubros salariales que no le corresponden por haber trabajado en ese condominio y también haber trabajado en otros?

Lo que dice la ley es que la responsabilidad es solidaria, el trabajador va a elegir a quién le reclama será al edificio más lindo, más grande, que tenga mas ventanas, elegirá a quién le reclama, luego será una cuestión de quién termine pagando la cuenta de que manera repite contra los otros que estuvieron involucrados en el mismo período de tiempo, eso será un tema de prueba y yo diría que de una prueba bastante difícil.

6) Una empresa contrata una empresa de software para desarrollar sistemas informáticos  a medida en la empresa, y el empleado de esta empresa de software le podrá reclamar el adeudos laborales a la empresa contratada?

Sí.

7) Si por ejemplo contrato el trabajo de una preimpresión a una empresa , ¿la imprenta contratante sería responsable de los aportes de la otra?

 Abrá que ver de que manera se contrató esa preimpresión. Habrá que ver qué tipo de hipótesis es. Si es un subcontrato indudablemente que sí, y además que está toda la menáge que nosotros hemos establecido de confusión de hipótesis, entre subcontratación, entre intermediación, que no está definida y no está referida a ningún tipo de definición legal.

8) ¿Cómo se controla que las empresas tercerizadas realicen los aportes correspondientes de acuerdo a los convenios de salarios?

Es una cosa muy difícil de controlar.

9) Si un empleado está en juicio laboral y reclama dos años, ahora puede reclamar cinco?

Sí, si está en tiempo para efectuar la reclamación puede ampliar su cuenta de dos a cinco años.

Hay un tema que no se si fue dicho o no, qué pasa si el Banco de Previsión Social realiza un avalúo, le realiza un avalúo a la empresa que nosotros contratamos. Con todo lo que significa de incertidumbre aún para la propia empresa que pretende realizar sus aportes de manera correcta, no? . Realiza un avalúo y resulta que surge una deuda descomunal en un período que casualmente estaba trabajando para nosotros, me parece que de acuerdo a los preceptos legales, la solidaridad de la empresa contratante con la contratada también, se extiende a este caso, con todo lo que significa constituirse en deudor solidario, siendo el acreedor en definitiva el Banco de Previsión Social o el Banco de Seguros, pero es otra de las hipótesis que se podrían dar.

10) Los conceptos de subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra comprenden las empresas que brindan los servicios de salud que constituyen el objeto de la cobertura de salud privada, como por ejemplo El SUMUM, ejemplo el Hospital Británico brinda servicios a los socios de esas empresas, éstas serán responsables solidarios de todo lo que prevé la ley por eventuales incumplimientos del hospital?

Si hacemos una interpretación amplia del art. 1º, creo que sí. Habrá que ver de qué manera la interpretación esta entra en caja y en definitiva el riesgo de lo que interprete la jurisprudencia.

11) Existe una limitación temporal de la responsabilidad pero ¿cómo está     redactada?, no se aclara que esa solidaridad se limita a lo generado por el subcontratista intermediario, de mano de obra para ese patrón o empresario.

Es verdad no se establece, el único límite que se establece para la responsabilidad solidaria es el período en el cual trabajo para uno. Quizá en ese mismo sentido se puede interpretar que la responsabilidad solidaria queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, no dice que sea respecto de los funcionarios implicados en esa subcontratación, ni nada por el estilo. Es un problema, es uno más.

Ustedes entienden que desaparece la tercerización con art. 1º de la ley 18.099.

No, nosotros no decimos que desparece, decimos que esto genera una dificultad adicional para las empresas que han decidido por estrategia empresarial desarrollar algunos servicios de esta manera, estandarizando como producción o servicios o mano de obra. Esta ley viene a generar una dificultad adicional, no estamos diciendo que desaparezca nada, estamos simplemente advirtiendo de los riesgos que hoy por hoy conlleva tener esta contratación de ésta manera y como todo estamos advirtiendo que es necesario adoptar los mecanismos, las medidas que se estimen necesarias como para minimizar el problema.

Por eso decíamos que en el contrato que se tenga, que se celebre o que se renueve habrá que prever los mecanismos mas  imaginativos y eficaces      que estén a nuestro alcance para tratar de poder realizar los controles correspondientes. Pero aún así, aunque nos metiéramos en la empresa nosotros no sabemos si la empresa subcontratada en ese momento quiere regularizar los servicios de un cónyuge colaborador vaya a saber de que historia y que nos genere una deuda que hasta sea imprevista para la propia empresa subcontratada en su caso, con lo cual hay cosas que se pueden prever y hay cosas que en cierto sentido va a ser mas difícil de prever. Nosotros estimamos que por la vía del contrato tiene que tratar de minimizarse esas hipótesis estableciendo los controles mas eficaces que sean posible y también estableciendo la posibilidad de una rápida rescisión en el caso de que se constate algún tipo de dificultad en este sentido, o lo mismo estableciéndose alguna cláusula penal que de algún modo se vincule a la responsabilidad en la cual se está haciendo y que establezca que esa cláusula penal estará vinculada a la deuda que pueda aparecer. De todos modos si la empresa que nosotros subcontratamos – y por poner el caso de una subcontratación- es insolvente, o desaparece el problema lo vamos a tener igual por eso implica una mirada mucho mayor. Nosotros   llegamos a decir en el parlamento que esta ley en realidad lo que hace es tercerizar controles que no hace el Estado. Entonces, ya que hablamos de tercerizaciones, hablemos de que esta ley terceriza los controles que no hace el Estado; y no solamente no paga por esa tercerización, sino que como precio nos cuelga una responsabilidad solidaria. Yo creo que con esto señores ….. les quiero agradecer mucho la cantidad de preguntas no quiero ser tedioso, porque ya muchas de ellas se repiten.

Últimas tres preguntas :

12)  El art. 2º, la ley anterior se refería a créditos salariales devengados de dos años hacia atrás desde la presentación de la demanda, el art. 2º de la ley actual desde cuando deben contar los cinco años, porque cada prestación laboral o crédito tiene su propia exigibilidad.

Se toman cinco años desde la solicitud de audiencia, desde la demanda o      desde que momento?

Lo que dice la norma es que los créditos o prestaciones laborales prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles. Habrá que ver cada uno de los rubros y contarles los cinco años en que pudieron ser exigibles, o sea que en cada uno de ellos se podrá dar un plazo de prescripción distinto desde el momento que fueron exigibles.

13) La ley de tercerizaciones abarca la contratación de profesionales para el asesoramiento, abogados, técnicos, peritos, etc.?

Si. Insisto depende de la interpretación que se le de al art. 1º eso lamentablemente no está de cargo nuestro.

Nosotros como Cámara de Comercio hemos reclamado que alguno de estos preceptos sean reglamentados fundamentalmente para acotar la incertidumbre jurídica que genera, no para que a través de la reglamentación se tuerza las soluciones legales que para nosotros indudablemente resultan inconvenientes, resultan totalmente desajustadas a lo que es la realidad empresarial hoy en el país y van a contramano del anunciado Uruguay productivo, la generación de empleo y de empresas, pero eso es una visión de conveniencia, la ley está, nosotros no estamos  diciendo más allá que esto y nos ha parecido que a través de la reglamentación no es para torcer las soluciones que se establece en la norma, sino para acotar, para generar condiciones de certidumbre jurídica en todo esto que queda desatado y que si no lo soluciona la reglamentación, lo va a solucionar, estos vacíos los va a interpretar la jurisprudencia con todo lo que esto significa, que no nos podemos guiar por antecedentes, no podemos guiar por jurisprudencia mayoritaria, vamos a estar a los abatares del nuevo artículo del doctor de fulano de cual, que va a decir no sé cuanto y con todo el respeto que nos merecen las opiniones de todos parece que esto genera condiciones de tal incertidumbre jurídica que favorece la industria del juicio. Favorece lo que en general el empresario no quiere, que es meterse en problemas. Por eso es que nosotros hemos reclamado la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, acotar estas cosas que nosotros hoy no les podemos dar una respuesta totalmente inequívoca, tenemos que decir, qué es lo que nos parece, aún a riesgo que con estas interpretaciones que ensayamos podamos estar inspirando a que esta doctrina carretee y vuele hacia horizontes insospechados. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer una interpretación lo más restrictiva posible de estos preceptos tratando también de utilizar algunas definiciones que andan por allí en otras normativas en otros criterios para otras cosas y tratando de acotar en definitiva esto que se nos puede hacer demasiado extenso.

Ec. José Luis Puig.

Juan, yo creo que por ahí vamos a cortar. Voy a reiterar que la Cámara está a disposición para todas las consultas que ustedes tengan en esta materia lo que vamos a intentar de hacer es colgar estas preguntas en la página web para que esto sea más ágil y todos puedan ver los temas puntuales que han hecho por lo menos tener una respuesta y desde ya obviamente vamos a estar al servicio de tratar de solucionarles todos los problemas puntuales que hayan en este tema.

Pregunta : Acá para terminar me hacen una pregunta que la voy a leer, que es un poco más de estrategia política dice: En base a toda esta situación y con el rumbo que las cosas están tomando ¿el sistema de inversiones no es difícil?. ¿Cómo ven ustedes como Cámara de Comercio de Uruguay la política de inversión, ya que el gobierno habla de la creación de 35.000 puestos de trabajo?”

¿Esto a niveles internacionales no es una vergüenza para el país, con el atropello que se hacen a las leyes de OIT?

Respuesta : Yo creo que, nosotros estamos muy preocupados con este tema, el tema laboral, porque creemos indudablemente que es parte de toda la estrategia, creemos que el Uruguay y sobre todo el gobierno que ahora se ha puesto como meta en esta nueva etapa del Compromiso Nacional que hemos firmado en la creación de nuevas fuentes de trabajo, 35.000 nuevos puestos de trabajo, creemos que este no es el camino, para ir creando los 35.000 puestos de trabajo, nosotros creemos como les dije al principio que el gobierno tendría que estar pensando cómo hace para que el empresario de este país invierta en el país, haga crecer sus empresas y genere nuevos puestos de trabajo. Esa es la única solución al problema. Nosotros creemos que este camino, nos es el camino apropiado para llegar a estas cosas, por eso fue una de las razones, más allá del tema que no nos dejaban opinar nosotros estamos en desacuerdo con el fondo de esto, nosotros creemos que esto no le hace bien al país, nosotros creemos que el gobierno tendría que estar pensando si lo que estamos pensando es que la inversión crezca y tener una mejor actuación a nivel internacional, también tenemos que estar pensando en los 120.000 empresarios privados del Uruguay que somos los que hacemos el día a día, que somos los que hacemos que este país ande, que somos los que pagamos los impuestos para que el gobierno pueda tener todos los gastos que tiene, cumplir con todos sus obligaciones; yo creo que en ese sentido es que vemos esto con preocupación, entonces para terminar y en marco de este 2007 que la Cámara de Comercio y Servicios cumple 140 años de historia yo creo que más que nunca vamos a estar velando por nuestro art. 1º que es velar por la defensa del interés privado, de nuestra economía, de los actores de nuestra economía y en ese camino vamos a ir, y en este tema puntual vamos a tratar de poner en la página web todas estas preguntas que nos han hecho y todas aquellas otras más que vengan y vamos a seguir viendo si acá lo que se necesitan son talleres para interpretar mejor esta ley que tantos problemas nos va a traer, bueno veremos ahí, o sea que vamos a estar en contacto continuo con ustedes para ver de qué manera los podemos ayudar, para avanzar en forma conjunta y a tratar entre todos de sacar el país adelante. Muchísimas gracias.