Juez de Nueva York condenó al Estado uruguayo a pagar casi U$S 300.000

El magistrado estadounidense resolvió que el país debe hacerse cargo de las costas y costos del procedimiento de confirmación del laudo arbitral por incumplimiento del contrato de capitalización del año 2002 y lo condenó a pagar otros U$S 297.800.

La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio con sede en París había condenado en diciembre de 2004 a Uruguay a pagar U$S 100 millones, más intereses, honorarios legales y gastos, a los ex socios extranjeros del Banco Comercial.

Luego de conocido el laudo arbitral, los bancos JP Morgan, Crédit Suisse y Dresdner Bank iniciaron en enero de 2005 un procedimiento ante la Corte Federal de Nueva York para que confirmara el fallo.

El juez Lynch rechazó todos los argumentos esgrimidos por Uruguay en su defensa, incluso el que hacía referencia a la participación de los bancos extranjeros en el fraude de la institución, y accedió a la solicitud. De esa forma, confirmó el laudo que condena al Estado a pagar U$S 100 millones por daños más intereses y gastos.

En esta ocasión, el juez Lynch obliga al Estado uruguayo a hacerse cargo del pago de todos los gastos de este procedimiento.

ANTECEDENTES
En enero de 2003, Chemical Overseas Holding Inc. (subsidiria de JP Morgan), Crédit Suisse y Dresdner Bank habían demandado a Uruguay por incumplimiento del contrato de capitalización.

Ese contrato fue firmado por el ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, en representación de Uruguay y establecía que, al igual que los bancos extranjeros, el Estado debía capitalizar la institución con U$S 33.333.333. A los privados se les daba el derecho de rescatar sus acciones a los 10 años.

En caso de que eso no pudiera ser posible, podrían requerirle a Uruguay que les comprase sus acciones por un valor de U$S 100 millones.

Los bancos presentaron la demanda contra Uruguay, reclamando la devolución de los U$S 100 millones, y argumentaron que fueron inducidos por el gobierno a participar en el acuerdo, ya que se había comprometido a mantener la liquidez de la institución.

Uruguay, por su parte, argumentó que los bancos habían asumido compromisos que no cumplieron y responsabilizaron a los socios extranjeros de las maniobras fraudulentas, que son investigadas por la Justicia uruguaya y Argentina.