Jueza intimó a revelar llamadas y sms usados para copiar en examen

Una jueza de Paz afirmó que el derecho a la intimidad y a las comunicaciones entre privados no es absoluto e intimó a las empresas Ancel y a Claro para que en 30 días aporten los datos sobre las llamadas realizadas y los mensajes de texto enviados por 135 alumnos de la Facultad de Medicina que están bajo sospecha de haber copiado en un examen en el año 2006.
Los profesores de la cátedra creen que quienes ya habían pasado el examen práctico de biología tisular enviaron por mensaje de texto las respuestas a los que lo rendían en ese momento. La Universidad inició acciones legales en 2007 para obtener la información de los celulares de esos alumnos.

No obstante, fuentes judiciales explicaron que la intimación se agota en sí misma por lo que si ANTEL no responde, la Universidad no puede obligarlo.

Antes, el Consejo de la Facultad de Medicina decidió anular esos exámenes realizados en la tarde del 9 de junio de 2006 e iniciar una investigación administrativa para averiguar lo ocurrido e identificar a los responsables.

Sin embargo, dos años después de iniciadas las acciones, ANTEL se sigue negando a entregar los datos en defensa del derecho a la privacidad de las comunicaciones de sus clientes, amparada en la Constitución, según argumentó.

La jueza (suplente) de Paz de 11º Turno, Leslie Ferrand, le dio la razón a la Universidad de la República y afirmó que el secreto de las comunicaciones cae cuando hay una orden judicial. En esa resolución, la magistrada señaló que el Ministerio Público no se opuso y que la sede de Paz es competente hasta que no concluya la investigación administrativa y se determinen las eventuales conductas delictivas. Cuestionó la actitud de ANTEL que a su entender demuestra que el juzgado de Paz “no le ofrece garantías”.

La intimación obligaba a ANTEL (Ancel), Telefónica (Movistar) y Claro a que enviaran en 30 días “las comunicaciones por llamadas y/o mensajes de texto realizadas desde las 15 horas del jueves 8 de junio de 2006 y las 19 horas del día viernes 9 de junio de 2006”, entre los celulares de esos estudiantes.

Telefónica fue la única empresa que envió en un disco los datos que solicitó la Universidad, en agosto de 2008.

El 17 de julio pasado la Universidad intimó a ANTEL nuevamente, pero fuentes de la Asesoría Letrada del organismo confirmaron que se mantendrá estrictamente la posición negativa.

En el caso de Claro, el juzgado lo intimó con la amenaza de cobrarle una multa si no cumple. ANTEL no puede ser multado.

Flagrante violación. ANTEL se ha negado a entregar la información por considerar que “implica una flagrante violación al derecho a la intimidad y un atentado contra la vida privada de sus clientes”.

La telefónica estatal argumentó que la información solicitada se encuentra comprendida en el artículo 28 de la Constitución que establece que la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie es inviolable y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieran por razones de interés general”.

“El secreto de la comunicación ampara tanto el contenido de la misma como la identificación de su entorno que revele cualquier aspecto de la intimidad del sujeto o del contenido de la comunicación o mensaje que transmite”, agregó el organismo.

La empresa se negó a aportar los datos en el entendido de que la información “no tiene como destino actuaciones presumariales, sumariales o civiles sino un procedimiento administrativo iniciado por la Universidad para determinar eventuales responsabilidades en un examen práctico”. A su juicio, “carece de rigor jurídico y de fundamento de derecho”.

En su defensa, la Universidad planteó la gravedad de los hechos que “colide con los principios éticos (se trata de futuros médicos) y una grave irregularidad que de comprobarse ameritaría una sanción”.

A la Universidad “le incumbe, y forma parte de sus fines, defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática republicana de gobierno”, agregó. Incluso acusó a ANTEL de “obstaculizar la investigación”.

Frente al microscopio. El examen consistió en una primera prueba teórica que constaba de 36 preguntas múltiple opción que se realizó en la mañana del 8 de junio y luego el examen práctico de histología (cuatro preguntas semiabiertas con tres ítems). El mismo tuvo lugar en tres instancias: jueves de tarde, viernes de mañana y viernes de tarde. Los profesores agregados Milka Radmilovich y Eduardo Orsinaga informaron por escrito al decano Felipe Schelotto, que las irregularidades fueron constatadas en el desarrollo de la tercera instancia, en que estaban citados los estudiantes de la O a la Z de la lista.

Los estudiantes iban siendo llamados en grupos de 15. Fueron ubicados siete en un salón y ocho en otro para responder a las preguntas ubicadas al lado de tres microscopios y la micrografía electrónica. En un corredor interno que une los dos salones se encontraba un docente con un asistente que supervisaba el examen.

Luego de media hora de examen, se dio una “variación significativa” en las respuestas correspondientes a la opción C de la pregunta 3, y sobre todo “la utilización de un término de uso poco frecuente que aparecía en las plantillas de varios estudiantes”, relataron los profesores.

El Departamento de Educación Médica sugirió la investigación de las comunicaciones de los celulares entre los alumnos para identificar al grupo responsable de la maniobra. Asimismo se sugirió pasar a los responsables a la Comisión de Disciplina y Ética Universitaria.

POR NATALIA ROBA DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR