Justicia investigará otras denuncias

Ahora el juez Carlos Colmenero se abocará a indagar la existencia de una aduana paralela, dijeron a El País fuentes judiciales.

La defensa de Lissidini apelará el procesamiento el viernes. El abogado Gustavo Salle argumentará que no tiene sentido que Lissidini haya sido procesado por tener funcionarios con contratos vencidos, cuando en la propia Fiscalía de Corte, Oscar Peri Valdez tuvo empleadas en esa situación. También afirmó que es paradójico que se encarcele a su defendido por hechos que él mismo elevó a la Justicia para que fueran investigados.

Lissidini fue procesado con prisión por el juez de Carmelo, Carlos Colmenero por coautoría de usurpación de funciones. El magistrado lo procesó haciendo lugar al pedido de la fiscal que entendió que era responsable de mantener en la Dirección Nacional de Aduanas a personas que no estaban contratadas ni tenían vínculo contractual con el Estado.

En relación con los contratos vencidos, Salle planteará que en el derecho administrativo cuando un funcionario al que se le vence su contrato, sigue trabajando para no afectar el servicio, es un «funcionario de hecho o de facto», y esa es una figura admitida legalmente.

«Como el orden jurídico es un todo, esa situación no puede ser legal en un sector de la administración e ilegal en otro. Ello implicaría una contradicción adjetivada de situación excluyente, o es de día o es de noche, o es legal o es ilegal», explicó.

En ese sentido —aunque precisó que la administración pública esta llena de ejemplos— se refirió a la situación de cuatro funcionarias que trabajaban en el propio Ministerio Público, en la Fiscalía de Maldonado con los contratos vencidos. Agregó: «Aunque el contrato venció el fiscal de Corte las mantuvo en el servicio para no afectarlo».

INFORMANTES. En relación a la actividad del grupo de élite que cumplía tareas de información, Salle dijo que el juez y la fiscal «razonan que eso es usurpación de funciones pero esos no son roles que tenían, no hacen a la esencia de la función», afirmó.

El letrado explicó que esas personas, que traían el dato de situaciones ilegales y formaban parte de la estrategia de Inteligencia que había desarrollado Lissidini contra el macro contrabando, estando en Aduana atendían el teléfono, usaban una computadora o manejaban vehículos oficiales, lo que en su opinión no hace a la esencia de la función.

Con respecto a la imputación de que esos funcionarios cometían abusos en los procedimientos y Lissidini lo sabía, Salle señalará que «el Ministerio Público y el sentenciante pretenden reclamar a Lissidini una actividad material e intelectualmente imposible porque no pueden pretender que estuviera en los 400 procedimientos que se hacían cada día».

Salle afirmó que el derecho penal uruguayo «es un derecho liberal que atiende al aspecto subjetivo. La persona debe representar el acto antijurídico y además quererlo y plasmarlo en el mundo real. El juez dice que Lissidini se representó que los funcionarios se excedían y quiso además que ello ocurriera».

«Eso está reñido con la prueba y conducta de Lissidini. Es Lissidini el que lleva a una autoridad represiva diferente a la Aduana para que se investiguen los hechos de Carmelo, el que lleva la denuncia a Inteligencia», aseguró.

El abogado dijo que sería «insultante al intelecto de Lissidini que denunciara un hecho delictivo que al mismo había generado».

Consultado sobre el conocimiento del ex jerarca aduanero de los antecedentes que tenían algunos de sus colaboradores, Salle respondió que «un alto jerarca de nuestro gobierno tiene antecedentes» pero agregó que el derecho penal es de actos y no de personas.

Agregó que el hecho que una persona tenga antecedentes «no la estigmatiza para toda la vida. En el mundo de la represión el informante debe pasar desapercibido. Si va un novato lo detectan inmediatamente. Además desde el punto de vista jurídico eso no tiene ninguna significación», concluyó.