Justicia prioriza presupuesto en las áreas más conflictivas.

Los 500 adolescentes que cometen delitos y tienen a la Policía a maltraer, los casos de violencia doméstica que continúan en un aumento sostenido y el nuevo proceso laboral que mantiene paralizada a la Justicia marcaron la pauta del presupuesto del Poder Judicial.
Para atender la creciente demanda en esas áreas, la Suprema Corte de Justicia creará cargos para contar con dos nuevos juzgados de Adolescentes –hoy son cuatro–, dos de Familia Especializada que atienden casos de violencia doméstica –hoy son cuatro– y cinco de Trabajo.

El presidente de la corporación, Jorge Chediak, dijo a El Observador que se intentó ser austeros en el presupuesto pero que estos cargos son necesarios en la actual coyuntura. Además, se pidieron 13 cargos de jueces letrados para el interior, para reforzar departamentos donde hacen falta más juzgados letrados penales y civiles.

También se reforzarán los cargos de defensores públicos, por lo que se solicitaron 22 cargos para el interior y 10 para Montevideo. Los del interior serán destinados a reforzar la atención de los casos de violencia doméstica y de adolescentes, que han aumentado.

Asimismo, se creará un cargo de juez suplente para la capital y otro de ministro de Tribunal de Apelaciones para que quien ocupa el cargo de director del Centro de Estudios Judiciales (CEJU)–donde se capacitan los jueces– no tenga al mismo tiempo la obligación de cumplir tareas jurisdiccionales. La directora del CEJU, Selva Klett, es además ministra del Tribunal de Apelaciones Civil de 6º turno.

De acuerdo con ese criterio de austeridad, Chediak señaló que no se pidieron refuerzos adicionales en materia de inversiones. El Poder Judicial ya viene realizando obras en varios juzgados de Montevideo para reubicar sedes de Familia por un lado, y Penal por otro. Además, se apuesta a que si se aprueba este año la reforma del proceso penal se destinen rubros para realizar las reformas necesarias.

En materia de salarios, además del 20,5% de aumento que se pide para todos los escalafones por igual, Chediak dijo que se hizo una «contemplación especial» a uno de los reclamos de los funcionarios judiciales. Se les concedió un aumento del 3%. Los salarios de los funcionarios están enganchados al salario del cargo de subdirector de Servicios Administrativos y se decidió aumentar ese porcentaje del 39% al 41%. Por este motivo, los funcionarios se mantienen en conflicto y vienen realizando paros sorpresivos.

Nuevo proceso. Un tema aparte que no fue incluído en los reclamos presupuestales lo constituye el nuevo proceso penal. Chediak dijo que como la norma que reforma el proceso penal aún no fue aprobada por el Parlamento no se incluyó en el proyecto de presupuesto. No obstante, se avanzó en la designación de cargos que son necesarios para que el nuevo proceso funcione.

El lunes los ministros de la corporación se reunieron con el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, para discutir las necesidades de cargos que prevén.

La Fiscalía de Corte considera que se necesitarán tantos cargos de fiscales como de magistrados.

El Poder Judicial plantea que necesitará contar con 100 cargos de jueces y otro centenar de defensores. Actualmente hay 21 jueces penales en la capital y 32 en el interior, por lo que será necesarios crear 50 cargos más.

La estimación de la Fiscalía de Corte es que serán necesarios la misma cantidad de fiscales para todo el país. Hoy son 13 los fiscales penales de Montevideo y 46 en el interior, razón por la que se crearán unos 50 cargos más.

Según el nuevo proceso, el fiscal pasará a ocupar el lugar del juez, ya que será quien dirigirá la investigación. Por eso, la Fiscalía de Corte prevé crear cargos de «secretarios itinerantes» que puedan cumplir las tareas que hoy tienen los jueces de Paz del interior, que son quienes toman contacto con los hechos delictivos en un primer momento si suceden en localidades donde no existen los juzgados letrados.

La Fiscalía deberá invertir mucho más que el Poder Judicial en materia edilicia porque tendrá que construir oficinas para que la tarea que hoy se hace en los juzgados –de recabar el testimonio de víctimas y testigos– dependerá ahora del Ministerio Público.

Si el Parlamento aprueba el proyecto, se aplicará en forma gradual comenzando por el interior en 2011 para llegar a la capital en 2014.