La CNCS advierte por poder de la DGI

Lombardi señaló que Uruguay está «inmerso en un vecindario complicado» y que el apoyo y la visión del sector privado «resulta clave». «Esperamos fervientemente que podamos aportar nuestro grano de arena», dijo, con la intención de que se tomen las decisiones que permitan «minimizar las pérdidas» para el país.

El titular de la Cámara indicó que los avances en la negociación con Argentina fueron «sin participación del sector privado», a pesar de que la gremial empresarial le propuso al presidente de la República, José Mujica, y al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, poner sus técnicos a trabajar en conjunto con los negociadores. «No pudo ser materializado», afirmó.

En cuanto al proyecto de ley, criticó una vez más que sea la Dirección General Impositiva (DGI) la institución que realice el registro, ya que su poder sobre los contribuyentes es «cada vez mayor».

En cambio, Lombardi propuso que la entidad a cargo de esa tarea sea una institución financiera, estudios jurídicos, instituciones de representación empresarial o incluso la Auditoría Interna de la Nación (si fuera en el sector público), ya que esto es «una señal más amigable para el inversor».

«El otorgamiento de nuevas facultades a la DGI, quien manejaría más información, no puede llevar a realizar `expediciones de pesca` con indicios que obtenga y no con una determinación sobre base cierta como se deriva del artículo 66 del Código Tributario», dice un comunicado divulgado ayer por la Cámara.

La gremial empresarial sostiene que la identificación de los titulares de las sociedades anónimas ante la DGI, para que pueda proporcionarla ante pedidos de fiscos extranjeros, debe cumplirse con «mucha cautela» para no poner en riesgo el stock de inversiones actuales y las futuras.

En ese sentido, considera que la obligación de proporcionar datos debería recaer sobre las sociedades regidas por la ley 16.060 y no para aquellas sociedades extranjeras que tienen activos en el país.