La izquierda se siente hostigada por decisiones de órganos de contralor

Pese a ostentar una cómoda mayoría parlamentaria y mandar en ministerios, entes y empresas públicas, el gobierno de la izquierda tiene a uno de sus principales adversarios dentro del propio Estado y ya ha padecido más de un ataque desde esos bastiones que continúan en manos de los partidos tradicionales.
El Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral se han convertido en un verdadero problema para el Encuentro Progresista (EP) ya que en esos organismos de contralor los blancos y los colorados continúan siendo mayoría, y el oficialismo no tiene los votos necesarios en el Parlamento para modificar su integración.

El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, comenzarán en las próximas horas a analizar qué hacer con esos cargos. Pero mientras tanto, en la izquierda consideran que desde esas oficinas se está hostigando al gobierno encabezado por Tabaré Vázquez.

“Hay una andanada de recursos para dificultar la tarea del gobierno”, dijo ayer Nin Novoa en el programa El Despertador de Canal 12.

Como ejemplos, el vicepresidente citó la decisión del Tribunal de Cuentas de realizar una auditoría en el Parlamento a poco de comenzada su gestión, y el caso que involucra al ministro de ese organismo, el socialista Ariel Alvarez, a quien la Corte Electoral le inhabilitó su inscripción cívica luego de que la Suprema Corte de Justicia lo condenara por el delito de injurias y le suspendiera la ciudadanía.

Aunque Nin Novoa no mencionó el episodio, el Tribunal de Cuentas también observó un permiso otorgado a la empresa Buquebús para explotar 280 metros cuadrados del puerto de Colonia como playa de estacionamiento.

El organismo argumentó que la empresa propiedad del empresario Juan Carlos López Mena- quien apoyó la campaña electoral de Vázquez- no cumplió con el requisito de publicitar el emprendimiento.

Fuentes de la izquierda señalaron que existe verdadera inquietud en el gobierno ante la posibilidad de que dichos organismos sea utilizados para espolear a la novel administración y, en el caso del Tribunal de Cuentas, para echar sombras sobre sus decisiones.

El Tribunal de Cuentas tiene cuatro representantes colorados, dos blancos y uno del Encuentro Progresista. Los blancos analizan proponerle a la izquierda que la relación de fuerzas cambie –tres blancos, tres encuentristas y uno colorado- pero manteniendo al oficialismo en minoría.

En tanto, la Corte Electoral tiene cuatro miembros partidarios: dos colorados, uno blanco y uno del EP.


“Presiones políticas”. “La Corte Electoral viola la Constitución y actúa como brazo político de blancos y colorados”, declaró a Observa el senador socialista José Korze- niak.

Dijo que la decisión de la Corte respecto a Alvarez –quien presentará un recurso de revocación del fallo- fue “disparatada” y respondió “a presiones políticas muy fuertes” de representantes colorados y nacionalistas que “buscan quedarse con algunos cargos”.

Luego de que fracasaran las negociaciones entre el Partido Nacional y el gobierno para integrar entes y empresas públicas, los blancos comprendieron que el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral eran los únicos lugares desde donde ejercer un mínimo contralor sobre el Poder Ejecutivo.

Aunque Larrañaga estaba disposición a otorgar en el Parlamento los votos de su sector para habilitar la renovación, luego armonizó su postura con la del resto de los grupos blancos que consideran conveniente mantener esa cuota de poder.