La prescripción de tributos podrá declararse en vía administrativa

Un  reciente decreto reglamentario del Código Tributario, de fecha 17 de agosto de 2004, dispuso que la Dirección General Impositiva (DGI) podrá declarar de oficio la prescripción, como modo de extinción del derecho al cobro de los tributos, sanciones e intereses cuando se configuren los supuestos previstos por el artículo 38 del mencionado texto legal. 

Asimismo, establece que dicha declaración podrá ser realizada por la DGI cuando se configuren los mismos supuestos constitutivos de la prescripción, en caso de ser invocada en vía administrativa por el contribuyente. 

El Código Tributario dispone que el derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado. 

El término de prescripción se amplia a diez años cuando el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho. 

El derecho al cobro de las sanciones e intereses tiene el mismo término de prescripción que en cada caso corresponde al tributo respectivo. 

Las disposiciones del Código Tributario sobre prescripción se aplican a todos los tributos, con excepción de los departamentales y aduaneros. 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), en jurisprudencia constante, criticada por algunos autores, siempre sostuvo que, en Uruguay, la prescripción está consagrada como excepción oponible exclusivamente por el deudor cuando es demandado en un juicio en que se pretenda el cumplimiento de la obligación.  

Al respecto, una sentencia de este Tribunal afirma que no existe ningún principio de derecho que imponga a la Administración “el deber de aceptar fuera del medio expresamente consagrado por la ley, un efecto extintivo que únicamente puede hacerse valer por el deudor como excepción en un juicio en el que se le reclame el pago de la obligación”. 

En otros términos, sólo si la Administración promovía un juicio ejecutivo contra el deudor por tributos y sanciones, el deudor recién entonces podía invocar la prescripción como defensa, y era el juez quien debía declarar la extinción de la obligación tributaria pretendida. 

Es decir, la Administración estaba impedida de declarar que la prescripción de tributos y sanciones se había consumado, ni de oficio, como tampoco cuando era invocada en vía administrativa por el deudor. Era una declaración reservada al juez de la ejecución del deudor.

La tesis contraria a la del TCA tuvo consagración en la Ley de Seguridad Social Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, que, en su artículo 152, dispuso, sólo respecto de los tributos recaudados por el Banco de Seguridad Social, la solución que, ahora, introduce para los tributos recaudados por la DGI el decreto de 17 de agosto de 2004.

El fundamento de este decreto expresa que existe un vacío en la regulación de la prescripción por el Código Tributario, con respecto a los efectos de su alegación en vía administrativa, una vez cumplidos los supuestos del artículo 38 y la aplicación por analogía de la solución dada por el artículo 152 de la ley 16.713 permite integrar dicho vacío, eliminando así la incertidumbre con respecto al sentido de la ley (Código Tributario), tanto para la Administración como para los administrados.