La reforma previsional en la mira del nuevo gobierno

Mas allá de que no constituya un problema fiscal de corto plazo, el gobierno electo cree que hay que comenzar a delinear «ahora» una previsión ante el eventual desfinanciamiento del sistema de reparto debido a los efectos que tuvo la crisis económica sobre el nivel de aportación de los activos a través tanto de la baja en los salarios como del crecimiento del trabajo en «negro» y la emigración ocurrida en los últimos cinco años.

Luego de casi no estar presente en la agenda el Banco Mundial puso nuevamente en escena el financiamiento de la seguridad social al proponer extender la edad de retiro en un documento entregado al actual y futuro gobierno esta semana.

Fuentes de la industria previsional, economistas independientes y técnicos del gobierno electo dijeron a El País que se trata de un problema que va a estar presente y sobre el que hay que definir acciones para evitar el costo fiscal que tendrá sobre las finanzas públicas.

A pesar de que no existe una definición expresa en el programa de gobierno de la izquierda, integrantes del próximo equipo económico dijeron que «sí está claro» que hay que «reformar la reforma».

«Es un tema que si no se toman recaudos va a explotar con los años. Hay técnicos que lo están estudiando», dijo una fuente, que aseguró que es un tema que «preocupa» al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las fuentes de izquierda consultadas sostuvieron que no existe una proyección sobre la dimensión del problema y que uno de los puntos que podrá mitigarlo será la mejora en la gestión del Banco de Previsión Social (BPS) para disminuir el nivel de evasión de aportes.

CAUSAS. El problema radica en que por un lado las proyecciones del financiamiento de los activos cambiaron bruscamente tras la crisis económica, lo que supone menos fondos para la parte correspondiente al sistema de reparto. Las personas que ingresaron al nuevo sistema aportan una parte a las AFAP y otra al BPS para financiar el sistema de reparto.

Fuentes de las administradoras reconocieron que aunque tras la crisis se recuperó parte de los cotizantes —los que realmente aportan sobre el total de afiliados— se nota más subdeclaración y los salarios de los que volvieron a tener empleo son más bajos que antes de la crisis.

El otro componente es que la reforma previsional de 1996 exigió mayor edad para jubilarse y más años trabajados. «La mayor parte del ahorro de la reforma del sistema de seguridad social se lograba a través de las restricciones para acceder a la jubilación», explicó el economista Michele Santo. Ante este perspectiva puede pasar que existan personas que no logren las condiciones para jubilarse.

Según Santo esto haría o que el gobierno de turno debiera flexibilizar el sistema para acceder a la prestación o que se deba dar un subsidio para aliviar la situación de estas personas, lo que en ambos casos tiene un costo fiscal.