La sangría republicana

George W. Bush está cada vez más solo. Desde noviembre del año pasado ya se le fueron al menos cuatro funcionarios de peso. Y no solo eso. Con la ida de su asesor político Karl Rove hace un par de semanas, y la renuncia ayer del secretario de Justicia, Alberto Gonzales, el presidente de Estados Unidos también pierde colaboradores fieles. Gonzales anunció que dejará su cargo el 17 de setiembre. Se va en medio de un escándalo por la destitución de fiscales presuntamente por razones políticas. Atrás quedó un período marcado por una férrea y controvertida defensa de la lucha antiterrorista y un creciente círculo de detractores.
Gonzales, el primer hispano en el cargo y el de más alto rango en la administración Bush, no dio explicaciones de su renuncia en una conferencia de prensa brindada ayer. Sin embargo, en la carta que envió a Bush, fechada el 26 de agosto, Gonzales indicó: “Este es el momento correcto para que mi familia y yo comencemos un nuevo capítulo en nuestras vidas”.

Leal a Bush desde que inició su servicio público hace 13 años, el abogado de 52 años expresó su “enorme respeto y admiración” por el liderazgo del mandatario de EEUU y concluyó la misiva con un: “Permanezco a su lado”.

Ayer destacó que estar al frente del Departamento de Justicia ha sido uno de sus mayores “privilegios” y que, dado su origen humilde como hijo de campesinos mexicanos (ver nota aparte), ha vivido el “sueño americano”.

Desde Waco, Bush se deshizo en elogios a la obra y figura de Gonzales, a quien describió como un “asesor leal” (a veces se refería a él como “mi abogado”, así, en español) y “amigo cercano”, y criticó a quienes con sus ataques, arrastraron “su buen nombre por el barro”.

“Es triste que vivamos en una época en la que se impide que una persona calificada y honorable cumpla una tarea importante porque su buen nombre fue manchado por razones políticas”, dijo Bush.


Gestión polémica. Al final, a Gonzales le quedaban pocos amigos fuera de la Casa Blanca, y el golpe decisivo fue el escándalo generado por el despido de ocho fiscales federales en 2006.

En una audiencia pública en abril, argumentó lapsus de memoria para no contestar a las preguntas de los congresistas –tanto demócratas como republicanos– que exigieron en más de una ocasión su renuncia por la falta de transparencia. En 71 (!) ocasiones dijo no acordarse de acontecimientos relacionados con la polémica.

Pero también hubo asuntos como el maltrato de presuntos terroristas detenidos, las escuchas telefónicas sin el debido permiso judicial, y hasta las presiones que Gonzales hizo a su antecesor, John Ashcroft, entonces enfermo en un hospital, para que autorizara la continuación de las escuchas.

En enero de 2002, siendo asesor legal de la Casa Blanca, Gonzales redactó un memorándum explicando que la Convención de Ginebra sobre tratamiento a prisioneros de guerra no se aplicaba a los talibanes y miembros de Al Qaeda. Según Gonzales, el lenguaje de la Convención, que prohibía someter a los prisioneros a tratamientos “inhumanos”, era “impreciso” y “curioso”.

La organización Human Rights Watch aseguró: “La historia recordará a Gonzales como al hombre que nunca dijo que ´no´ a la tortura y a las políticas de detención que violaron las leyes de EEUU y el derecho internacional”.


“Ya era hora”. La oposición demócrata y grupos afines reaccionaron casi al unísono con un “ya era hora”, mientras que, del lado republicano, algunos reaccionaron con alivio y, otros, con la idea de que fue un chivo expiatorio.

El candidato presidencial demócrata John Edwards dijo: “Mejor tarde que nunca”.

Tim Lynch, analista del conservador Instituto Cato, explicó que Gonzales se había convertido en un “lastre” para el gobierno de Bush.

El puesto que Gonzales dejará en el Departamento de Justicia lo ocupará de forma interina el procurador general, Paul Clement, hasta que Bush designe a un sucesor permanente. (El Observador y agencias)