La Unión Europea apunta a crear empleos manteniendo la austeridad presupuestaria

Los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete países de la Unión Europea (UE) respaldaron destinar los fondos estructurales comunitarios disponibles a apoyar a las pymes y a programas de fomento del empleo juvenil, en una declaración que busca conciliar los ajustes fiscales con el crecimiento económico y la creación de empleo en la región.
En la declaración conjunta de la Cumbre de la UE, celebrada el pasado lunes 30 de enero, se reconoce que la estrategia de lograr una mayor austeridad para cumplir con las metas de déficit fiscal, «no es en sí misma suficiente» como para revitalizar la economía y los deprimidos mercados laborales. «Tenemos que modernizar nuestras economías y reforzar nuestra com-petitividad para garantizar crecimiento», añade.
Se asegura que «en los últimos meses ha habido signos preliminares de estabilización económica, pero las tensiones en los mercados financieros continúan dificultando la actividad económica y la incertidumbre sigue siendo alta».
En las conclusiones de la reunión, se propone dedicar los fondos disponibles a «mecanismos de apoyo a gran escala para que los jóvenes puedan trabajar o acceder a formación», además de elaborar «planes nacionales de empleo», cuya ejecución será supervisada desde Bruselas por la Comisión Europea, reducir la segmentación de los mercados laborales y rebajar la carga impositiva sobre el trabajo.
La declaración -la primera en la que los líderes europeos se centran exclusivamente en la grave situación del empleo en la UE-, señala que en el bloque » existen actualmente 23 millones de desocupados, y advierte que la tasa de desempleo «seguirá siendo alta» si no se mejora el ritmo de crecimiento económico.
La declaración hace especial hincapié en la necesidad de resolver el problema del desempleo juvenil, que en España
afecta a casi la mitad de los menores de 25 años, la mayor tasa de todos los países de la región.
Para ello, se insta a promover los programas de becas, prácticas y estancias en el extranjero, de modo que estas iniciativas supongan «oportunidades reales para los jóvenes».
El objetivo es que todo joven europeo que termine su formación disponga en un plazo máximo de cuatro meses de una «oferta de buena calidad» para trabajar, continuar su formación, realizar unas prácticas o un programa de aprendizaje.
Para fomentar la movilidad dentro de la UE, se sugiere la revisión de la normativa comunitaria de reconocimiento de títulos y calificaciones profesionales, aumentar el número de plazas disponibles en los programas de prácticas en el extranjero, y avanzar en la coordinación de los sistemas de pensiones.
Estos planes se incluirán en los programas nacionales de reformas que los países deben presentar dentro del semestre europeo, y podrán combinar «fondos nacionales y fondos europeos», según explicó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, quien más en concreto propuso la redistribución del Fondo Social Europeo (FSE) que todavía no ha sido asignado. En toda la UE hay actualmente sin asignar unos 22.000 millones de euros del FSE correspondientes al período 2007-2013.
De esta cantidad, España contaría con unos 2.700 millones de euros, que ascienden a 4.000 millones si les añade la cofinanciación que debe aportar el Estado.
En otro orden, como forma de beneficiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) los líderes europeos propusieron destinar ayudas del Banco Europeo de Inversiones (BEL) y de los fondos estructurales a las empresas, además de reducir las cargas administrativas y los trámites legales para las mismas.
El texto pide a las autoridades de supervisión bancaria nacionales y europeas (el EBA) que «aseguren que la recapitalización de los bancos no lleva a una falta de financiación» para las pymes, así como que garanticen «una rigurosa aplicación por todos los bancos de la legislación europea que restringe los bonos».
Los socios europeos se comprometen a hacer mayores esfuerzos para facilitar el crédito a las pymes y a poner en marcha medidas en este sentido antes de junio.
Regla de oro
En otro orden, todos los países de la UE a excepción del Reino Unido y República Checa acordaron el pacto de disciplina fiscal para Europa. «Veinticinco de los veintisiete países de la UE aprobaron el pacto fiscal», anunció el presidente del Consejo Europeo, Hermán Van Rompuy. El nuevo «pacto fiscal», responde a una exigencia de disciplina en las cuentas públicas realizada por Alemania. El nuevo pacto fiscal europeo impone una «regla de oro» que limita el déficit anual de cada país al 0,5% de su PBI. El Tribunal de Justicia de la UE se encargará de vigilar el cumplimiento por los países de este «tratado de estabilidad» que se firmará en marzo. En caso de incumplimiento, los infractores podrán tener que pagar una multa de hasta el 0,1% de su PBI.
A partir de ahora, Alemania podría aceptar el aumento de los recursos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para ayudar a los países con dificultades, anunció el mandatario italiano, Mario Monti. «Sentimos una evolución en la posición de Alemania», declaró a la prensa al término de la cumbre. El tratado que los dirigentes europeos adoptaron permitirá poner en marcha en julio el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para apoyar las economías amenazadas de la zona euro, como Italia o España, aunque todavía hay divisiones sobre los fondos con los que debería estar dotado.
El MEDE será el cortafuegos permanente de la zona euro contra las crisis de la deuda y reemplazará al actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Al igual que éste, podrá captar dinero en los mercados para prestarlo, a bajos tipos de interés, a los países en dificultades. También podrá comprar deuda de los Estados
en el mercado secundario (donde se intercambian los títulos ya emitidos) para reducir así las tasas de interés en los mercados. Otras de sus competencias son implementar programas de ayuda preventiva y refinanciar a los bancos en dificultades
En marzo se decidirá si el monto actual con el que está dotado, 500.000 millones de euros, es suficiente o no para afrontar posibles nuevas crisis de deuda en socios como Italia o España.
Según se había informado en la víspera, el MEDE tendrá un capital «nuclear» de 80.000 millones de euros, además de las garantías de los Estados, lo que lo hará menos dependiente de las notas que las agencias de calificación atribuyan a los países de la zona euro. Esta particularidad lo distingue del FEEF, que perdió su triple «A».
La constitución del capital del MEDE debe realizarse proporcionalmente al peso económico de los Estados participantes, en cinco pagos a lo largo de cuatro años, salvo que los países quieran acelerar esos pagos.
Grecia
Grecia, epicentro de la crisis de la deuda europea, acaparó la agenda de la Cumbre, principalmente luego que Alemania propusiera que la UE tuviese mayor poder de decisión sobre la gestión del presupuesto griego. En respuesta, el presidente francés Nicolás Sarkozy evaluó: «no me parece razonable poner a un país bajo tutela». No sería «razonable, ni democrático, ni eficaz», añadió. En la cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE exhortaron al gobierno de Lucas Papademos y a la banca privada a concluir un acuerdo en los próximos días para reducir la deuda griega. Al mismo tiempo, exigieron acelerar la entrega del segundo paquete de ayuda prometida por 130.000 millones de euros a Grecia.
El gobierno griego negocia con sus acreedores privados (bancos y fondos de inversión) una quita de 100.000 millones de euros del total de la deuda griega, que supera los 350.000 millones de euros. El objetivo es reducir la deuda del 160% del PIB a un nivel algo más sostenible (120% de su PBI) en 2020.
Los acreedores exigen a cambio del canje de deuda, que las autoridades aplique más medidas de austeridad (que suelen provocar protestas masivas que paralizan el país) y recortes adicionales equivalentes al 1% del PBI (2.000 millones de euros).
Paralelamente, negocia con la «troika» (conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la UE), para recibir el segundo rescate por 130.000 millones de euros, negociaciones que giran principalmente en torno a los recortes al gasto y a la reforma laboral que debe realizar el país heleno.
A Grecia le urge disponer de la ayuda europea para pagar el próximo 20 de marzo un vencimiento de 14.500 millones de euros. De lo contrario, se convertirá en el primer país de la Eurozona en declararse en quiebra, hecho que de concretarse, podría arrastrar a varios países de la Eurozona.