La violencia amenaza la recuperación

Este fin de semana, apareció publicado en el diario norteamericano Herald Tribune un análisis sobre la Argentina y la crisis que provocan la inseguridad y la protesta piquetera.

El análisis comienza de la siguiente manera: «Cuando más de 200 trabajadores unidos entraron a la fuerza dentro del call center de Telefónica en Buenos Aires el 9 de agosto, el gerente Humberto Pato Vinuesa mandó a los 1.700 empleados de vuelta su casa. La Policía local no respondió a la acción de los intrusos que permanecieron 30 horas en el lugar, dijo Pato Vinuesa».


Luego, la nota del Herald Tribune afirma que «la Policía no tenía interés en enfrentar este problema» y que el cierre forzoso de dos días de duración le costó a Atento, una unidad de Telefónica de España, u$s 100.000 de ingresos perdidos y, según Vinuesa, puede convencer a la empresa de cancelar sus planes de contratar a 650 empleados nuevos.

El artículo sostiene que «el presidente de la Argentina, Néstor Kirchner, ha dicho que no usará a la Policía para controlar las manifestaciones que obstruyen las calles de la Capital casi todos los días hábiles y que tampoco autorizará el uso de la fuerza para reprimir las violentas protestas contra empresas internacionales como McDonald´s, el gigante estadounidense dedicado a las comidas rápidas, y Repsol, la empresa petrolera española».


Ante este panorama, el Herald Tribune dice que «sin embargo, la violencia está ahuyentando la inversión extranjera en la tercera economía más importante de América latina, dijo Boris Segura, gerente de fondos de Standish Mellon Asset Management, de Boston. El Gobierno debe tomar el control -afirmó Segura-. De otro modo, no llegarán al país nuevas inversiones extranjeras.»

En este análisis, se afirma que «de hecho, las empresas extranjeras ya se manejan con gran cautela ante la posibilidad de invertir en la Argentina. Manfred Müll, presidente de Daimler Chrysler Argentina, debe convencer a los ejecutivos de la casa matriz de la empresa, con sede en Alemania, para que sigan adelante con el plan de invertir 50 millones de dólares en su filial argentina, a pesar de las preocupaciones que ha provocado el caótico clima social reinante. La empresa está decidiendo si fabricará un sucedáneo del modelo Sprinter en la planta situada en los suburbios de Buenos Aires o si iniciará la producción en algún otro país latinoamericano».


Según Müll, «todos estos problemas con los piqueteros y la violencia son para nosotros un verdadero obstáculo para confirmar la inversión».

Disuasión

El secretario de Finanzas de la Argentina, Guillermo Nielsen, dijo el mes pasado, durante una reunión con la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos, que las protestas y el delito estaban disuadiendo a los posibles inversores.

«La reciente inestabilidad social y económica de la Argentina, las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno para enfrentar la preocupante situación en el área de seguridad, con respecto a un aumento del delito, han provocado en muchos inversores extranjeros cierta reticencia a invertir en la Argentina», dijo Nielsen en una declaración.

La Argentina necesita inversión extranjera para sostener y ampliar la recuperación luego de la recesión más profunda de su historia, afirmó Segura.

La economía crecerá alrededor del 8 por ciento este año, tras aumentar un 8,7 por ciento en 2003, según previsiones del Banco Central. Entre 1999 y 2002, la economía argentina se redujo más de 19 por ciento, incluyendo una contracción de 11 por ciento en 2002, tras el default de 95.000 millones de dólares de deuda y la pérdida de dos tercios del valor del peso.

Pero la reconstrucción económica puede tambalear, ya que hasta las empresas locales se muestran reticentes a expandirse.

«El comercio muere cuando hay protestas, ya que la gente evita salir a la calle -dijo Víctor Lourenzo, director de la Confederación Argentina de Negocios, que cuenta con 977 miembros-. Si las protestas impiden trabajar a comerciantes y empresarios, no estamos en condiciones de ofrecer nuevos empleos.»

A veces, los manifestantes exigen algo más que trabajo. Durante mayo y junio, los piqueteros, un grupo de manifestantes pobres y desempleados, invadieron por la fuerza las oficinas de Repsol y nueve sucursales de McDonald´s, exigiendo comida, garrafas de gas y libros para los pobres.

«Si el Gobierno no puede proporcionarnos comida y empleo, estas empresas internacionales deberían hacerlo», dijo Saturnina Pelozo, uno de los 60.000 miembros del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

Las mayores protestas

McDonald´s dijo que no podía «consentir semejante extorsión». Fabián Falco, vocero de Repsol que vive en Buenos Aires, se negó a hacer comentarios. Las dos empresas son las que deben enfrentar mayores protestas, dijo Pelozo, cofundadora del grupo junto con su esposo, Raúl Castells.

En el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo en la Argentina era del 19 por ciento. Durante ese mismo período, 15,5 millones de los 36 millones de habitantes del país vivían en la pobreza, según declaró el ministro de Economía, Roberto Lavagna, durante una conferencia de prensa realizada el 27 de julio.

Las empresas Edenor y Edesur, las dos distribuidoras de electricidad más grandes del país, dicen que la pobreza y el desempleo han provocado un aumento de facturas impagas, conexiones ilegales y ataques contra los trabajadores de las firmas.

Las dos empresas telefónicas más grandes, Telefónica de Argentina y Telecom Argentina, dicen por su parte que desde 2002 han sufrido cuatro veces más robos de cables, que se venden luego en el mercado negro como cobre y aluminio.

«Ver lo que ocurre en la Argentina me recuerda a Colombia veinte años atrás», dijo el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, en su discurso pronunciado el 4 de agosto en Buenos Aires.

La falta de protección policial, afirmó Vinuesa, puede obligar a Atento, la red de telecentros, a abandonar el país.

«La Argentina podría ser un excelente lugar para invertir después de la devaluación, con costos competitivos y un alto nivel de especialización -agregó-. Pero el tema de la seguridad es su punto débil.»

Hasta Colombia, con su alto nivel de secuestros y delitos, sería una alternativa, concluyó Vinuesa. Y agregó: «Al menos allí se respeta la ley».