Las buenas prácticas en el negocio off shore son una decisión política

Nadie puede hacer nada bien, exitosamente, en este mundo mayoritariamente democrático y capitalista, si no tiene buen nombre. Y se necesita, además, de voluntad política para que cualquier negocio florezca. Ambas condiciones signan en Uruguay el negocio de los servicios financieros off shore que ya tiene larga data y un considerable desarrollo, pero que lidia con suspicacias y detractores, con sombras de sospecha y con prejuicios político-ideológicos.
La semana pasada el ministro de Economía, Danilo Astori, pareció dar un mensaje en relación a la voluntad política de este gobierno de propiciar el desarrollo de los servicios financieros de Uruguay. Dijo en el seminario del Banco Mundial que analizó las lecciones de la crisis financiera de 2002 que el modelo de “Uruguay productivo” estaba inextricablemente ligado a esta actividad. En otras palabras, estaba diciendo que no había vacas, árboles o galletitas si no había dinero circulando y que los servicios, cualesquiera de ellos, eran parte del modelo de desarrollo. Y de empleo.


Las buenas prácticas. El sector financiero local sufrió en 2002 un revés del que aún no se ha terminado de reponer. Su potencialidad, tanto en el mercado interno –signado por la baja bancarización de la población, tasas desestimulantes, exceso de liquidez y falta de demanda de créditos– como en la actividad off shore, pujante en términos regionales, pero distante de su plena capacidad de rinde, requiere para su desarrollo no solo del impulso de sus actores. Definiciones como la de Astori y los avances en materia de regulación bancocentralista y de normativa (legislación contra el lavado de activos provenientes del delito) coexisten con señales adversas en el terreno impositivo y con mensajes políticos que avivan una desconfianza idiosincrásica en el negocio del dinero que lo asocia a la especulación improductiva, cuando no a complicidades con el delito.

Si la actividad financiera off shore se desenvuelve en medio de una fuerte competencia de centros financieros consolidados (Isla de Man, Bahamas, Luxemburgo, Cayman, etc, o las mismísimas plazas de Londres, Suiza o Nueva York) el atentado a las Torres Gemelas marcó un antes y un después en la circulación de los capitales en el mundo. El Patriot Act de EEUU endureció los controles al movimiento de capital y estableció reglas de juego que influyen en todo el orbe.

En setiembre de 2002 un grupo de trabajo integrado por cuatro países del G7 (grupo de países más desarrollados) que incluyó a Reino Unido, Italia, Holanda e Italia y representantes del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la FATF (Financial Action Task Force) elaboró una suerte de manual de buenas prácticas off shore. El llamado Trust and Company Services Providers define los estándares esenciales para la operativa se ha transformado en una suerte de Biblia del negocio y establece las recomendaciones para los supervisores oficiales.

Esta guía define a los proveedores de servicios off shore de cualquier naturaleza como los responsables del manejo de los fondos y establece los estándares de capacitación que deben tener quienes asesoran a los clientes.

Un aspecto clave de este statement es la identificación del cliente de acuerdo a las normas de Basilea, en las que los bancos centrales de todo el mundo definen las recomendaciones de supervisión bancaria. Los requisitos acerca del conocimiento del cliente y del origen de sus fondos son meticulosamente descriptos. También lo son las obligaciones del asesor en materia de transparencia e información a los inversores.

Las recomendaciones incluyen la existencia en las empresas de asesoramiento off shore de oficiales de cumplimiento de las normas generales, el reporte de actividades sospechosas a las autoridades, la existencia de documentación de todos los aspectos de cada operación,

El manual avanza también en la cuestión del secretismo: los inversores tienen garantizado su anonimato pero no ante la Justicia si existen sospechas de delito.


Islas Vírgenes Británicas. El caso de las Islas Vírgenes Británicas (IVB) es paradigmático en los esfuerzos de un centro financiero que quiere posicionarse en el mundo seriamente. A una enorme inversión en imagen a nivel mundial, este enclave tropical sustentado por playas y finanzas que reporta jurídicamente al Reino Unido, adecuó su legislación, sus niveles de supervisión bancaria y su profesionalismo.

Mauricio Litwak, representante en Uruguay de uno de los estudios jurídicos internacionales más grandes en asesoramiento de actividades financieras off shore trabajó cinco años en IVB, asistió a su cambio de look y hoy desarrolla desde Montevideo tareas de asesoramiento legal a inversores regionales en lo que define como una “complementación” con la actividad que despliegan los bufetes locales (ver apunte en la página siguiente)

En diálogo con El Observador, Litwak, que manejaba los negocios latinos de Ogier desde IVB, subraya que las jurisdicciones de los centros financieros internacionales dan seguridad jurídica y flexibilidad al inversor. “Casi todo lo que un inversor quiere hacer se puede hacer en IVB o Cayman”, subraya.

El letrado señalas asimismo que se trata de jurisdicciones dependientes de la Corona inglesa, lo que determina que ante un conflicto, el juez de última instancia es británico. “La apelación final es en la Cámara de los Comunes y esto da a los inversores una seguridad jurídica impresionante, sin chances de corrupción o de malas interpretaciones de las normas”, alega.

Por otra parte, a diferencia de las legislaciones latinoamericanas que “tienden a proteger mucho al deudor” y los procesos concursales y de quiebra son muy complicados, la ley en IVB “tiende a proteger al acreedor”, señala Litwak.

Las IVB desarrollaron una política activa para especializarse en servicios off shore y armar estructuras que hagan posibles los negocios. Medio para ello una decisión política y hoy hay allí 730 mil sociedades. Para ello se modificaron las legislaciones de sociedades y de fondos de inversión y se realizaron grandes esfuerzos de promoción.

IVB realiza fuertes inversiones en road shows en todo el mundo mostrando los servicios que se brindan. “La marca IVB es hoy mucho más fuerte que hace cuatro años”, subraya Litwak.

El abogado sostiene que Uruguay tiene grandes ventajas para ser centro financiero regional por su proximidad con grandes mercados. “Disiento con quienes dicen que Uruguay tiene una mala imagen en materia de servicios financieros off shore. Ogier vino aquí confiando en la imagen del país y tiene gran potencial para ser un centro off shore mucho más sofisticado de lo que es, pero falta la decisión política del gobierno y que la industria se ponga las pilas”, concluye Litwak.