Las Cámaras de Comercio e Industria buscarán impugnar decreto sobre prevención de conflictos

Dicha decisión de ambas organizaciones empresariales fue tomada por sus directivas luego de reunirse, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) ayer, y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), el pasado miércoles, según informaron a LA REPUBLICA, respectivamente, sus presidentes, José Luis Puig y Washington Burghi.

Este último al ser consultado sobre la posición de la CIU indicó que «hemos evaluado el decreto y reiteramos lo que dijimos en una infinidad de veces, que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, porque viola el derecho a la propiedad y al trabajo que tienen los que se quedan ‘afuera’ mientras ella se desarrolla».

«No coincidimos principalmente con el artículo 4 del decreto, que trata a las ocupaciones, y por lo tanto, el Consejo de la CIU comenzó los pasos para impugnarlo a nivel de la Justicia nacional, porque no queremos ir a ningún organismo internacional como se ha dicho por ahí», dijo Burghi.

Y agrega el dirigente empresarial «no está dentro ni es reconocido por la Constitución de nuestro país, ni por el Derecho Positivo de Argentina y Brasil, ni por la jurisprudencia de España, Francia o Portugal».

Acerca del carácter «provisorio» que el Poder Ejecutivo le da al decreto, debido a que buscará -en breve- que se apruebe una «consensuada’ ley sobre el tema, Burghi señaló que «el gobierno tuvo oportunidad de convocarnos a dialogar y a discutir sobre el tema desde marzo de 2005 y no lo hizo».

Concluyó argumentando el empresario que «el decreto nos crea un grave problema para la inversión. Además ni siquiera protege al trabajador, porque no genera ambiente para crear empleos.

También devalúa aún más la idea de Uruguay Productivo, la que hasta ahora ha quedado en nada».



«Espero que no demore mucho tiempo»
Entre tanto, José Luis Puig (CNCS), también sostuvo que por unanimidad de los empresarios presentes en la reunión de la directiva de la Cámara de Comercio «se decidió, por considerarlo inconstitucional, impugnar ante los organismos competentes y siguiendo los mecanismos que la Justicia prevé, el decreto sobre prevención de conflictos y regulación de ocupaciones que aprobó el Presidente el martes 30 de mayo».

Agregó el dirigente que «no estamos de acuerdo con la mayoría de los artículos de la norma y en especial con el 4º, que oficializa la postura del gobierno de que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, lo que nosotros rechazamos de plano».

Sobre el tiempo que podría insumir el armado del texto del recurso, Puig indicó «espero que no demore mucho tiempo» y que las nuevas reuniones de la Cámara dependerán «de lo que nos comuniquen nuestros asesores legales con relación a la elaboración del texto que fundamentará nuestro pedido de impugnación».



PIT-CNT continúa con su postura contraria al decreto
Por su parte, el dirigente del PIT-CNT Juan Castillo reiteró a LA REPUBLICA que en la reunión de la mesa representativa de la central obrera que se celebró el pasado miércoles «no se tocó el tema» y aseguró que «no cree que se vuelva a abordar porque los trabajadores ya hemos manifestado nuestra posición sobre el decreto». Recordemos que la central había rechazado -desde el comienzo de la discusión acerca del tema- cualquiera reglamentación por parte del gobierno del derecho de los trabajadores de elegir qué medida tomar en cada situación conflictiva con los patrones, entre otras discrepancias hacia la norma.