Las marchas y contramarchas de los primeros 50 días de gobierno del Encuentro Progresista

En el gobierno» no hay ningún tipo de discrepancia» en cuanto a que el programa que se llevará adelante durante su gestión será el «aprobado» por la población en las elecciones nacionales, afirmaba el presidente Tabaré Vázquez. Insiste en que todos están unidos en torno a un proyecto de transformación.
Sin embargo, a apenas 50 días de asumida la actual administración las contradicciones están al orden del día.
Es más, se han convertido prácticamente en una constante.
Un ejemplo evidente fue cuando el ministro de Industria, Jorge Lepra dispuso reducir al máximo el alumbrado en la vía pública y pocas horas después la medida quedó sin efecto. Este mismo secretario de Estado había anunciado la compra directa de generadores de respaldo técnico. Pero, durante su comparecencia en una comisión parlamentaria informó que el gobierno haría un llamado a licitación.
Varios anuncios hechos con bombos y platillos, en una clara intención de congraciarse con la ciudadanía, también han quedado por el camino.
Basta recordar la propuesta del ministro de Ganadería, José Mujica de quitar el Cofis a las lentejas. Horas después el subsecretario de Ganadería, Ernesto Agazzi, tenía que aclarar que el titular de la cartera debió referirse al IVA, ya que este producto estaba exento de ese impuesto.
El propio Mujica insistió con su postura de bajar los precios de algunos productos de la canasta básica de alimentos. Tabaré Vázquez tuvo que salir a aclarar que el gobierno no comparte el criterio de regular los precios de la canasta básica de alimentos.
En la pasada administración, el Encuentro Progresista votaba en contra de la ley que permitía a Ancap asociarse con privados, ahora, ya dio el primer paso hacia una asociación entre la petrolera estatal y Petrobras.
También hay dolores de cabeza. Una vez más el presidente debió advertir públicamente que no habrá una salida legal para el tema del endeudamiento interno y que los expedientes se analizarán «caso a caso».
No faltaron los aumentos. Incluso de cargos. El gobierno decidió duplicar el número de cargos de confianza en el servicio exterior, en clara contradicción con lo que había sido la postura de la izquierda.
En una medida que para muchos resultó temeraria, se informó que la liberación de presos que produciría el proyecto elaborado para descongestionar las cárceles abarcaría a unos 2000 reclusos que hubieren cumplido la mitad de la pena. En cambio ahora, se precisó que el beneficio alcanzaría a quienes hayan cumplido los dos tercios de la pena.
Las ejecuciones
No hay duda. El intento de una solución legal para el endeudamiento se convirtió nuevamente en una pesadilla para la izquierda. Tuvo en vilo durante varios días no solo a la oposición, sino también al gobierno. Probablemente haya sido un nuevo intento por medir fuerzas sectoriales a nivel interno en la coalición de izquierda.
Dos proyectos de ley del senador del Espacio 609 Jorge Saravia, que pretendía la suspensión por 180 días de las ejecuciones de deudores en dólares, se convirtieron en la piedra del escándalo. Tanto es así, que el presidente Tabaré Vázquez debió tomar cartas en el asunto una vez que el ministro de Economía se manifestó contrario a la misma.
Como al descuido Danilo Astori recordó que Vázquez «en su momento e incluso en la campaña electoral, dijo que estos temas ameritan un estudio caso por caso».
El secretario de Estado advirtió al mandatario que la ofensiva del Movimiento de Participación Popular (MPP) lo desautorizaba frente a los organismos internacionales, lo que podría incluso complicar las negociaciones con los mismos. Precisamente, en momentos en que se suscitaban estos hechos se encontraba en nuestro país una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El presidente del Banco República, Fernando Calloia, dijo que la medida de prorrogar las ejecuciones es «una banderita» política y tiene efecto adverso.
Agregó que da señales equivocadas, ya que muestra que «es mejor no pagar».
Sostuvo que la prórroga beneficia a dirigentes gremiales del agro y no a los pequeños productores.
Agregó que se moviliza «todo el sistema político» por 22 casos y que hay dirigentes gremiales agropecuarios que se beneficiaron por la decisión.

Paños fríos
Dejando por el camino las aspiraciones del MPP y en una clara señal de respaldo de Vázquez a su ministro de Economía y Finanzas, se resolvió conformar una comisión multipartidaria para que los deudores expongan su situación.
Paralelamente, una comisión institucional conformada por los bancos oficiales y las carteras de Ganadería y Economía, determinará en un plazo de 45 días el criterio que llevarán adelante en las negociaciones individuales que tendrán con los deudores.
«Ese que no ha querido pagar, que no espere una ley que no la va a tener. Y si hay que rematarle para que cumpla con el banco porque no ha querido cumplir a través del tiempo, se le va a rematar», dijo Vázquez
Estas medidas no conformaron a los productores rurales ni a los deudores sociales que veían que una ley podría solucionar parcialmente sus problemas.

Los remates
Por si eso fuera poco, cuando las aguas parecían retomar su curso el tema volvió al tapete.
A pesar de que el gobierno anunció la suspensión de ejecuciones por 60 días en las instituciones oficiales, el Banco Hipotecario (BHU) y el Banco República (BROU) aseguran que todavía no recibieron ninguna notificación oficial sobre la medida, por lo cual continúan con los remates de bienes.
El BHU subastará más de 40 inmuebles en las próximas semanas. Para el jueves 28, el Hipotecario tiene previstas 19 ejecuciones extrajudiciales y al día siguiente otras 25.
Las autoridades aseguraron que las ejecuciones se decidieron después de analizar detenidamente las deudas, «situación por situación».
Mientras, el BROU también sigue con su proceso de ejecución de morosos y remató el viernes pasado una vivienda en un balneario de Canelones.
Y para el próximo mes de mayo ya tiene previsto unos 20 remates más.

Los presos
La excarcelación de miles de reclusos para descomprimir las cárceles fue uno de los primeros anuncios del ministro del Interior, José Díaz
Medida que por cierto no fue bien recibida en muchos de los sectores de la sociedad, que advirtieron un aumento de inseguridad pública.
La versión original del proyecto señalaba que quedarían en libertad aquellos procesados que hubieran cumplido la mitad de la pena, es decir unos 2000 presos.
Después, en las versiones corregidas, se precisó que el beneficio alcanzaría a quienes hayan cumplido los dos tercios de la pena.
Díaz advirtió además que planea que algunos delitos no sean contemplados con la libertad anticipada, por ejemplo aquellos relacionados con «negociados bancarios».
La idea de las autoridades es que resulten beneficiados aquellos que no hayan cometido delitos graves.
Los cargos
Esta puede ser considerada una nueva contradicción. Al menos así lo consideran quienes hoy están en la vereda de enfrente y son minoría parlamentaria. Es que la izquierda mientras fue oposición cuestionó los nombramientos y los cargos de confianza, llegó incluso a ser un caballito de batalla durante la campaña electoral.
La ley 14.206 facultó al Poder Ejecutivo a ampliar o reducir el número de cargos de confianza. La administración del ex presidente Jorge Batlle había disminuido en el 2002 de 17 a 10 dichos cargos que se pueden ocupar en destinos del servicio exterior.
Sin embargo, la actual Cancillería a cuyo frente está Reinaldo Gargano tiene una visión distinta. A tal extremo que de 10 cargos de confianza en el servicio exterior pasarán a 20. El anuncio fue hecho por el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, a los funcionarios de la Cancillería y admitido por la subsecretaria Belela Herrera, de duplicar los cargos de confianza en el servicio exterior.
«Nos dijeron que había que profesionalizar el Servicio Exterior y rebajamos de 17 a 10 los cargos de confianza. Ayer nos enteramos, y hoy se confirma, que de 10 pasarán a 20», dijo el diputado quincista, José Amorín.
El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, planteó en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, la convocatoria al ministro de Relaciones Exteriores para que explique los alcances de esa decisión.
«Cuando el gobierno habla de contener el gasto público y recortar las inversiones, por otro lado anuncia el aumento de cargos de confianza. Que es aumentar el número de funcionarios, lo que va aumentar el gasto salarial del Ministerio, en un lugar que además, es el único donde el ingreso y el ascenso es por concurso», remarcó Posada.
Además, ese propósito fue rechazado por la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior (Afuseu) por entender que la creación de nuevos cargos de confianza interfiere en la carrera funcional.
La publicidad
También la publicidad y marketing que las mutualistas hacen para captar afiliados, fue objeto de contramarchas por parte del actual gobierno.
A principios de este mes se informaba que el Ministerio de Salud Pública (MSP) la prohibiría por decreto. Incluso el director general del Ministerio, Daniel Olesker, les comunicó a las instituciones que el gobierno no permitirá que se dilapiden recursos en gastos que se salteen los fines específicos de estas entidades.
Esto generó malestar en las instituciones y la respuesta no se hizo esperar.
El integrante del Plenario de las entidades, Antonio Durán, consideró que la medida implica «una gran dosis de inequidad». Por su parte, el presidente de la Federación Médica del Interior (FEMI), Yamandú Fernández, dijo que el gobierno tiene que ser «muy cuidadoso» para no avasallar los derechos de las instituciones privadas a través de este decreto. «Si una institución abre un nuevo servicio es deseable que el afiliado lo conozca», agregó.
Sin embargo, esta semana el Ministerio comunicó a las mutualistas que el decreto que restringirá la publicidad y el marketing no se aplicará inmediatamente, ya que «será el último eslabón» a tener en cuenta en el nuevo sistema sanitario.

Los precios
Una vez que fue aceptada su propuesta de bajar el precio del «asado del Pepe», el ministro de Ganadería comenzó a plantear rebajas en todo sentido.
Claro, su mayoría ha sido rechazada desde el propio gobierno.
Un claro ejemplo fue lo que ocurrió con su iniciativa para que el Poder Ejecutivo y el sector privado negocien una rebaja en los precios de los alimentos que integran la canasta básica. Los privados pusieron el grito en el cielo y advirtieron de inmediato sobre las consecuencias negativas de la eventual aplicación del control de precios porque generaría una baja de calidad de esos productos y su posible escasez. Sostenían que sería mejor dejar la fijación de los precios librada a la oferta y demanda.
Y una vez más el presidente Tabaré Vázquez tuvo que salir a aclarar que el gobierno no comparte el criterio de regular los precios de la canasta básica de alimentos.
No obstante, dijo que estaba dispuesto a dialogar con las partes involucradas para abaratar el costo de los productos de primera necesidad para los sectores de menores ingresos.
Las lentejas
«Lo de la canasta, de alguna forma es muy genérico, a mí me gustaría sacar el Cofis a las lentejas, porque con las lentejas se puede hacer un guiso proteico barato para los más pobres. Son chirolas lo que estamos recogiendo, pero no a todo, sino a determinados productos», dijo Mujica.
Horas más tardes el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Ernesto Agazzi, salió a aclarar que las lentejas no tienen Cofis, pero -dijo- «se quedó corto porque tienen IVA».

El agua
Agua que no has de beber déjala correr.
Es frase se ajustaría a la actitud que está teniendo el actual gobierno después de anunciar que votando el plebiscito del 31 de octubre se iban a ir las concesiones, y ahora dice que se quedan.
Considera que trece de las catorce empresas u organizaciones vecinales que ofrecen servicios de agua potable y saneamiento deben permanecer en nuestro país a pesar de la reforma constitucional.
Recordemos que los promotores del plebiscito de octubre apostaban a la caída de todas las concesiones. Afirmaban que en caso de que eso no suceda, la comisión de defensa del agua tomaría medidas y realizaría movilizaciones para que se «refleje lo votado».
El subsecretario de Vivienda, Jaime Igorra, indicó que la única excepción es Uragua debido a que se entiende que ha cometido claros incumplimientos, por lo cual multará y seguramente rescindirá el contrato que la une al Estado.
La firma de capitales vascos presentó una nota al gobierno donde reclama 14.700.000 euros para irse del país, a lo que se suma la devolución de 20 millones de dólares abonados inicialmente como garantía.
También en una actitud que puede considerarse contradictoria, Igorra dijo que la reforma aprobada establece que los servicios de agua y saneamiento «serán» prestados por empresas públicas, y que eso implica que los contratos ya firmados no caen.
Considerando que es posible una «alternativa» posible es un proyecto de ley interpretativo, que despeje «fehacientemente» cualquier duda.
Un detalle no menor, es que la izquierda no apoyó un proyecto de ley interpretativa propuesta por el Partido Nacional en noviembre pasado.

La asociación
En la pasada administración, el Encuentro Progresista votaba en contra de la ley que permitía a Ancap asociarse con privados, norma en la que colaboraron en su redacción los senadores Enrique Rubio, Alberto Couriel y Danilo Astori
Ahora, tras una visita oficial a Brasil el 1º de abril se dio el primer paso hacia una asociación entre la petrolera estatal y Petrobras.
Los anuncios fueron hechos por el asesor presidencial brasileño Marco Aurelio García, en la entrevista que mantuvo con el canciller Reinaldo Gargano.
El convenio indica que se creará una comisión mixta bilateral permanente, cuyo cometido será «promover actividades de cooperación, asociación y acción común en los campos de minería, hidrocarburos y afines, de energía eléctrica, así como apoyar la participación de empresas de los dos países en actividades comerciales conjuntas en sus territorios y en terceros países».
El texto afirma que la comisión también deliberará «sobre asuntos energéticos, de geología, minería de interés común (…)».

La energía
La tensión por la crisis energética disminuyó gracias a las mejores perspectivas climáticas y el reciente período de lluvias.
Los ánimos de la oposición también se calmaron es que el gobierno dio marcha atrás en su intención de realizar una compra directa de generadores de respaldo térmico pro U$S 75 millones.
El gobierno resolvió hacerlo mediante una llamado a licitación que estaría pronto en tres meses y los generadores podrán estar operativos hacia fin de año o comienzos del próximo.
Desde la oposición, se cuestionaba la compra directa en el entendido de que era un gasto desmedido y no había seguridad en cuanto a los resultados.
El ganado
Que la sequía se convirtió indudablemente en un tema de preocupación para el gobierno no hay duda. Que sus consecuencias fueron muchas tampoco. Ahora bien, en su afán por encontrar soluciones urgentes, el ministro de Ganadería al ver los campos del Norte y Este del país, prácticamente sin pasto y la perdida de peso del ganado, propuso algunas alternativas. Entre ellas, trasladar los vacunos hacia el Sur donde las pasturas todavía eran abundantes. Claro está quizás en el fragor por encontrar la salida olvidó que había que ubicar también las aguadas disponibles y el costo que implicaba.
Es decir, a entender de los conocedores era más fácil «mover» los forrajes que los animales.
Lo concreto es que esta medida quedó por el camino, quizás porque las ansiadas lluvias llegaron antes del invierno, o porque Mujica entendió que eran mayores las pérdidas para el productor que los beneficios.

La información
Se anunció que después de la celebración de los acuerdos ministeriales que se llevan a cabo los lunes en el Edificio Libertad, cada uno de los secretarios de Estado informaría en la sala de prensa, sobre los pormenores de lo tratado con el presidente Tabaré Vázquez.
A pesar de que los periodistas no daban abasto con las declaraciones de los jerarcas, eso permitía estar al tanto y consultarlos sobre diversos temas, en lo que se consideraba una clara demostración de apertura hacia los medios de comunicación.
Empero, la alegría duró poco. Ese esquema de trabajo se aplicó solo una vez.
A la semana siguiente la decepción fue total, se modificó el nuevo esquema y se utilizó la figura del vocero al igual que ocurre cuando se celebra un Consejo de Ministros.
Esta nueva disposición, quizás pasajera, es criticable en el entendido, sin menospreciar, que difícilmente un solo secretario de Estado esté interiorizado sobre los pormenores de todos los asuntos tratados. Quizás eso pueda llevar, incluso a que pueda cometerse algún error de interpretación o de información.
Los aumentos
Una situación muy especial se genera en torno a este tema, ya que a apenas un mes de asumido el gobierno aumentó peajes y tarifas públicas, mientras que el salario lo hará recién en junio.
Los funcionarios públicos y el gobierno mantienen las diferencias en torno al ajuste salarial del sector.
Ambas partes luego de analizar durante varias horas el tema no llegaron a un acuerdo.
Las autoridades se mantuvieron firmes en su posición de incrementar los salarios el 1º de julio por el 100% del IPC del último cuatrimestre, confirmó el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Daniel Mesa. El jerarca dijo que, por otra parte, el gobierno reconocerá la pérdida salarial que ha tenido el sector en los últimos años, pero «negociará» la forma y el tiempo en que abonará ese rubro.
Por su parte, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) quiere que existan dos ajustes anuales y que el primero de estos se realice en mayo.
«Fue un encontronazo… salimos bastante disgustados» dijo el dirigente de COFE, Joselo López.

El boleto
Las diferencias están a la orden del día, no solo en el gobierno sino también a nivel de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Mientras el intendente Héctor Pérez Piera afirmaba que era necesario aumentar el precio del boleto, el director de la División Transporte, Felipe Martín, manifestaba que «por ahora no está previsto el aumento del boleto capitalino».
Claro está aunque advirtiendo que la comuna observará «con detenimiento algunas variables» de importancia.