Las ocupaciones abren una grieta entre gobierno y empresarios.

Pero unos pocos días despuésel optimismo derivó en indignación. No sólo se enteraron de que no seránincluidos en las prohibiciones de las ocupaciones, sino que debieron escucharcómo jerarcas del Poder Ejecutivo hasta justificaban en algunos casos que seadoptaran medidas de ese tipo en el ámbito privado.

En los hechos, el PoderEjecutivo emitió a principios de diciembre un decreto en el que prohíbe laocupación de los edificios públicos, debido a una ola de conflictos en esesector que derivó en la ocupación de las fiscalías civiles, la Suprema Corte deJusticia y la Intendencia de Tacuarembó. Si algún sindicato decide ocupar unadependencia pública, la resolución habilita la utilización de la fuerza públicapara desalojarlo.

La medida fue recibida conbeneplácito por el sector empresarial, pero tras las declaraciones públicas devarios jerarcas desestimando el reclamo para que la norma se hiciera extensiva,volvió el enfrentamiento entre gobierno y empresarios por ese tema.

El jueves 16, la Cámara deComercio presentó un recurso de revocación ante el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo contra el decreto del Poder Ejecutivo, por entender que debióser de carácter «generalizado».

En el escrito, la gremialreitera su desacuerdo con el decreto Nº 165 del 2006, promulgado durante elgobierno de Tabaré Vázquez, que regula la ocupación en los lugares privados.Evalúa que esa medida gremial es «absolutamente inconstitucional»porque «deja de lado todo el sistema de valores y principios del Estadosocial y democrático de Derecho para dar paso a un sistema de valores yprincipios jurídicos diferentes, con un fuerte componente corporativo».

La Cámara entiende a su vez,que lo «incorrecto» del nuevo decreto del gobierno de José Mujica esque no contempla al sector privado, lo que lo hace «irracional» y»discriminatorio» porque «desconoce el principio deigualdad».

«Véase que si laocupación de los locales de trabajo no conforma una modalidad de la huelga, nopuede admitirse por acto reglamentario. Por tanto, lo previsto en el nuevodecreto se debe también extender al sector privado en virtud de la ilegitimidaddel decreto Nº 165/2006», señala.

«Por otro lado-prosigue el documento- si el Poder Ejecutivo considera, como erróneamenteentendió en el artículo 4 del decreto 165/2006, que la ocupación de los localeses una modalidad del ejercicio del derecho de huelga, al ser hoy indiscutibleque los funcionarios públicos tienen también derecho de huelga, no se puederacionalmente sostener que la aludida modalidad existe únicamente para elsector privado y no para el público».

Para la Cámara, «simala era la situación» antes de la aprobación de este decreto del 2010,»ahora es peor, ya que por la irritante desigualdad que produce impide lapaz social».

Declaraciones polémicas. Elmiércoles 8, en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM),el vicepresidente Danilo Astori dijo que si bien comparte la inquietudempresarial, «no se puede comparar la ocupación de lugares públicos conempresas privadas» porque son «absolutamente diferentes».

Además señaló que «hayoportunidades en que la ocupación (de empresas privadas) no es sólo legítima,sino conveniente», dado «el vaciamiento» de algunas firmas.

Las reflexiones de Astorigeneraron amplias repercusiones. «Me parece que sus declaracionesjustificando la ocupación de fábricas y lugares de trabajo para evitarvaciamientos son peligrosas políticamente, equivocadas jurídicamente yeconómicamente inconvenientes», dijo el ex presidente y senador blancoLuis Alberto Lacalle al diario «El País».

Por su parte, el presidenteMujica respaldó a su segundo durante el Consejo de Ministros del lunes 20,donde según dijeron participantes en el encuentro a «UltimasNoticias», el mandatario sostuvo que quería «sumar su punto de vistafirme con respecto a las grandes diferencias de ocupación de lugar privado, quegenera riqueza, y un sector público que es de servicios».

Astori también fuerespaldado por el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, que en declaraciones aldiario «La República» dijo que «sería un error igual lo públicoa lo privado porque son situaciones distintas. Una fábrica de calzado no puedeser igual a una comisaría por el servicio que brinda».