Ley de conflictos preverá multas y cierre de firmas

En caso que el empleador efectúe una denuncia por incumplimiento de quienes ocupen su local, el juez laboral tendrá tres días para convocar a las partes para una audiencia y hasta 24 horas para dictar sentencia.
La exposición de motivos del proyecto de ley, al que tuvo acceso El Observador, dice que es imposible “en una economía de mercado negar la existencia del conflicto capital-trabajo”, pero aclara que eso no debe “conducir a la aceptación de un estado de situación de controversia permanente y paralizante”. Agrega que es pertinente lograr “una relación fluida y dinámica entre empresarios, sindicatos y gobierno en pro de un desarrollo económico y social sostenido”.

El proyecto, que será presentado el jueves 9 a empresarios y trabajadores, establece que el patrón deberá, con carácter previo a toda reestructuración o reducción de personal, “proporcionar información pertinente y veraz, así como realizar consultas y negociaciones previas con la organización sindical representativa, tendientes a atenuar los efectos negativos para los trabajadores y el empleo”. Los trabajadores podrán ocupar los locales “en los casos de inminente cierre o desmantelamiento de la empresa, de abandono de la explotación y cuando el empleador haya emigrado sin dejar representantes en el país”.

El proyecto establece los procedimientos para prevenir los conflictos. En primer lugar, las partes pueden establecer mecanismos en un ámbito bipartito. Dice el proyecto que, “sí así lo estimaren conveniente”, empresas y trabajadores pueden solicitar “la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salario”. Establece que durante las instancias de consultas, mediación y negociaciones “las partes se abstendrán de adoptar o mantener medidas que hayan originado el conflicto”. Expresa que una vez producida la ocupación se labrará un acta para constar el estado de los bienes.

Si los trabajadores incumplan cualquiera de las disposiciones de la norma, el empleador podrá solicitar la desocupación de la empresa a la Justicia Laboral. La denuncia deberá ser efectuada a los 30 días de producido el hecho. El juez convocará a las partes a una audiencia pública dentro del plazo de tres días. La sentencia se dictará en la audiencia o, a más tardar, dentro de las 24 horas de su celebración. Sólo en casos excepcionales podrá prorrogarse la audiencia hasta tres días.

El Ministerio de Trabajo tendrán la facultad de intimar con un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública, la desocupación inmediata de la empresa o institución ocupada. El proyecto dice que eso se realizará cuando la ocupación “pusiere en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población o afectare seriamente el orden público”.

Para las empresas el proyecto establece la amonestación de integrar el Registro de Infractores a las Normas Laborales. En caso de reiteración se aplicará una multa que se graduará, según la gravedad de la infracción, de uno a 50 jornales o días de sueldo por trabajador. En tercer instancia se procederá a la clausura por hasta seis días.