Ley de consumo acelera los reclamos por malos servicios.

Hasta la semana pasada cualquier consumidor que quisiera reclamar por disconformidad con un servicio contratado o con la calidad de algún producto adquirido, debía enfrentar juicios de años para lograr su objetivo. De ahora en más, quien realice una compra o contrate un servicio por un monto de hasta 100 UR ($ 41.900), y pretenda reclamar ante la empresa que brindó el servicio, podrá hacerlo rápidamente y sin necesidad de que medien abogados.
Una taza, un libro, una computadora, la contratación de un abogado o un contador, o cualquier compra menor al monto señalado que genere la disconformidad del consumidor, puede ser reclamada.

Según una nueva ley promulgada por la Presidencia de la República el pasado 26 de junio, el reclamante deberá solicitar una audiencia, presentando un formulario en el juzgado de Paz, donde un juez “fijará dentro de las 48 horas una audiencia, que deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días”.

En dicha audiencia se intentará una conciliación y, de no llegarse a ella, se recibirán las pruebas de ambas partes. Si no se pudiera diligenciar toda la prueba en la audiencia, “ésta podrá prorrogarse por única vez y por un plazo no mayor a 15 días”, establece la ley.

Cuando termina la audiencia –si no debió extenderse por los 15 días establecidos, el juez dictará sentencia– y “solo en casos excepcionales” puede prorrogarse por tres días más. La decisión del magistrado de paz será irrecurrible.

Es decir que el reclamante, si tuviera razón, en menos de dos meses lograría su cometido.

Sin abogados. La ley prevé además, que la comparecencia “no requerirá asistencia letrada obligatoria”, por lo que el reclamante también podrá evitar hacerse cargo de los honorarios de los abogados, tal como sucede hasta el momento.

En este sentido, las partes sólo deberán pagar un timbre del Poder Judicial equivalente al 1% del monto reclamado.

Dudas. La nueva ley, si bien es vista con beneplácito desde distintos sectores, también genera dudas. Por estas horas, la Cámara de Comercio analiza el tema para marcar su posición al respecto.

Santiago Pereira, integrante del estudio de consultores jurídicos, tributarios y contables Rueda, Abadi y Pereira, quien además es profesor de derecho procesal, dijo a El Observador que comparte la idea de la ley “porque los consumidores en general no tienen acceso rápido a la Justicia para realizar reclamos menores”.

Sin embargo, cuestionó “que se haya sacado del proyecto original la posibilidad de rever la sentencia en un juicio ordinario posterior”. El abogado explicó que la puesta en marcha de la norma “va a tener un altísimo impacto en la relación entre el consumidor y las empresas, y puede generar un aumento en la cantidad de demandas”.

Indicó en este sentido que gran cantidad de casos que quedaban sin reclamar “por ser de bajo monto, al ser un procedimiento breve y sin necesidad de un abogado, seguramente van a ser reclamados”.

Pereira advirtió también que varias empresas ya manifestaron su preocupación en su estudio. “Llegaron muchas consultas por el impacto que esto puede tener”, señaló.