Ley sobre bases de datos provoca dudas sobre privacidad de personas

La ley ha generado reacciones contrapuestas. Para sus redactores y operadores comerciales permite una mayor veracidad y transparencia en la información registrada. Por su parte, asociaciones de consumidores señalaron que la misma reglamenta el «tráfico de datos» y atenta contra la intimidad de los ciudadanos en lo referente a los archivos de carácter comercial. Los 26 artículos de la ley 17.838 están divididos en dos grandes temas.

El primero de ellos es relativo al manejo de datos personales en registros comerciales y el segundo consagra la acción de Habeas Data. De acuerdo con uno de los redactores originales de la ley, el senador quincista Alberto Brause, el texto establece que «se consagra que cada persona podrá saber qué información relativa a ella se encuentra en todas las bases de datos de instituciones públicas y privadas del país». De no obtenerlas, el interesado podrá promover el recurso de Habeas Data. Brause considera que el otro gran tema, los datos personales en registros comerciales, es «el más importante» de esta ley. «Desde ahora, las personas podrán acceder a la información comercial de cualquier base y modificar lo que esté incorrecto».

Esta ley a su vez reglamenta y autoriza expresamente el tratamiento y la venta de bases de datos comerciales, una información sumamente apetecible para empresas de diversos ramos. «No se puede prohibir el manejo de información comercial», señaló Brause. «Pero ahora hay un marco legal». El legislador añadió que la persona en cuestión «cuya privacidad sea ‘invadida’, por decirlo de alguna manera, tiene derecho a conocer qué datos se manejan y eventualmente, corregirlos». Este hecho es el más cuestionado por Gabriel Barandiarán, presidente de la ONG Causa Común, dedicada a la defensa de los consumidores. «Bajo una supuesta protección de los datos personales termina regularizando su venta, que es un ataque a la privacidad e intimidad».

REGULARIZACION.

Tanto sus detractores como quienes la apoyan reconocen que la ley regulariza una situación que en los hechos ya se estaba dando: el uso de bases de datos comerciales para la concertación de negocios o evaluar la capacidad de pago de una persona.

Claudio Piacenza, gerente secretario de la Cámara de Comercio y Servicios, aseguró que esta ley «es un necesario marco regulatorio sobre el manejo de estos datos que nos acompasa a la realidad existente en todo el mundo». La nueva ley establece que los datos relativos a «obligaciones de carácter comercial» (como deudas) tendrán una vigencia de cinco años desde su registro. Según Susan Weissel, directora del Area de Defensa del Consumidor (Adeco), dependiente del Ministerio de Economía, afirmó que esta es otra ventaja para el consumidor. Vencido esos cinco años, si la obligación permanece incumplida, el artículo 9 de la ley estipula que «el acreedor podrá solicitar al titular de la base de datos, por única vez, un nuevo registro» por otro lustro.