Los empresarios advierten que el proyecto sobre ocupaciones viola ‘derechos fundamentales’

En un comunicado difundido ayer miércoles, las gremiales empresariales manifestaron que las ocupaciones de los lugares de trabajo son una «práctica violatoria de la Constitución de la República» por cuanto desconocen «derechos fundamentales» como el de propiedad y el de trabajo.

Rechazaron asimismo la idea sostenida por jerarcas del Ministerio de Trabajo de que las ocupaciones son una extensión del derecho de huelga porque «legalizaría» un mecanismo «inaceptable» ya que por esa vía pueden «confiscarse los bienes de los empresarios, limitándose las posibilidades de crédito que con estos bienes se garantiza».

El comunicado invita a los afiliados denlas cámaras a hacer «acto de presencia» hoy jueves en el edificio anexo del Palacio Legislativo durante el encuentro en el cual el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, entregará a representantes sindicales y empresariales el texto del proyecto de ley.

La declaración indica que la finalidad del tripartismo es «encontrar consensos» con miras a la «paz social». Afirma que ese mecanismo debe ser «efectivo» y no ser sustituido por la «formal entrega de un proyecto ya consensuado entre el gobierno y su bancada parlamentaria» que hace «prácticamente inviable» la introducción de modificaciones «importantes» al texto.

Por ello, las cámaras aseguraron que «se reservan desde ya el derecho de hacer oír su voz y posición en todos los ámbitos y esferas» necesarios para «defender y preservar los derechos constitucionales eventualmente afectados».

Hasta ayer miércoles, la declaración había sido firmada por la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara Mercantil de Productos del País, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Unión de Exportadores del Uruguay, la Cámara de Turismo, la Confederación Empresarial del Uruguay, la Cámara de Alimentación y Cámara de la Industria Frigorífica.

La Cámara de Industrias del Uruguay no participó de la redacción del comunicado porque consideró «inconveniente» hacerlo antes de recibir el texto del proyecto, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.

Por su parte, el PIT-CNT también expresó su rechazo aunque por otras razones. El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), Marcelo Abdala, dijo ayer miércoles en una asamblea de ese sindicato que «hay propensión en determinados sectores del gobierno a reglamentar las ocupaciones» cosa que hay que «rechazar sin más argumento» porque se trata de una «intromisión en el derecho de huelga». A su juicio, la discusión actual «bastardea» la «profundidad» de las relaciones laborales en el país.

El proyecto. El texto del proyecto, que Bonomi prefiere considerar un «borrador» de la iniciativa, para indicar que está abierta a modificaciones, dispone que la ocupación de los lugares de trabajo públicos o privados es «extensión del ejercicio y de la efectividad del derecho de huelga».

Establece mecanismos de prevención de conflictos en el ámbito de la empresa donde se planteó el diferendo y a nivel tripartito en la Dirección Nacional de Trabajo y en la rama respectiva de los Consejos de Salarios.

Subraya que los empleadores deberán proporcionar información «pertinente y veraz» a los trabajadores previo a toda reestructuración de la empresa por motivos «económicos, tecnológicos, estructurales o análogos».

En caso de que las negociaciones fracasen y se llegue a la ocupación, ésta debe ser «pacífica» y la organización sindical es responsable de tomar medidas para prevenir daños sobre las instalaciones, maquinaria y equipamiento de la firma, así como para asegurar el mantenimiento de bienes perecederos o de procesos que no pueden ser interrumpidos.

A texto expreso señala que «no podrá ser sustituido» el poder de organización del empleador, por lo que la empresa ocupada «no podrá continuar su giro o funcionamiento sin consentimiento del empleador» excepto en los casos en que éste «haya abandonado la explotación o no tenga representantes en el país».

Ante el incumplimiento de cualquiera de estas instancias y disposiciones el empleador podrá solicitarla desocupación, mediante una acción de amparo ante la justicia laboral.
Si agotadas todas las instancias de negociación no existe una solución al diferendo, los ministerios de Trabajo y de la actividad o rama involucrada en el conflicto podrán «intimar la desocupación inmediata con un plazo perentorio de 24 horas bajo apercibimiento de recurrirá la fuerza pública» en los casos en que corra «grave riesgo la vida, la seguridad o salud de toda o parte de la población».

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Juan José Bentancor (Vertiente Artiguista), destacó a Búsqueda que se trata de un borrador «abierto a la consideración» pública, que «podrá recibir cambios» si existen los consensos necesarios.

Seguro de paro. En tanto, la empresa Becam, ocupada desde el 8 de febrero, anunció ayer miércoles el envío a seguro de paro de más de 30 trabajadores. Fuentes de la firma dijeron que la medida de fuerza les impide continuar el proceso productivo. «Es una muestra de la irracionalidad de la ocupación que atenta contra las propias fuentes laborales de los trabajadores», agregaron.

Desde el viernes 3 permanece ocupada la textil Dancotex, cuyo principal accionista es el presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Daniel Soloducho.

Los trabajadores tomaron parte del predio de la empresa, luego de que el industrial anunciara el cierre de la planta de Montevideo y los planes de la empresa para concentrar en las instalaciones de la ex Sudamtex en Colonia su producción a fin de reducir los costos, informó el representante sindical Miguel Olivera.

Soloducho dijo a Búsqueda que si «hubiese actuado con la cabeza y no con el corazón» la planta de Montevideo «hace meses que debía estar cerrada» porque es «inviable».

Aseguró que el bajo precio del dólar hizo perder competitividad a la industria textil, por lo que tomó tal determinación .