Lula está políticamente más débil pese a su consagración electoral

-¿Cuáles serán los mayores desafíos para el presidente Lula durante su segundo mandato que comienza el próximo 1º de enero?

-El principal desafío se refiere al crecimiento económico de Brasil, que ha sido muy lento durante su primer período de gobierno. Para crecer más y en forma sostenida el gobierno deberá atraer un importante flujo de capitales de riesgo, especialmente en el sector de infraestructura. El elemento decisivo para atraer inversiones de largo plazo es la redefinición del marco regulatorio. Hoy día no se puede hablar de regulatory governance (seguridad jurídica) en Brasil. Las reglas no son claras, ni estables, ni hay confianza en que las reglas actuales seguirán siendo las mismas de los próximos años. Por tanto, el primer desafío es institucional. El segundo desafío es la reforma del Estado y de la federación, o sea el rediseño del país para que sea contemporáneo a la dinámica económica y política del siglo XXI. Un Estado más efectivo en la regulación, menos intervencionista en las actividades típicas de mercado, más eficiente en el combate estructural a la pobreza y a las desigualdades. Una federación verdadera, con la real descentralización de responsabilidades y de tareas, la disminución del poder de Brasilia en temas que pertenecen de hecho a la esfera de los estados y los municipios. Eso requiere también una reforma tributaria y presupuestaria que garantice la viabilidad de la federación. Por último, pero no menos importante, está el desafío de la educación, de la ciencia y tecnología. La educación en Brasil no es solamente insuficiente cuantitativa y cualitativamente, sin que también funciona como un instrumento que agrava la desigualdad. Los ricos estudian sin costo en las buenas universidades públicas, mientras los más pobres tienen que pagar por sus estudios superiores en malas escuelas privadas.

-¿Con qué apoyo político-partidario podrá contar Lula para aprobar la agenda de reformas sin las cuales será difícil que Brasil se convierta en una economía más dinámica?

-Lula no va a insistir con la reforma pensionaria porque sabe que no cuenta con suficientes votos en el Congreso. En cambio, deberá realizar intensas negociaciones con la oposición para aprobar la reforma tributaria. Uno de los mayores obstáculos radica en que los gobernadores de los tres estados más grandes: San Pablo, Minas Gerais y Río Grande del Sur, pertenecen a la oposición, controlan una parte significativa del PIB nacional y del electorado del país, y están en contra de ampliar las potestades fiscales del gobierno federal.

-¿Qué influencia tienen los gobernadores sobre el Congreso?

-En Brasil el sistema político opera en dos ejes distintos: el nacional y el federativo. El primero es controlado por los líderes de los sectores mayoritarios de los partidos con representación en el Congreso. Ese liderazgo comanda y negocia las decisiones que no impacten directamente los intereses de los estados. El segundo eje es dominado por los gobernadores, que comandan el voto de la mayoría de los representantes de sus estados, de forma relativamente independiente de los lineamientos partidarios. Una reforma de la estructura de los ingresos públicos -por ejemplo, que esté directamente relacionada con los impuestos que financian a los estados- no tiene la mínima chance de ser aprobada por el Congreso si no obtiene el apoyo de la mayoría de los gobernadores y líderes estaduales. La Cámara de Diputados tiene una mayoría de parlamentarios de los grandes estados, porque la representación es proporcional. El Senado tiene una mayoría de legisladores de los estados pequeños, porque cada estado cuenta con tres senadores. Por lo tanto, las políticas que afectan los intereses estaduales requieren el respaldo de una coalición mayoritaria de todos los gobernadores, de modo de superar los vetos de los grandes en la Cámara de Diputados y de los chicos en el Senado.

-¿Qué perspectivas existen de que se apruebe una reforma del Estado?

-La reforma del Estado es una complicación adicional para el gobierno porque no hay siquiera un proyecto definido. Resulta muy difícil lograr un acuerdo entre los partidos políticos para establecer ideas concretas en cuanto a determinar las potestades y limitaciones del Estado. Este es un serio problema porque la reforma del Estado es un verdadero desafío para el gobierno de Lula, pero todas las señales indican que las negociaciones permanecerán en punto muerto.

COALICIÓN

-Entonces, ¿qué base parlamentaria tiene Lula para gobernar durante su segundo período?

-Lula tiene el apoyo de un grupo heterogéneo de partidos que le darán una mayoría nominal. En realidad, cuenta con la buena voluntad de los partidos de izquierda más la mayoría de los sectores que componen el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y partidos menores de centro-derecha, lo cual le asegura un respaldo de un 65% de la Cámara de Cámara de Diputados y un 51% del Senado, pero la mayoría real va a ser menor. Los partidos de la coalición han prometido que van a examinar con atención las propuestas concretas que presente el gobierno, pero estas se deberán negociar caso a caso. En cambio, el oficialismo no va a tener posibilidades reales de aprobar enmiendas constitucionales sin el apoyo de parte de la oposición.

-¿Le será más fácil a Lula mantener funcionando una coalición durante su segundo mandato que en el período 2003-2006?

-Durante su primer período, Lula tuvo que ceder algunos cargos del gabinete a otros partidos que lo apoyaban, pero el poder ministerial estuvo controlado hegemónicamente por el Partido de los Trabajadores (PT). Ahora la relación de fuerzas cambió. El presidente está políticamente más débil pese a su consagración electoral. A su vez, el PT está desgastado y ha perdido su aura de opción diferente. Ha pasado a ser igual a los otros partidos, aunque está en el tope de la escala porque tiene la responsabilidad de gobernar. En consecuencia, tendrá que compartir alguna porción del poder ministerial con otras colectividades políticas. En los próximos cuatro años, el escenario tenderá a ser de mayor y más rápido desgaste de la coalición gobernante y, por lo tanto, políticamente más problemático.

POLÍTICA ECONÓMICA

-Para ganar la segunda vuelta electoral Lula debió agitar viejas banderas nacionalistas y socialistas que resucitaron fuertes reclamos de cambio en las orientaciones económicas por parte de los sectores más izquierdistas del PT. Por consiguiente, es válido preguntarse qué programa de gobierno va a aplicar Lula en el período 2007-2010.

-Esa cuestión no la tiene resuelta ni el propio Lula. La trayectoria del gobierno es errática en términos de la futura política económica. Un día anuncia que va a flexibilizar las metas de superávit primario a efectos de promover la inversión en infraestructura; pero al otro día dice que mantendrá el superávit. En realidad, existe una clara división dentro del gobierno. Por un lado, el Ministerio de Planeamiento, la Secretaría del Tesoro y el Banco Central, que continuará siendo dirigido por Henrique Meirelles, sostienen que no hay modo de equilibrar las cuentas si no se realiza un ajuste fiscal más profundo. Aparentemente, han convencido a Lula de que se deben reducir los gastos corrientes y aprobar la ley de la seguridad social. Por otro lado, hay un grupo de ministros, políticos, técnicos y empresarios con acceso al presidente, llamados «desarrollistas», encabezados por la jefa de gabinete Dilma Rousseff, que sostienen que el gasto público no es eficiente y, por ende, piensan que el problema económico de Brasil se soluciona mejorando la gestión. Además, proponen abrir un espacio para la inversión del gobierno en infraestructura física.

-¿De qué lado está ubicado el ministro de Hacienda Guido Mantega en esa polémica?

-Tiene claramente puestos su corazón y su mente del lado de los «desarrollistas», pero su equipo de asesores está alineado mayoritariamente con la posición opuesta. Sin embargo, Mantega no es un buen defensor de la racionalidad de las reformas, porque políticamente está comprometido con la idea de que el crecimiento económico resuelve el problema fiscal. De todos modos, Lula tendrá la última palabra en este dilema y es bien sabido que no va a tomar ninguna decisión que genere la posibilidad del retorno de una alta tasa de inflación. El presidente ya aprendió que la suba de los precios del consumidor no le gusta al pueblo y jamás pondría en riesgo su popularidad. Si eso es cierto, tendrá que aceptar la imposición de restricciones fiscales en algún momento.

-¿Continuará el economista Guido Mantega al frente del Ministerio de Hacienda al comenzar la segunda presidencia de Lula?

-En algunos sectores se ha dicho que la permanencia del ministro Mantega no está garantizada. Sin embargo, las señales que se emiten desde el Palacio de Planalto indican que está en una posición más fuerte que la de todos los otros nombres alternativos que se manejan. Sin duda goza de la confianza del presidente porque es un ministro flexible que no adopta posiciones irreductibles ni entra en conflictos innecesarios con sus colegas. Además, su presencia al frente de la cartera de Hacienda significa que las decisiones que se tomen en materia económica en base a los lineamientos de Lula saldrán del consenso del gabinete ministerial.

-Durante la campaña por su reelección el presidente prometió que se atacará la pobreza y la mala distribución del ingreso en Brasil. ¿Hay alguna señal de que se vayan a aprobar nuevos planes de desarrollo social?

-No. Se seguirán aplicando programas de asistencia social como el Plan Bolsa Familia, que ha tenido una gran aceptación por la población más pobre, aunque no se debe descartar una ampliación de sus beneficios. Es evidente que Lula está adherido a la idea del asistencialismo, pese a sus desviaciones que han beneficiado a familias no tan pobres, porque le ha rendido enormes ganancias en materia electoral. Además, algunos economistas sostienen que el Plan Bolsa Familia ha contribuido a una posible reducción temporaria de la desigualdad del ingreso de los hogares ya que se ha incrementado notablemente el consumo popular en los últimos años.

POLÍTICA EXTERIOR

-¿Con qué gobiernos del continente Lula tiene mayores afinidades políticas?

-Lula va a continuar alineándose con gobiernos populistas como los de Chávez, Evo Morales, Kirchner, etc. En cambio, va a tener algunos conflictos de interés en términos estratégicos con Chile, que sigue una política exterior diferente a la del resto de Sudamérica, y con el gobierno estadounidense por temas comerciales.

-Sin embargo Lula ha dicho recientemente a la prensa que quiere tener una relación privilegiada con Estados Unidos.

-Ese es el discurso hacia fuera. En realidad, «una relación privilegiada con Estados Unidos» quiere decir que Washington tiene que escuchar atentamente los planteamientos y respetar ciertas posiciones de Brasil, ya que existen divergencias importantes entre ambos gobiernos en cuanto a las políticas de seguridad global. Incluso cuando los dos países coinciden en un tema, como fue el caso en que, junto con Canadá y Australia, se opusieron al Protocolo de Kyoto, los intereses de Brasil y Estados Unidos siguen estando en conflicto entre sí.

-¿No se vislumbra la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la agenda política de Lula?

-Si bien existe una cierta empatía entre Lula y Bush en el plano personal, que les permite tener una relación muy fluida, no veo posible un TLC porque los intereses comerciales de ambos países son diferentes.

-¿Qué significa realmente el Mercosur para Brasil?

-Luego de las crisis económicas, primero, de Brasil en 1999 y, luego, de Argentina y Uruguay en 2001-2002, el enfoque de los gobiernos de la región hacia el Mercosur ha cambiado. Hoy los estados miembros han perdido la noción de los objetivos de una unión aduanera y tienen visiones muy diferentes, incluso opuestas, sobre el futuro del bloque regional. Lula e Itamaraty consideran que este bloque subregional es sólo el inicio de un proceso de integración más vasto, que ya ha incorporado a Venezuela y que, progresivamente, irá captando a los países andinos. Sin embargo, esa política integracionista es contraria a algunos intereses empresariales brasileños y argentinos, lo que determina que se haya llegado al actual impasse. Nadie discute que el Mercosur hoy no funciona.

-Lula prácticamente «se ha lavado las manos» en el conflicto argentino-uruguayo por la construcción de las plantas de pulpa de celulosa a pesar de que el gobierno uruguayo ha reclamado que Brasil, por su tamaño, ejerza su liderazgo en la región. ¿Puede esperarse algún cambio en la posición brasileña?

-De acuerdo con las manifestaciones de altos funcionarios de Itamaratí, no veo al gobierno brasileño realmente interesado en intervenir en ese proceso porque Brasil tiene poderosos intereses papeleros que coliden con los de Argentina. No obstante ello, si Argentina y Uruguay se pusieran de acuerdo en solicitarle a Lula que actuase como árbitro para la resolución del conflicto, creo que el presidente brasileño terminaría aceptando ese pedido por una cuestión de prestigio personal. Reitero que accedería siempre y cuando las partes en conflicto se lo plantearan conjuntamente y se comprometieran a acatar su veredicto.