Malestar comunal: la DGI intimó al municipio ante la justicia

Rentas quiere datos sobre empresas privadas que contratan con la IMM; Antía recordó que todas ellas deben estar al día con sus tributos para cobrar en las cajas comunales

Una dura polémica entre la Intendencia Municipal de Maldonado y la Dirección General Impositiva estalló en las últimas horas al conocerse que la repartición estatal recurrió a la justicia civil para exigir a la comuna la entrega de información sobre las empresas privadas que contratan con el municipio.
El intendente Enrique Antía dijo ayer a Correo de Punta del Este que en la presente jornada presentará una queja formal en el plenario del Congreso Nacional de Intendentes donde apuntará contra el titular de rentas, Eduardo Zaidensztat, a quien acusa de perseguir el comercio legalmente establecido de Maldonado.
Según pudo establecer Correo de Punta del Este, semanas atrás la DGI pidió la intervención judicial para exigir a la comuna fernandina la entrega de la documentación donde se detallan los servicios prestados por empresas privadas que contratan con el municipio.
Pero el jefe comunal dijo que la administración municipal ha entregado la información “necesaria” y recordó que para cobrar en el municipio hay que mostrar los certificados del BPS y la DGI correspondientes, lo que verifica que las empresas están al día con las obligaciones tributarias.
Por lo que se sabe la intendencia de Maldonado tiene plazo hasta el próximo 22 de abril para remitirle a la Dirección General Impositiva la información relacionada con las empresas que contratan con ella, de acuerdo a lo que resolvió la jueza de paz de tercer turno, Adriana Graziuso.

Escrito
El caso se tramitó en el expediente caratulado “DGI c/ IMM Intimación. Ficha 294/185/2004” del juzgado de paz departamental de Maldonado de 3er. turno ubicado en la calle 25 de mayo entre Román Guerra y Sarandi de la capital departamental.
De acuerdo a lo que se pudo establecer, la DGI presentó un escrito donde notificó al Poder Judicial la negativa de la administración municipal de brindarle determinada información sobre las empresas en cuestión luego de haberlo intentado en varias oportunidades.
Fuentes del caso señalaron que, en el petitorio que presentó en el juzgado, la DGI no explicitó ni el tiempo que había empleado para pedirle la información a la comuna, ni probó que esto hubiera ocurrido. Empero, se precisó que esto no es necesario porque según el Código General del Proceso esto no es un paso previo, ni obligatorio para presentar una reclamación en los estrados judiciales. En este sentido se indicó que sólo basta reclamar algo para que se accionen los mecanismos previstos aunque, claro está, es necesario fundamentar lo que se pide.
Al respecto, en el escrito que se presentó en la citada sede judicial la DGI argumentó sobre la necesidad de buscar caminos de cooperación entre los organismos públicos para poder compartir la información y poder, de esta manera, combatir de mejor forma el informalismo y la evasión tributaria.
La jueza Graziuso dictó, el 25 de marzo pasado, un decreto por el cual se ordenó a la comuna fernandina a colaborar y brindar la información tal como lo había solicitado la DGI.

Plazos
El auto Nº 830 fue notificado por el alguacil de la citada sede el pasado miércoles 31 de marzo. Esto habilitó un plazo de diez días hábiles para que la comuna se presente en el expediente en cuestión aceptando el fallo o interponiendo un recurso de reposición en subsidio.
El plazo para ello vence el próximo jueves 22 de abril; hasta ese día los abogados del municipio pueden presentarse en el juzgado para aceptar el fallo y notificar por escrito que se volcará en el expediente toda la información solicitada por la DGI.
También puede ocurrir, en ese caso, que por el volumen de documentación que se puede llegar a manejar, los abogados comunales se presenten pidiendo un plazo para poder contestar como corresponde. Los asesores legales comunales también podrían presentar un escrito notificando que remitirán todo a la DGI de forma directa.
De lo contrario, sobre el filo de la expiración del plazo, la comuna podría presentarse en el juzgado interponiendo un recurso de reposición y subsidio contra el auto de la jueza Graziuso.
En ese caso todo el expediente será elevado al superior jerárquico de este juzgado, es decir, el juzgado letrado civil de 7º turno a cargo de la doctora Loreley Opertti de Maldonado. El fallo del juzgado de alzada es inapelable y de obligatorio cumplimiento.

Malestar municipal
A todo esto, el intendente Enrique Antía no ocultó su malestar con la DGI y dijo que hoy jueves presentará una queja formal en el plenario del Congreso Nacional de Intendentes donde acusará al titular de rentas Eduardo Zaidensztat de presionar a los comerciantes legalmente establecidos del interior y no actuar contra la actividad ilegal que se genera durante el verano y que es conocida en Maldonado como “el comercio golondrina”.
El jefe comunal explicó que la administración a su cargo colaboró con la DGI aportando información que se le pidió sobre las empresas que le prestan servicios a las que, por otra parte, se les exige, a la hora de cobrar por sus trabajos, la documentación de los organismos tributarios como la constancia de inscripción y los certificados expedidos por estas reparticiones de que están al día con sus obligaciones.
“La IMM brindó la información necesaria las veces que fue solicitada. El anterior director de Hacienda la brindó un día que me la vinieron a pedir acá. Con esta notificación ellos están planteando como que nosotros nunca le dimos información. No es así”, precisó Antía.
Asimismo, aseguró estar “más que molesto con Zaidensztat por su manera de tratar a los empresarios de Maldonado”. “La DGI viene a perseguir a los comerciantes que están instalados legalmente y no busca a los golondrinas. Nosotros a todas las empresas que trabajan con la IMM le pagamos siempre y cuando presenten los certificados de libre pago de la DGI. Esto es así”, se quejó Antía.

Telefonazos
En el mismo sentido, el intendente de Maldonado reveló que por esta situación, en más de una oportunidad, inclusive antes del feriado de turismo, intentó comunicarse sin éxito con el titular de la DGI.
“A Maldonado se le pide colaboración de todo tipo. Miles de llamadas desde el gobierno. Cuando se necesita un millón de dólares para la seguridad suenan los teléfonos. Lo mismo pasa con la salud, la educación y los comedores. Llueven llamadas para pagar la miseria del plan del INDA durante el invierno solidario del año pasado. El Ministerio de Economía y Finanzas no mandó los rubros de alimentación del año pasado. Si apoyamos la seguridad lo hacemos porque creemos que es la inversión para el departamento. Sin embargo, el director de la DGI emplea la vía judicial para pedir colaboración y no es capaz de levantar el teléfono para solicitarla. Este es un procedimiento que el intendente de Maldonado no comparte. Lo que tiene que hacer la DGI es hacer las inspecciones correspondientes. Y no sólo cuando viene el turismo sino también cuando vivimos la mayor de las malarias como ocurrió en estos dos últimos inviernos”, indicó Antía.


Datos de la IMM

El presupuesto general de sueldos, gastos e inversión de la Intendencia Municipal de Maldonado ronda los cuarenta millones de dólares anuales. Alrededor del 44% está destinado a sueldos y aportes patronales. Estos rubros están divididos en gastos de funcionamiento y obras. Se trata de unos 25 millones de dólares anuales de gastos y obras. Buena parte de estos rubros (recolección de residuos domiciliarios, limpieza de espacios públicos -jardines, playas, plazas, etcétera- mantenimiento del alumbrado público, disposición final de la basura, conservación del pavimento, contratos de obra, construcción de calles, ramblas, avenidas, cordón cuneta, etcétera) corren por cuenta y orden de la intendencia a cargo de empresas privadas