Mandos medios argentinos lideran ofensiva por papeleras

Es que, deliberadamente o no, el gobierno argentino ha dejado a estos dirigentes de segunda y tercera línea la tarea de lanzar los cuestionamientos más duros hacia este lado del río.

El año pasado y comienzos de éste se caracterizaron por ser testigos de una especialmente delicada relación entre ambos gobiernos.

La instalación de las plantas de celulosa en el litoral uruguayo, así como otros temas que hacen a las relaciones entre Montevideo y Buenos Aires, ha tenido sus puntos altos y bajos, pero lo que se mantuvo constante fue la no muy alta jerarquía de los funcionarios argentinos que hicieron declaraciones públicas para encaminar los problemas hacia uno u otro lado.

Uno de los personajes que estuvo en boca de todos los uruguayos es Jorge Busti, el gobernador de Entre Ríos, que con sus duras críticas y su apoyo explícito a la lucha contra las papeleras inflamó en más de una oportunidad el diferendo.

Busti desató un escándalo diplomático el 30 de octubre, cuando sugirió, en una entrevista que le realizara una radio argentina, que funcionarios del gobierno uruguayo habían caído en la corrupción y por eso defendían con tanto énfasis la instalación de las plantas.

A diferencia de Argentina, quienes dieron la cara por el gobierno uruguayo fueron figuras de mayor jerarquía. De todas formas, el presidente Tabaré Vázquez se mantuvo públicamente distanciado de este tipo de problemas, aunque los dirigió firmemente con bajo perfil. Igual actitud mantuvo su par Néstor Kirchner.

En este caso específico, el encargado de responder a aquella acusación indirecta fue el ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, quien llamó en consulta al embajador en Buenos Aires, Francisco Bustillo.

La medida fue respondida a modo de «espejo» por el gobierno argentino, que también llamó en consulta a su embajador en Montevideo, Hernán Patiño Mayer. Con esta decisión, y con un comunicado que divulgó luego (en el que ratificaba la oposición argentina a la instalación de las plantas), el gobierno del vecino país demostró una actitud que luego se repetiría en episodios futuros: luego de declaraciones incendiarias de funcionarios de mandos medios o gobernadores locales, el gobierno central se encargó de bajar los decibeles sin que ello significara un cambio en su postura.

Un ejemplo paradigmático es la actuación del ex canciller argentino, Rafael Bielsa, que en setiembre dijo que el gobierno no iba a «cejar» en la pelea por que las plantas «desaparezcan» si contaminan.

Sin embargo, en varias oportunidades el propio ex diplomático se encargó de reducir la tensión con Uruguay luego de declaraciones suyas o de otros, señalando que éstas «no lesionan» las relaciones bilaterales con el gobierno de Vázquez.

Más allá de las declaraciones de Bielsa -quien también dijo que era un «mandato constitucional» apoyar a Busti-, en varias ocasiones la administración Kirchner utilizó el silencio como una forma de expresar su acuerdo con las protestas.

TAMBIÉN CON ASTORI

Más acá en el tiempo, quien encendió la mecha fue el director de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, quien llamó a realizar un boicot financiero y comercial contra las papeleras.

Gargano fue nuevamente quien contestó, pidiendo al gobierno del vecino país que dijera si aquellas declaraciones reflejaban o no la postura oficial.

La administración Kirchner calló, pero el propio Estrada Oyuela bajó el perfil de sus dichos, señalando que el mercado castiga a este tipo de plantas en forma «natural», y con esto conformó al gobierno uruguayo.

El turno le tocó luego al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería argentina, Eduardo Sigal, quien pidió al gobierno uruguayo una rectificación de las expresiones del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

El secretario de Estado había dicho en una entrevista con el semanario «Búsqueda» que el gobierno debe aprovechar este año para negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y China.

La respuesta uruguaya no se hizo esperar demasiado, ya que al día siguiente del exhorto argentino Gargano dijo que el tema no estaba planteado a nivel de gobierno y calificó las declaraciones de Astori como personales.

Finalmente, el secretario de Turismo de Gualeguaychú, Sebastián Bel, aseguró que «el gobierno uruguayo es el que se verá más perjudicado por los cortes (de ruta) en época de carnavales, porque hasta el año pasado, ante la falta de plazas para alojar a los turistas, se desarrollaba una política para derivar gente hacia Fray Bentos».