Mantienen ocupación en Artigas pese a orden judicial de desalojo

Por el lado del gobierno, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi, rechazó la actitud de los ocupantes y dijo que algunos viven en Montevideo. El viceministro consideró que la ocupación «es un planteo político» y dijo que le que «cuesta entender que es lo que quieren» los ocupantes. Agazzi también se lamentó que «en el momento que estamos concretando cosas aparecen estos hechos».

Dijo que los ocupantes estaban por recibir un predio y que «ellos saben la tramitación que hay que hacer». De hecho, ya estaba identificado un establecimiento cercano al poblado Mones Quintela, a unos 30 kilómetros de Bella Unión, cuya cesión estaban gestionando el Instituto de Colonización y UTE.

Miguel Vasallo, vicepresidente de Colonización, dijo a El País que se procurará resolver el tema lo más rápidamente posible y cumpliendo los pasos legales necesarios y no quiso realizar mayores comentarios porque «es un tema muy sensible».

En el gobierno algunos sectores apuestan al desgaste de los cañeros para diluir el asunto. La ocupación «es como la de los del campo que se instalaron en el Palacio Legislativo; son poquitos y se van a cansar», dijo un integrante del Ejecutivo a El País. «Si quieren plantar que planten», agregó.

INTIMACION. Ayer cerca de la hora 16 el subcomisario Luis Texeira, de la seccional séptima por disposición de la jueza de Bella Unión, Alejandra Cazullo, notificó a los ocupantes que tenían un plazo de 24 horas para retirarse del lugar. Jorge Rodas, trabajador cañero y el productor Ricardo Ferreira le hicieron saber al jerarca policial que no firmarían ningún documento. Los ocupantes son asesorados por Antonio Amauro, abogado de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales del Uruguay.

La decisión de la jueza fue tomada por una denuncia penal realizada por Conrado Villalba, arrendatario de la parcela del Instituto Nacional de Colonización. La magistrada hizo notificar a los ocupantes que si no se retiran los convocará a una audiencia hoy.

Rodas dijo a El País que la ocupación se decidió porque Colonización no cumplió con la entrega de un establecimiento para plantar. «Para poder recibir préstamos y ayudas debíamos poseer un número de padrón. Era una condición del Ministerio de Ganadería», explicó.

«Durante todo 2005 estuvimos hablando para que se nos concediera tierra y todo parecía que se iba a dar. Pero resulta que todo sigue igual. En principio existía un romance entre los trabajadores y Ancap, pero ahora se cambió y el romance (de Ancap) es con Calnu», dijo Rodas. «El 70% de los pequeños productores deben arrendar campo y de esa forma no da, por eso queremos tierra nuestra para plantar», señaló.

El trabajador dijo que el domingo entraron al establecimiento 50 personas pero que algunas salieron «a hacer changas». La idea es que queden allí un total de seis familias, dos por cada una de las organizaciones que integran los ocupantes.

En la tarde, Rodas mantuvo un contrapunto con Agazzi en Radio Sarandí y en esa oportunidad el subsecretario reconoció la justicia del reclamo, pero consideró que debía dirigirse al Instituto de Colonización. Para Agazzi, «se apuraron a entrar para presentarlo como logro después». «Ustedes son grandes. Piénsenlo», dijo el subsecretario.

Villalba, un hombre de 70 años que vive de una jubilación de $ 1.200, reconoció que desde 2001 no planta azúcar pero explicó que eso es así porque en 1999 Calnu le retiró una garantía para obtener préstamos. Villalba arrendaba desde 1980 y como consecuencia de lo ocurrido, contó, «me comencé a endeudar al punto que llegó un momento que me tuve que ir a trabajar de peón a Paysandú».

Villalba también tiene un diferendo con Colonización y en febrero tiene una audiencia judicial.