Medida histórica de Bolivia al nacionalizar el petróleo

«SE ACABÓ EL SAQUEO de nuestros recursos naturales por parte de las transnacionales», enfatizó Evo Morales, al anunciar la nacionalización, desde un yacimiento petrolero ubicado en el sur boliviano.

Morales anticipó que sólo podrán seguir operando en Bolivia las multinacionales que acaten las nuevas normas y pidió a sus ejecutivos que «respeten la dignidad y la voluntad del pueblo boliviano».

«Si no lo hacen, nos haremos respetar a la fuerza, porque se trata de hacer respetar los intereses del país», advirtió.

El presidente pidió también «a los técnicos y obreros bolivianos que trabajan en las petroleras extranjeras que se sumen al control de los yacimientos para evitar eventuales sabotajes, porque si no lo hacen, el pueblo juzgará» su comportamiento.

Apenas concluido el discurso de Morales, en la localidad de Carapari, a 1.200 kilómetros al sureste de La Paz, técnicos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb), con apoyo militar y policial, comenzaron a ocupar las plantas petroleras que controlan Andina, Chaco y Transredes.

Según el decreto-de nacionalización, Ypfb asumirá «el 50 por ciento más uno de las acciones» de esas tres compañías que se formaron en 1996, tras la privatización de Ypfb, bajo la gestión del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

El 51 por ciento accionario de la empresa Chaco está en manos de British Petroleum y la argentina Bridas, mientras que la mayoría accionaria de Andina pertenece a la española Repsol-YPF.

A su vez, la mayoría accionaria de Transredes pertenece a Shell y la española Prisma.

El 49 por ciento accionario restante en los tres casos es controlado por Administradoras de Fondos de Pensiones, que financian actualmente un bono de solidaridad que reciben los ciudadanos mayores de 65 años.

La nacionalización decretada afecta también a otras 19 empresas que operan en Bolivia, entre ellas la brasileña Petrobras.

Estas empresas, en los últimos 20 años firmaron un total de 77 contratos con el Estado y tendrán ahora que adecuarlos a las nuevas condiciones en un plazo de 180 días.

Las nuevas condiciones obligan a las empresas a entregar toda su producción al Estado, que mediante Ypfb se encargará de la producción, transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización.

Según los cálculos oficiales, la medida oficial casi doblará los ingresos actuales del Estado elevándolos a 780 millones de dólares.

Durante el período de transición y para los yacimientos de gas cuya producción es superior a los 100 millones de metros cúbicos por día, el Estado boliviano se quedará con el 82 por ciento del valor de producción y las empresas con el 18 por ciento restante que, según los cálculos oficiales, cubren sus gastos ‘de inversión, producción y rentabilidad.

Es la tercera vez que Bolivia nacionaliza los hidrocarburos, ya que la primera fue en 1937, durante la presidencia de David Toro.

La nacionalización de Toro afectó a la Standard Oil, que en represalia conspiró contra su gobierno, durante la guerra del Chaco, apoyando a Paraguay.

La segunda nacionalización fue en 1969, bajo el gobierno del general Alfredo Ovando Candía, y afectó a la Gulf Oil.

«Esta tercera nacionalización del gas y del petróleo se inscribe en el marco de la lucha histórica de los pueblos originarios», dijo Morales.