Memoria Anual: Prefacio 1990

Se destacaba, asimismo, la necesidad de que esta recomposición se acompañara de reformas más profundas, que revalorizaran el derecho de propiedad en su sentido más amplio, asignaran correctamente el papel del Estado y del sector privado y posibilitaran un ámbito adecuado para que se desarrollara una sana competencia externa e interna. Se sostenía que, de lo contrario, las reformas que se propusieran no serían creídas y por lo tanto tendrían escasos efectos estabilizadores a corto plazo, a costa de una importante recesión.

A su vez, en la publicación “Hacia un Uruguay con futuro”, enviada al Presidente electo a fines de 1989 se expresaba que este tipo de ajustes estructurales debía implementarse en los primeros meses del Gobierno, a fin de apresurar la fase de costos.

La urgencia de la implementación de este tipo de medidas se torna más patente si se tiene en cuenta que el país se apresta a ingresar en un mercado común con Argentina, Brasil y Paraguay en un proceso que se completará –si bien en forma gradual- en menos de cuatro años. 

En el correr de 1990, sin embargo, las autoridades solamente pudieron llevar a cabo las reformas más inmediatas, necesarias para recomponer los equilibrios básicos de la economía.

En términos generales, el modelo de las nuevas autoridades dio prioridad a la corrección de los desequilibrios financieros –básicamente del sector público- y a no permitir un desestímulo cambiario para las exportaciones. El primer objetivo fue cumplido a través de una importante reforma tributaria que llevó a un sensible incremento en la presión fiscal y a la eliminación de las devoluciones de impuestos a la exportación, al tiempo que los gastos fiscales que se lograron reducir fueron los relacionados con remuneraciones, previsión social, transferencias, intereses de la deuda pública e inversiones. Los gastos no personales, en cambio, continuaron incrementándose a tasas reales del orden de 6%.

A su vez, la promoción de exportaciones no se realizó a través de la continuación inmediata del proceso de apertura comercial, sino a través del peligroso sendero de asegurar el mantenimiento de un tipo de cambio real adecuado. Esta meta de las autoridades unida a la ausencia de recursos genuinos –puesto que el déficit del sector público se redujo pero aún subsiste- con los cuales sostener el precio del dólar llevó a la necesidad de emitir dinero nacional para comprar divisas toda vez que existía una presión de oferta de dólares que hubiera llevado su cotización a la baja. Así, la expansión de las variables monetarias tanto de la emisión, como del Circulante, del M1 y del M2 resultó porcentualmente superior a la del año anterior en un contexto de demanda de dinero reprimida. De ello se deriva que no se pudiera cumplir con una de las principales metas anunciadas por la administración: el abatimiento de los porcentajes inflacionarios.

Así pues, la tónica del año 1990 estuvo marcada por un estancamiento productivo y un crecimiento del desempleo unidos a la aceleración inflacionaria y a una buena evolución de las cuentas de comercio exterior pese a la inflexión en el crecimiento de las exportaciones detectada en los últimos meses del año.

El Producto Bruto Interno global creció poco menos de 1% en el correr del año.

El único sector de producción privada que presentó un crecimiento durante el año fue el Agropecuario. En cambio, la actividad de la Industria manufacturera, el Comercio y la Construcción resultó inferior a la de 1989.

Se destaca el incremento del Producto del sector “Electricidad, Gas y Agua”, con una tasa de variación de casi 12% debido al importante aumento en la exportación de energía eléctrica hacia Argentina unido a la ausencia de restricciones en el consumo interno.

A su vez, el sector “Otros” cuyo crecimiento ascendió a 2,6% incluye, con especial ponderación al Gobierno general y a los Servicios financieros.

Esta reducida variación de la producción global, que se tradujo en un virtual  estancamiento del PBI per cápita y que llevó a un crecimiento prácticamente nulo del Producto en el último trienio se acompañó de un incremento en la tasa de desempleo. No puede dejar de señalarse que este aumento del desempleo se registra en un contexto de salario real –público y privado- decreciente. De cualquier manera, debe recordarse que los convenios salariales firmados en el sector privado a partir de setiembre, cobraron plena vigencia recién a partir del mes de diciembre, por lo que muy probablemente se registre una recuperación del salario real privado en el año 1991.

La tasa de inversión resultó nuevamente exigua tanto en términos históricos como internacionales.

La inflación presentó porcentajes crecientes a lo largo de 1990, en una tendencia que se detecta ya desde 1987 considerando variaciones en las puntas de cada año. El porcentaje alcanzado en diciembre se acerca al 130% y sólo se encuentra un guarismo de similar magnitud retrayéndose hasta 1967. Resulta  aún más preocupante el hecho de que las tasas inflacionarias de los últimos tres años presenten porcentajes aceleradamente crecientes.

Por su parte, la política cambiaria, tendiente a mantener la capacidad de competencia del país así como las revaluaciones experimentadas por el austral y el cruzado en el correr del año incidieron en la corriente de exportaciones nacionales hacia Argentina y Brasil al tiempo que desestimularon el ingreso ilegal de mercaderías de dichos países. Este último factor, unido al mayor rigor en los controles aduaneros llevó a una sensible merma de contrabando.

Al igual que el año anterior, nuevamente los mejores resultados se registraron en las cuentas del balance comercial. Las exportaciones se incrementaron respecto a 1989 y bordearon los U$S 1.700 millones, mientras que las importaciones crecieron a una tasa aún mayor, superando los U$S 1.340 millones, por lo que el saldo comercial resultó algo menor al del año anterior: U$S 350 millones.

Durante el año se registraron ciertos avances en las conversaciones con los Bancos acreedores por el tema de la deuda externa aunque las negociaciones concretas habrá que esperarlas el año entrante.

Con el objetivo de conocer más en profundidad la realidad empresarial, la Cámara Nacional de Comercio llevó a cabo, a partir del tercer trimestre de 1990, una encuesta de actividad a partir de una muestra de empresas que se consideró técnicamente representativa. Dicha encuesta cubrió más de 500 puntos de venta y superó las 11.000 personas ocupadas, en los diversos giros comerciales. 

Los resultados arrojados revelan que la evolución de la actividad puede considerarse satisfactoria hasta el tercer trimestre del año pero es francamente  decreciente en el último trimestre del año. A su vez, se observa que mientras hasta el tercer trimestre la preocupación más comentada era el deterioro en la distribución del ingreso, hacia fines del año ésta pasa a referirse al creciente desempleo.

Del mismo modo, se destacó reiteradamente que existe una irritante situación a la que se ve enfrentada buena parte de los empresarios ante el crecimiento del sector informal.

Se puede afirmar que el desenvolvimiento de la economía informal no es privativo los países en desarrollo. En Uruguay este sector ocupa más del 25% de la Población Económicamente Activa y representa un porcentaje cercano al 10% del Producto Bruto Interno formal. 

Puesto que la actividad informal es ya un fenómeno económico y social que en buena medida aparece como respuesta a un sistema legal y tributario sumamente pesado y burocratizado, su eliminación no puede basarse exclusivamente en la represión sino que necesita como base cambios muy profundos en toda la sociedad.

En tal sentido, la reforma del Estado tanto en sus aspectos reguladores como en su actuación en empresas y administración central, la privatización de algunas áreas, la mayor transparencia del gasto público, el incremento de la inversión en capital humano, la agilización del sistema judicial y la reducción de la burocracia, resultan impostergables.

La competencia desleal del sector informal al empresariado legalmente establecido ha llegado a tal gravedad que sobre finales del año la Cámara Nacional de Comercio decidió retirarse de la instancia de diálogo que se había entablado en la Intendencia en procura de corregir el desorden generado y promover ante la justicia competente una Acción de Amparo contra el Intendente Municipal de Montevideo –instrumento jurídico tendiente a garantizar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. El motivo específico de tales acciones lo constituyó la declaración pública del Intendente de Montevideo, proclamando el incumplimiento de las normas vigentes en materia de venta callejera. 

Por último, la gran mayoría de empresarios entrevistados ha manifestado estar preparándose para la integración del país en el MERCOSUR. La incorporación del país a este mercado implica, sin duda, un interesante desafío, tanto para la clase dirigente pública y privada como para los sindicatos.

Sin embargo, pueden plantearse aún algunas dudas respecto a la viabilidad y al éxito de este proyecto, máxime si se tiene en cuenta la exigüidad del plazo establecido.

En efecto, éste es menos de un tercio del estipulado cuando se creó la Comunidad Económica Europea.

Desde el punto de vista macroeconómico es posible identificar tres inquietudes principales:

En primer lugar, una apertura comercial drástica sin una coordinada reforma de otros aspectos de la economía puede traer más perjuicios que beneficios. En efecto, en la actualidad la competencia no se realiza entre empresas sino entre sistemas económicos. Con la actual estructura de servicios públicos locales, cuya calidad y precio están alejados de los niveles internacionales, con la pesada carga burocrática que afecta a toda la actividad empresarial, con un mercado laboral rígido, con un sistema educativo que no ha evolucionado al mismo ritmo que la realidad y con un lento sistema judicial, las empresas nacionales estarán inferioridad de condiciones a la hora de competir con sus pares en el mercado común.

Nuevamente, pues, debe ponerse énfasis en la imperiosa e inmediata necesidad de encarar estas reformas de tono estructural. De lo contrario la apertura comercial –aún en el reducido ámbito regional- fracasará, aunque fuese una opción adecuada para un país con las pequeñas dimensiones de Uruguay, debido a que no fue precedida de las reformas adecuadas.

En segundo lugar, toda apertura comercial implica un cambio en la estructura productiva del país que se abre. Si Uruguay opta por la región en vez de por el mundo, adecuará su estructura productiva a ésta, lo cual, dada la inestabilidad tradicional de Brasil y Argentina, probablemente no sea la opción más eficiente.

En otras palabras, se corre el riesgo de fomentar aún más el desvío de comercio desde y hacia la región.

Existe el peligro de que si en un futuro el mercado se desintegra, nuevamente encontrará a Uruguay con una estructura productiva inadecuada para competir en el mundo.

Este problema puede mitigarse en buena medida con un nivel reducido en el arancel común de la región respecto a terceros países.

En tercer lugar, la reconversión implicará necesidades diferentes de capital en la medida en que muchas actividades desaparecerán y otras deberán adaptarse a las nuevas dimensiones de un mercado de casi 200 millones de habitantes. Dadas estas dificultades que normalmente presenta el país en materia de inversión, muy probablemente este escollo resultará más importante que el de la adaptación de la mano de obra para las nuevas actividades.

Si bien es cierto que la situación nacional dista mucho de la chilena puesto que dicho país hace ya más de diez años que encaró las reformas estructurales que Uruguay aún no ha realizado, no debería descartarse la consideración de una política alternativa, de integración con el mundo a través de un reducido arancel único y general.

Es posible advertir que el pívot de todos los temas que se han tratado es el ajuste estructural: tanto para la reconversión que exigirá el MERCOSUR, como para poder tener éxito en el plan de estabilización ensayado, como para desincentivar la existencia y expansión del sector informal.

Sin medidas de este tenor, nuevamente se vivirán instancias similares a las de los años 1983 y 1984 en las que el necesario ajuste de corto plazo no fue acompañado con reformas más profundas y por lo tanto tuvo efímeros sobre la inflación, a costa de una penosa recesión.