México aprueba reforma energética con protestas

Sucesivos gobiernos intentaron, sin conseguirlo, reformar el monopolio estatal del petróleo en México, que además de ser una fuente indispensable de recursos -más del 40% del presupuesto del país procede de Petróleos Mexicano (Pemex), la décima petrolera a nivel mundial- constituye un motivo de orgullo nacional. Este es el ítem que ha hecho más difícil que los diferentes partidos se pusieran de acuerdo. La reforma aún deben ser aprobada por la Cámara de Diputados, donde han dicho que podrían hacerlo en los siguientes días.

Si bien la petrolera podrá contratar empresas privadas para trabajos de exploración y perforación, la reforma mantiene cerradas las puertas a cualquier tipo de inversión ajena al Estado, nacional o extranjera. Este último punto es el que hizo posible que una cuota importante de opositores suscriban la iniciativa del gobierno de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN).

Avalada previamente en comisiones, las modificaciones legales estipulan que Pemex puede celebrar contratos de obras y prestación de «servicios con personas físicas y morales» y las reformas estipulan que sus pagos se harán siempre en efectivo, y en ningún caso se les cederá parte del crudo o sus derivados. De esta manera senadores señalaron que se descarta el uso de contratos de riesgo -mecanismo utilizado internacionalmente que implica compartir con empresas ganancias o un porcentaje de la producción-.

Sin embargo, el líder izquierdista y ex candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador y un grupo de militantes opositores, descontentos con la inminente votación afirmativa del Parlamento, decidieron esperar a los representantes frente a las instalaciones del Senado de la República para impedirles su entrada. De esta manera los senadores se vieron obligados a sesionar en una sede alterna.

López Obrador declaró a los medios de prensa que tenía intenciones de entrar a la votación para argumentar su objeción a la iniciativa legislativa, que cuenta con el consenso de los bloques mayoritarios, incluido el partido al que él pertenece, el de la Revolución Democrática (PRD), segunda fuerza legislativa del país. Este partido ha sido el que más ha defendido la reforma energética.

El jefe de senadores del PRD, Carlos Navarrete, expresó que «No se trata de una minirreforma, es la reforma posible que se pudo construir en el Senado. Y hoy la reforma posible es la mejor para Pemex». Así también, el oficialista Fabio Beltrones, declaró que ésta «es una gran reforma. Tenemos reforma para los próximos 30 años».

La explicación de tanto consenso entre oficialismo y oposición está en que los partidos políticos mexicanos -que no están en su mejor momento ante la opinión publica, producto de la inoperancia ante el crimen organizado, embanderado por los narcotraficantes- intentaron en todo momento que sus diatribas internas y externas no perjudicaran una reforma que ambos creen necesaria, para así poner punto final a una asignatura pendiente que el país viene arrastrando desde hace dos décadas.

SÍMBOLO. Desde su creación en el siglo XIX, la industria petrolera mexicana estuvo en manos de empresas británicas y estadounidenses. Luego, en 1938 llegó la nacionalización, de manos del presidente Lázaro Cardenas. Desde ese momento el petróleo se convirtió en el símbolo más evidente de nacionalismo revolucionario y en la solución casi mágica a los problemas de gobiernos sucesivos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -que gobernó México durante siete décadas hasta 2000-. El oro negro sirve para enfrentar crisis económicas, conflictos sociales y, sobre todo, se transforma en una herramienta política muy poderosa para mantener un sistema basado en el paternalismo.

El mayor ejemplo lo constituye el sindicato de los trabajadores de Pemex, una organización vertical que se convierte en uno de los más ricos y poderosos del mundo. Tal era su poder que hubo una época que, en vez de recibir aportaciones de los trabajadores asociados, les subvencionaba hasta vacaciones. Aunque ese poder fue decayendo, al igual que las reservas petrolíferas que ya no dan para más de 10 años, la prueba de su fuerza es que la actual reforma no se atreve a recortar el poder fáctico que todavía ejerce. «El Gobierno no se ha metido con el sindicato», explicó el senador Navarrete, «porque no quiere golpear el avispero y el PRI porque son parte de su estructura».

La reforma busca una mayor autonomía presupuestaria de Pemex, permitiéndole utilizar hasta 1.300 millones de dólares en los próximos cinco años, y además otorga a la compañía la potestad de gestionar su deuda.

Además, y por primera vez, la reforma establece los mecanismos necesarios para que el funcionamiento de la compañía sea transparente. A pesar de su trascendencia, la reforma petrolera sólo ha saltado a las primeras planas de los periódicos cuando ya estaba cocinada.

La situación de violencia que vive el país y la crisis económica mundial desviaron la atención, lo que permitió que la discusión entre los partidos llegara al consenso.