Mientras los ecuatorianos dormían, llevaron a Brasil al ex presidente

Gutiérrez estaba cercado por grupos de activistas que pretendían no dejarlo salir de la residencia del embajador brasileño en Quito a la que ingresó el miércoles tras ser derrocado por el Congreso. La fiscalía ecuatoriana había emitido una orden de arresto en su contra para que responda por el «delito flagrante» por reprimir las protestas populares que provocaron su caída; en las acciones policiales habían fallecido dos personas.

El ex mandatario, enfundado en un pasamontañas, salió sin problemas a las cuatro de la madrugada de Quito cuando estaban ausentes sus severos críticos. Pocos horas después, sobre el mediodía en Uruguay, había arribado a Brasilia, acompañado de su esposa e hija.

Simultáneamente, los manifestantes llegaban a la residencia diplomática y con decepción se enteraban de la «fuga».

EXTRADICION. De acuerdo con el derecho internacional, Ecuador tenía la obligación de permitir la salida de Gutiérrez cuando Brasil había aceptado asilarlo. Sin embargo, el gobierno del flamante presidente Alfredo Palacio, mostró ayer la intención de solicitar la extradición del ex mandatario.

«Nos reservamos el derecho de pedir la extradición del señor Gutiérrez», expresó el canciller Antonio Parra Gil. El ministro agregó que eso se concretaría «una vez que se inicien los procesos penales contra él por los delitos cometidos», aunque no precisó cuáles son eso delitos.

Las manifestaciones del martes y miércoles últimos dejaron un saldo de dos muertos (incluido un fotógrafo chileno), 54 heridos y 143 asfixiados por las bombas de gas lacrimógeno disparadas por la fuerza pública para disolver las protestas. El canciller agregó que Brasil concedió asilo a Gutiérrez, su esposa, la diputada Ximena Bohórquez, y sus dos hijas, Viviana Estefanía (15 años) y Karina Ximena (20). La familia ya esta alojada en una casa cedida por el Ejército brasileño.

CRISIS. Ahora con Gutiérrez fuera del país, los problemas continúan para el nuevo gobierno de Palacio, que de momento no ha sido reconocido por ningún país. La comunidad internacional duda de la constitucionalidad de la medida con la que el Congreso depuso al ex mandatario, por mayoría simple y sin un proceso de juicio político.

Una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), viajó a Quito para investigar la legalidad de la sucesión del poder aplicada en Ecuador; Gutiérrez fue destituido el miércoles por abandono del cargo cuando aún permanecía en la residencia presidencial.

También la Comunidad Sudamericana de Naciones y el Grupo de Río, representando a todo el continente, han expresado su preocupación por la nueva institucionalidad ecuatoriana.

El país tampoco cuenta con magistrados en la Corte Suprema, cesados por el depuesto presidente Gutiérrez el 15 de abril en uno de sus últimos intentos por forzar al Congreso dar a una salida a la crisis institucional que se venía acarreando desde finales del 2004.