Modificarán compras, contratos y concesiones que hace el estado

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, anunció que trabaja junto con Economía en la elaboración de una «nueva política de compras públicas» y otra de inversiones públicas que implicará cambios «sustanciales» en la forma de contratación, compras y concesiones, de forma de «agilitar los procesos» y evitar las «trancas» que se generan con los controles «ex ante» del Tribunal de Cuentas.Al disertar en un almuerzo de la Asociación de Despachantes de Aduana, Rubio dijo que actualmente «todos esquivan los controles porque si no, no pueden hacer nada». Por esto, ahora, «la idea es que todo se pueda hacer con agilidad y que los controles sean a posteriori».Algunas modificaciones al Tocaf en este sentido fueron introducidas por la ley de Rendición de Cuentas. Allí se otorgó la posibilidad a Antel de hacer contrataciones para los servicios en competencia remitiendo los expedientes al Tribunal de Cuentas con posterioridad para evitar las trabas burocráticas. Rubio enfatizó que el objetivo es «terminar con la cultura del expediente y la papelería».El proyecto de ley se analizará el lunes en el Consejo de Ministros donde se espera que se discuta la reforma del Estado.La modernización del Estado no implicará un mayor costo, según Rubio, sino que derivará en un incremento de la productividad. El director de la OPP sostuvo que con los mismos recursos que se utilizan hoy (el gasto público que representa el 26% del Producto Interno Bruto) se deberán hacer «entre cinco y diez cosas más».Rubio dijo que en lo que queda del período de gobierno se definirá «la base» de la reforma del Estado, pero que la reforma completa necesitará «otro período de gobierno» más para concretarse. De todas formas, se resguardó en que puede llevar incluso más tiempo ya que «los uruguayos cuando nos hablan de hacer cambios levantamos la mano pero cuando hay que hacer las reformas bajamos el brazo».FUNCIONARIOS. En las próximas semanas se aprobará una modificación al decreto 500 que busca «abreviar los plazos de los sumarios y las destituciones» sobre la base de procedimientos más ágiles que, entre otros puntos, garanticen la eliminación de la caducidad de la pretensión punitiva de la administración a los dos años de iniciado el sumario, dijo Rubio.La Constitución prevé la posibilidad de destituir a un funcionario público por ineptitud, omisión o delito. Según el director de la OPP actualmente esto genera «grandes expedientes» y un «hartante proceso que termina en el Senado después de años de dar vuelta y con casos increíbles como una persona que cobró durante un año y nunca se apareció».Rubio resaltó que entre las modificaciones que se promoverán en los próximos meses a nivel de funcionarios se incluirá el salario variable por productividad y una nueva figura de contratación pública que sea «complementaria» y que permita la «renovación expresa y no tácita» de los contratos.