Movida de empresarios se inserta en la campaña.

La movida de los empleadores convertirá al proyecto sobre negociación colectiva en un tema de campaña. Este mediodía, en una reunión que fue solicitada en forma urgente por las entidades, plantearán al precandidato blanco Jorge Larrañaga su rechazo al proyecto del gobierno. De ella participarán el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alfonso Varela, el titular de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, y el de la Cámara de la Construcción, José Ignacio Otegui.

Pero Larrañaga los esperará con una novedad que les caerá bien: un par de horas más tarde presentará en rueda de prensa un proyecto alternativo sobre regulación de la negociación colectiva, según se informó en la tarde de ayer. Será durante una conferencia de la lista 504000 de Rodolfo Saldain.

Varela, titular de la Cámara de Comercio, dijo anoche a El País que harán una ronda de contactos «con todos» los precandidatos, es decir incluyendo a los del Frente Amplio (FA), cuya bancada apoya el proyecto de ley que los empresarios objetan.

El tema se encuentra en medio de una acentuada polémica luego que el miércoles 10 la bancada de diputados del FA votara de apuro el proyecto oficialista en la comisión de Legislación laboral con la eliminación del capítulo que regula las ocupaciones. El sector empresarial que agrupa a las 24 cámaras se opone en forma total al proyecto de ley que el Frente Amplio piensa convertir en ley en el correr del mes de julio.

OBJECIÓN. El sector empresarial ha manifestado su «profunda discrepancia» hacia el proyecto de negociación colectiva presentado por el gobierno. En un documento, cuestionaron que si bien la norma apunta a regular la negociación colectiva y el conflicto, eso no incluye a los gremios, generando un desequilibrio en la relación tripartita.

Otra crítica se fundamenta en que el sistema de negociación propuesto en el proyecto «no respeta la libertad de negociar de las partes», establecida en el Convenio 98 de OIT. El proyecto ubica a los Consejos de Salarios como medio para resolver «prácticamente todo», no sólo en materia de sueldos sino también en cuanto a condiciones de trabajo.

Entre las omisiones, se destaca que no se hace referencia a la cláusula de paz. También se hace especial hincapié en que el proyecto obliga a las empresas a dar información confidencial pero no fija la responsabilidad que le cabe a los sindicatos si violan la confidencialidad.