MTSS juega última carta para consensuar fueros

Luego de dos horas y media de intercambio junto a autoridades del Ministerio de Trabajo y legisladores, cámaras empresariales y sindicatos se mantuvieron firmes en sus respectivas posturas, situación que llevó a la secretaría de Estado a retomar la iniciativa y proponer una última gestión antes de que el proyecto sea considerado por el Senado.

El Ministerio, a través del director nacional de Trabajo, Julio Baraibar, se comprometió a elaborar un documento que incluya aportes realizados en el marco de la comisión por unos y otros. El texto será entregado el viernes 28 y considerado por las partes el lunes 31, día que vencerá el plazo que dio el gobierno para llegar a un acuerdo sobre eventuales modificaciones al proyecto de ley.

Baraibar dijo a El Observador que procurará entregar la propuesta antes de los previsto, posiblemente el miércoles, a efectos de dar tiempo para su estudio. Dijo que el ideal del proyecto es que “abarque las generalidades” de los conflictos que se puedan suscitar.

Con respecto al alcance del fuero, el negociador sindical Milton Castellano expresó a El Observador que los delegados del PIT-CNT reiteraron su defensa de la “universalidad de un derecho básico para todos los trabajadores sindicalizados, sean dirigentes o no”.

Para el delegado de la Cámara de Industrias, Andrés Fostik, aún permanecen “puentes que no hay cómo cruzar”, dado que el sector empresarial considera inviable la aceptación de la extensión de la cobertura legal que otorgará el fuero a todos los empleados de las empresas. “Los acuerdos no existieron: el PIT-CNT no se movió de su lugar”, dijo Fostik a El Observador.


Dirigentes y afiliados. Otro aspecto generador de disenso en el debate remite a la reinstalación de los despedidos y discriminados por motivos vinculados a la actividad gremial, y está estrechamente vinculado al alcance del fuero.

En este punto, la representación de las cámaras presentó un matiz respecto a la postura que había mantenido hasta la reunión de la semana pasada, apuntando al establecimiento de procedimientos legales diferenciados para abordar la reinstalación de los despedidos.

Los empresarios propusieron para el caso de los dirigentes un mecanismo basado en el recurso de amparo, proceso legal cuya duración es de 20 días, y para quienes no son dirigentes una fórmula de “proceso por incidentes” que puede extenderse hasta seis meses, explicó Castellano.

El sindicalista indicó que si bien la iniciativa tiende a aproximar las posiciones previas, todavía persisten discrepancias alrededor de la universalidad o no del fuero, tema que todos consideran medular porque también marca la lógica para definir a los sujetos de las reinstalaciones.

Castellano rescató del encuentro el hecho “positivo” que surge de la nueva apuesta del gobierno en busca de una solución consensuada.

Fostik, por su parte, adelantó que no sería “comprensible” que el Ministerio vuelva a trabajar en un “documento consensuado que implique la reinstalación de todos” los trabajadores eventualmente despedidos.

Además, manifestó la cautela del sector empresarial acerca del tramo de “130.000 microempresas” cuyo plantilla promedio se limita a un sólo empleado, las que tendrían “pocas posibilidades” de ganar un litigio laboral.

En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, Eduardo Ríos, quien participó en el encuentro de la comisión, ratificó que si las partes no arriban a un acuerdo, el proyecto será impulsado en el Senado con “la uniformidad de la fuerza política” que conduce el Estado.