Mujica se cansó de los públicos y prohíbe ocupar oficinas estatales.

El presidente José Mujica dijo «basta». Se cansó de lidiar con los gremios públicos. Desde que asumió, son los que más dolores de cabeza le han ocasionado. Por eso, ayer firmó un decreto a través del cual no se permitirán más ocupaciones de oficinas del Estado.
Y así impedirá lo que ya se preveía como una seguidilla de invasiones de oficinas públicas, anunciadas por distintos gremios. Para empezar, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) dijo que parte de sus manifestaciones en rechazo de la ley de Presupuesto, sería la ocupación de ministerios. Desde la banca oficial también se manejó esta posibilidad para el caso de que la negociación con los directorios de los bancos no prosperara.

A esto se suma que pocos días atrás los funcionarios del Poder Judicial ocuparon la Suprema Corte de Justicia durante cuatro horas; los funcionarios fiscales ocuparon las fiscalías civiles, los funcionarios de la Universidad hicieron lo propio con la Facultad de Medicina y el pasado miércoles fue ocupada la Intendencia de Tacuarembó.

Ante este panorama, y con la ocupación de la comuna de Tacuarembó como corolario, el gobierno se plantó. De ahora en más no se podrá ocupar ninguna oficina de la Administración Central, entes autónomos, servicios descentralizados, Poder Judicial y Legislativo, entre otras.

Más lío. Pero el problema que se ahorró por un lado, se lo sumó por otro, ya que los empresarios exigen ser incluidos en el decreto.

El presidente saliente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, dijo a El Observador que «acá no hay ciudadanos de primera y de segunda. La ley debería ser pareja para todos y cualquier local que se ocupe debería tener el mismo tratamiento». Para el jerarca «no es correcto que se discrimine entre público y privado», por lo que adelantó que se intentará «que el decreto sea extensivo a la actividad privada».

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Alfonso Varela, dijo a El Observador que la nueva norma «va en la línea de lo que tiene que hacer el gobierno, que es consagrar la desocupación de los lugares de trabajo». Señaló que «lo que falta es extender el proceso de desalojo a la actividad privada», aunque criticó que el mecanismo previsto «es burocrático de más».

De todas formas indicó que «hay una reacción del Poder Ejecutivo, buena e incompleta», y señaló que «los considerandos de la ley son extensivos a la actividad privada». Según Varela, la nueva norma es «un reconocimiento de que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga». Y en el PIT-CNT prefieren no hablar públicamente del tema hasta que hoy se reúna el Secretariado para analizar el texto de la nueva norma. Sin embargo, varios dirigentes consultados por El Observador coincidieron en señalar que el decreto es «muy duro» e «inoportuno», y rechazan su puesta en funcionamiento.

Qué dice. El decreto establece que «ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una instalación pública», se procederá por el jerarca de la misma «a solicitar el desalojo de dicha dependencia al Ministerio de Trabajo», que intentará «una conciliación sujeta a condición de que los ocupantes depongan su medida en forma inmediata». Si la conciliación no resultara, el Ministerio «procederá a intimar la desocupación inmediata de los ocupantes bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública». De persistir la situación, «se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores» u ocupantes que no fueran funcionarios de la dependencia.

El decreto considera que no puede permitirse la ocupación de oficinas públicas porque dentro de sus principales fines está la protección «de la totalidad de los derechos humanos», y «la mayoría de los inmuebles donde tiene asiento la Administración se encuentra destinada a oficinas que tienen por objeto la promoción, desarrollo y salvaguarda de esos derechos y que su ocupación por parte de huelguistas interfiere y hasta eventualmente hace nulo el desarrollo de los mismos».