Para el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, hubo una “disminución de conflictos desde 1995 a 2005”, pero éstos tuvieron “motivaciones distintas”. En diálogo con El Observador, el secretario de Estado confirmó que en la futura ley de prevención de conflictos no se fijarán plazos para la negociación bipartita en el ámbito de las empresas y adelantó la posibilidad de que las fases posteriores del diálogo a nivel tripartito (Dinatra y Consejos de Salarios) no sean escalonadas sino simultáneas.
A lo largo de 1995 y 1996 la mayor parte de conflictos y ocupaciones se dio “en la construcción y debido a problemas de salud en el trabajo”; en 2002 “fueron por la crisis”, pero en 2005 “la mayoría de los conflictos” se produjo “a partir del incumplimiento del sector privado”, dijo Bonomi.

Si bien el pasado fue “el tercer año en cantidad” de conflictos en los últimos 11, también fue el que registró “menos horas perdidas (de trabajo) sumando las ocupaciones. Uno puede acentuar en las ocupaciones o en la menor cantidad de horas perdidas”, reflexionó el ministro.

Añadió que también “se pueden establecer porcentajes” de conflictos sobre la “cantidad de sindicatos: en 2005 se formaron 400 sindicatos”.

Dijo que se ha “hablado de la inexperiencia” de los nuevos actores sindicales, pero equiparó ese factor con “la inexperiencia de los empresarios, que antes no tenían sindicato, empezaron a tener y muchas veces ese es el motivo del conflicto”. “Quiero dejar claro que en el año 2005 el motivo fue el incumplimiento: incumplimiento respecto a lo que había antes y, sobre todo, después de los Consejos de Salarios”.

Aclaró que “no digo que todos los empresarios sean incumplidores: ni siquiera la mayoría son incumplidores”, precisó.

Señaló que casi “no ha habido uso” de la ley de fuero sindical y admitió “no” contar con “elementos” para comprender por qué ocurre eso; Bonomi reconoció que “hubiera preferido, en muchas de las movilizaciones” de los últimos tiempos, “que se hubiera recurrido a la ley” por parte de los gremios.

Al referirse a los pasos para prevenir conflictos que marcará la futura ley impulsada por el gobierno, Bonomi confirmó lo adelantado días atrás a El Observador en el sentido de “separar lo que es la negociación bipartita”, que “no” dependerá de “plazos” rígidos, de las etapas posteriores a nivel tripartito (Dinatra y Consejos de Salarios). Sostuvo que estas dos fases, concebidas originalmente como escalonadas en caso que la anterior no generara resultados, constituirían una “batería de posibilidades: no necesariamente” quedarían “escalonadas”, sino que podrían operar “simultáneamente”.

“Actualmente”, la ley dispone “siete días” para la negociación tripartita.

Si a nivel bipartito no se llega a “un acuerdo total pero se está avanzando”, los actores podrán negociar “tres días más, cuatro días más: no hay problema porque se está sentando la posibilidad de un acuerdo”.

Pero si las conversaciones no prosperan “cabría” la opción “de llevar (el caso) a la Dinatra y al Consejo de Salario al mismo tiempo”, con tiempos “que no superen los siete días: cuando pasa a la negociación tripartita empezamos con los plazos”.

Los redactores del anteproyecto han “tomado” la parte del articulado que “hablaba” de los servicios esenciales, elemento que “no va: ya existe una ley para los servicios esenciales”. Por ello “no necesariamente” habrá un artículo sobre el punto en la futura norma.


¿Y las ocupaciones? Al referirse a la cuestión de la legitimidad jurídica de las ocupaciones, el ministro Bonomi explicó que esa medida “recibe un tratamiento jurídico diferente según sea pacífica o violenta: en el segundo caso puede configurar ilícito o pena, pero no en el primero, que es considerado, a mi medida, como una asamblea permanente en el lugar de trabajo”.

Citando textualmente al catedrático de derecho laboral Santiago Pérez del Castillo, Bonomi subrayó: “sin duda que en la voluntad de los ocupantes no aparece la motivación de apropiarse ni dañar los bienes de la empresa, sino reforzar su derecho de huelga, porque presumen poco eficaz el simple cese de la prestación de servicios”; no obstante, prosiguió, “que no se configure un delito no significa que el derecho de propiedad no sea afectado”, por lo cual, finalmente, “el local desocupado se entrega a sus propietarios”.

En cualquier caso, añadió Bonomi acudiendo al académico, “interesa destacar simplemente que la usurpación de un bien ajeno es cosa diversa de la ocupación del establecimiento donde el trabajador se desempeña”. Esto surje de que “como (el ocupante) no es un tercero extraño en su lugar de trabajo no se trata de una invasión de la propiedad plena; lo unen a su ambiente de trabajo vínculos de índole personalísimo”.

En virtud de esa interpretación, indicó Bonomi, cuando fue desalojada por la fuerza la curtiembre Naussa “quien lo hizo estableció que se había usurpado el bien: precisamente en lo que acabo de leer se establece la diferencia entre ocupación y usurpación”.

De acuerdo a Pérez del Castillo, añadió el titular de Trabajo, y ante “la ausencia de disposiciones específicas, la juridisprudencia no considera la ocupación de los lugares de trabajo entre los delitos contra la propiedad”. Además, “tampoco se tipifica como violación de domicilio porque el objeto tutelado en este lugar es la reserva o la intimidad propia del hogar, que tiene características distintas a lo que debe preservarse en el sitio de trabajo”.

Con sus propias palabras Bonomi recordó que “la propiedad de un medio de producción establece a la vez una responsabilidad social, y en el no cumplimiento de esa responsabilidad social surgen los conflictos”.

Bonomi reitero que la “derogacion del decreto (que hablitaba a la Policía a desalojar lugares de trabajo ocupados) lo único que hizo fue privar que el empresario pudiera pedir” esa opcion, es decir que “una de las partes del conflicto apelara a la Policía”.

Lo que generó el decreto “fue negar solamente esa posibilidad” a las empresas, la cual “lo único que hace es criminalizar las ocupaciones”.