Nuevo tratado regirá para banqueros

Un tratado de extradición entre Uruguay y los estados parte del Mercosur, más Chile y Bolivia, vigente desde hace un año determina que aunque los banqueros Carlos Rohm y José Peirano —sobre los que hay solicitudes de extradición en trámite, desde Uruguay a Argentina, y desde Paraguay a Uruguay— primero deberán cumplir la pena en el país en el que fueron procesados, pero posteriormente deberán ser extraditados para ser juzgados en el país que los requiere.

El catedrático en derecho internacional privado y director de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional Eduardo Tellechea explicó a El País que el tratado de extradición presenta una serie de novedades que lo pone a tiro con las novedades que hay en la materia.

El nuevo documento, vigente desde julio de 2002, determinan que siempre que exista un pedido de extradición el Estado requerido tiene que analizarlo para decidir si procede o no. «No corresponde poner como excepción que la persona está cumpliendo condena o que hay un proceso local», explicó Tellechea.

Aunque generalmente la extradición se concede después de que la persona cumpla la pena en el país en el que fue procesado primero, el catedrático explicó que el tratado señala que «la entrega se podrá aplazar», lo que significa que también puede ser entregado de inmediato, antes de cumplir la pena.

Otra ventaja del nuevo documento es que «ya no utiliza una solución antigua que era incluir una lista de delitos por los cuales funcionaba la extradición. Esto llevaba a que si había un delito nuevo que no estaba en la lista se dificultaba la extradición».

Por este tratado, en cambio, son extraditables las personas que cometieron cualquier delito con determinado nivel de gravedad, cuya pena máxima privativa de libertad no sea inferior a dos años.

Al igual que en otros casos, exige la doble incriminación (que la conducta sea delictiva en ambos países).

Otra novedad del documento es que deja fuera de la excepción el delito político —delitos que impiden la extradición— los delitos gravemente lesivos a los derechos humanos como son el genocidio, los crímenes de guerra y el terrorismo. Son considerados actos terroristas los atentados contra la vida, la integridad física o la libertad de personas que tengan derecho a protección internacional, la toma de rehenes o el secuestro de personas, el uso de bombas o explosivos, y cualquier acto con propósito de atemorizar a la población, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico.

GARANTIAS. La pena que se aplique tampoco podrá ser más grave que las que prevé la legislación del país que concede la extradición.

Tellechea explicó además que si esa persona comete un delito menor, como la falsificación de documento público en el territorio requerido «no corresponde invocar que ha cometido ese delito para negar la extradición».

Tampoco impiden la entrega de la persona, juicios en materia civil que pueda tener pendientes en el país.

ESTADOS UNIDOS. Con Estados Unidos la situación es muy diferente porque el único tratado existente en materia de extradición es de abril de 1973 y contempla una lista de unos 30 delitos, entre los que se incluye la estafa.

Tellechea explicó que ese tratado no es malo pero no es de los que forman la nueva generación.

Entre las disposiciones de ese tratado, aprobado en Uruguay en el año 84 por el decreto ley 15.476, se determina que la nacionalidad no es eximente de la extradición.

El artículo 11 determina que la detención provisoria se tiene que hacer llegar por medio del Ministerio del Interior del país requirente y dentro del plazo de 45 días deberá presentar el pedido de extradición.

De lo contrario la persona deberá ser puesta en libertad y procederá la extradición si se envía nuevamente.

ASISTENCIA PENAL. Sí existe con Estados Unidos un tratado de asistencia penal mutua de mediados de los años 90, además del Protocolo de San Luis que se aplica al Mercosur.

La asistencia penal incluye pedidos de declaración de testigos, embargos, notificación de testigos que serán llevados a cabo siempre por el juez local. «Estos tratados excluyen a texto expreso que las autoridades de otro país puedan cumplir en territorio de nuestra República, actividades que la ley prevé como propias de nuestras autoridades».

Para estos casos de cooperación penal no se requiere la doble incriminación. En cambio será un requisito si la cooperación incluye medidas cautelares o entrega de instrumentos, etc.

Otra novedad de estos tratados que recién se está comenzando a aplicar es que la persona puede ir a declarar al país donde se la investiga. De todos modos Tellechea explicó que «a veces no se realiza en forma adecuada con lo que prevé el tratado» y por eso se rechaza.

En ese sentido señaló que se trata de «una invitación. A la persona se la invita si no quiere no va, y si va se le tiene que pagar los gastos de traslado y estadía».

«Además va con un salvoconducto, es decir que no es responsable de otra causa distinta a la que se le quiera imputar anteriormente a su salida del país, y no se le podrá preguntar en relación a otra causa más allá que aquella específica», explicó.

Uruguay recibe y envía 3.500 pedidos por año

En los últimos tres años la actividad de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional aumentó al punto que se están tramitando 3.500 rogatorias por año, y probablemente al finalizar el 2003 el monto de exhortos tramitados sea mayor.

Según explicó el director de esa división dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, el incremento se debe a la ratificación por parte de Uruguay de convenios interamericanos que establecen asistencia judicial en materia comercial y penal.

La aprobación en los últimos años de textos con los países del Mercosur, «cubren todo el universo de la asistencia internacional, además de que ofrecen máximas garantías de seguridad».

Tellechea explicó que además esta tarea se está cumpliendo de manera efectiva y rápida. «Mientras que antes el pedido o rogatoria demoraba tres o cuatro meses, actualmente en 48 o 72 horas, un pedido de cooperación que llega es informado y va al juzgado correspondiente para diligenciar».

Incluso con Argentina y Brasil los pedidos de cooperación se tramitan en tiempo récord. «En 24 o 48 horas estamos recibiendo el pedido de la Argentina y Brasil y lo estamos enviando al juzgado y comunicando a la Suprema Corte de Justicia para que tenga conocimiento de la solicitud».

«Todo eso ha permitido que se recurra a la cooperación siempre que sea necesario y que no se la emplee como una chicana», aseguró.

Sólo en la materia penal, a través del Protocolo de San Luis, se tramitan por año 350 rogatorias.

En materia civil, existe entre los países del Mercosur el Protocolo de Las Leñas. Pero además se ha firmado con Chile y con Bolivia, un acuerdo espejo al de Las Leñas.

Ese texto aunque fue aprobado entre los Estados, aún no está vigente por ley, «pero el día en que lo esté va a permitir tener 13 millones de kilómetros cuadrados y 250 millones de personas vinculadas por los mismos textos».

«Ello facilita mucho la labor de jueces, fiscales y abogados ya que existirá un mismo texto para todo el Mercosur», afirmó Tellechea.

? El 80% de las solicitudes internacionales corresponde a países del Mercosur y Chile. El restante 20% se integra por diligencias entabladas con España, Estados Unidos, México e Italia y, después con Bolivia y China.

En materia penal los países del Mercosur cuentan con el Protocolo de San Luis, que permite entre otras cosas que los jueces de otros países pueden estar presentes en las audiencias.

Con Estados Unidos existe un tratado de asistencia penal mutua de mediados de los 90. El 50% de las solicitudes que se diligencian con EE.UU. corresponden a asuntos vinculados al narcotráfico.

También rige con los países del Mercosur el Protocolo de Las Leñas, en materia civil, comercial y administrativo y el Protocolo de Ouro Preto, de medidas cautelares.

En materia de menores se aplica la convención de La Haya que ha permitido agilizar en forma importante pedidos de restitución de menores.