Obligarán a las oficinas públicas a dar información

«Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas y/o confidenciales», indica el proyecto de ley de acceso a información pública que se analiza en la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

El proyecto sostiene que el acceso a la información pública «es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información».

Añade que «las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial».

El proyecto indica que los organismos públicos deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios, información mínima sobre su estructura orgánica, sus facultades, su estructura de remuneraciones por categoría, concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información.

Entre la información que se puede clasificar como reservada se encuentra la que pueda comprometer la seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar la conducción de las negociaciones o de las relaciones internacionales, y dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. La información clasificada previamente como reservada, permanecerá con tal carácter hasta un período de quince años

Sin embargo, las causas de reserva no se podrán invocar cuando la información solicitada se refiera a violaciones a los derechos humanos.

El organismo consultado por escrito tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta. El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas por otros veinte días hábiles.

Pero si no hubo prórroga o resolución, el interesado podrá acceder a la información solicitada, «considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela».

Falta grave. De aprobarse como ley, «constituirán falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder» denegar información no clasificada como reservada o confidencial», «la omisión o suministro parcial de la información requerida, actuando con negligencia, dolo o mala fe» y «permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial.

El proyecto crea como órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), dotado de autonomía técnica, la Unidad de Acceso a la Información Pública. La misma estará dirigida por un Consejo Ejecutivo integrado por tres miembros: el director ejecutivo de Agesic y dos miembros designados por el Poder Ejecutivo. Ese Consejo funcionará asistido por un Consultivo integrado a su vez por cinco miembros.