Ocupaciones y libertad sindical en la agenda del gobierno

 El MTSS entiende que tanto el proyecto de ley de libertad sindical como la derogación del decreto sobre las ocupaciones de locales de trabajo son temas sensibles que merecen “cautela”.

Según dijo a El Observador el subsecretario del MTSS, Jorge Bruni, las discusiones sobre estos puntos “no están cerradas”, sino que continúan siendo analizadas con miras a encontrar “soluciones consensuadas” entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos.

El jueves –el mismo día en que el PIT-CNT realizó el primer paro general parcial bajo el nuevo gobierno de izquierda–, las cámaras empresariales le solicitaron al ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, que estos dos puntos f ueran discutidos a nivel del Consejo Superior Tripartito del sector privado, ámbito de negociación que integran el gobierno, las empresas y los sindicatos.


Reparos desde el EP-FA. Algunos de los artículos del proyecto sobre libertad sindical –presentado por los diputados Juan José Bentancour e Ivonne Passada, ambos del EP-FA– recibieron reparos del ministro Bonomi y de legisladores del gobierno, dijeron a El Observador fuentes de la coalición de izquierda. En particular, el senador Eduardo Ríos (Alianza Progresista) solicitará mañana a los diputados que redactaron el proyecto que modifiquen el artículo que obliga a las empresas a probar que el despido de un dirigente sindical es por causas justificadas y que no tiene que ver con su actividad como dirigente gremial.

Ríos considera que es suficiente la aprobación de una ley sin darle al empleador la obligación de probar que el despido de un sindicalista es por causas justificadas.

Además, el ministro Bonomi transmitió a los legisladores del EP-FA que se había ido “demasiado lejos” en la redacción de este artículo.

El proyecto obliga a restituir a los trabajadores despedidos por razones sindicales, establece que la empresa debe probar que el despido fue por causas justificadas –invirtiendo la carga de la prueba– y crea un registro público de infractores a la libertad sindical retroactivo al 1º de marzo, cuando asumió el nuevo gobierno.

La inversión de la carga de la prueba es uno de los aspectos del proyecto que más preocupa a los empresarios. “Aquí se abre toda una línea muy subjetiva que atenta contra el propio criterio objetivo que debería tener la ley, además de que no entendemos que existan razones decisivas que impidan al trabajador probar lo que alega, en este caso, el acto de discriminación sindical. No visualizamos elementos que hagan aconsejable la inversión de la carga de la prueba”, dijo en la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados el asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos.

Este punto –como todo el proyecto– fue defendido por los delegados del PIT-CNT que concurrieron a la comisión parlamentaria.

Consultado por El Observador, el subsecretario Bruni reconoció ayer que uno de los puntos más sensibles del proyecto es la inversión de la carga de la prueba.

“Esta es una cuestión que se debe analizar con mucha profundidad porque es un tema muy sensible en el que es posible que confluyan más de una opinión y seguramente todas son dignas de tenerse en cuenta”, afirmó.

Bruni dijo que el planteo de los empresarios sobre el desalojo de locales de trabajo y el proyecto de libertad sindical “no pueden verse como hechos aislados, sino que forman parte de una temática que merece un análisis global”. Destacó asimismo la buena predisposición de la cartera para profundizar en ellos.

El subsecretario resaltó además la necesidad de que ambos temas sean “manejadas con cautela”, en vista de “la sensibilidad” que los mismas despiertan en todos los sectores involucrados.

Mañana una delegación de las cámaras empresariales irá a la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados a hablar sobre el proyecto de libertad sindical.