Ofensiva empresarial para frenar ley de negociación.

Los empresarios lanzaron una ofensiva para frenar el proyecto de ley de negociación colectiva para el sector privado elaborado por el Poder Ejecutivo y que el Parlamento se apresta a aprobar con votos del oficialismo.
Siguiendo la estrategia de la Cámara de Industrias –que el lunes reunió a sus afiliados para marcar sus críticas contra la iniciativa del gobierno–, ayer fue el turno de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), que convocó a sus más de 115 gremiales para ratificar su coincidencia con la posición industrial.

En el encuentro de ayer, el asesor jurídico de la CNCS, Juan Mailhos, recordó que ambas cámaras presentaron ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en enero una queja sustentada en que el gobierno uruguayo viola cuatro convenios internacionales que había ratificado con el organismo.

En diálogo con El Observador, Mailhos indicó que, ante esa queja, el gobierno uruguayo recibió un pedido de la OIT para que la contestara. Pero la respuesta nunca fue enviada.

Luego de eso, el organismo internacional hizo un nuevo pedido a Uruguay. Y si la contestación no llega los empresarios pedirán que la queja pase a la Comisión de Libertad Sindical de la OIT en carácter de grave y urgente, posiblemente para ser tratada en noviembre de este año.

Mailhos recordó también que, en esa convención anual del organismo recientemente finalizada, Uruguay estuvo en la lista preliminar de países para ser evaluados por una comisión de aplicación de normas, hecho que finalmente no ocurrió.

De esta manera, los empresarios también acuden al ámbito internacional para intentar que el proyecto de ley no tenga aprobación parlamentaria.

A nivel local, las cámaras de Comercio y de Industrias se reunieron con todos los precandidatos de los partidos políticos, excepto Danilo Astori, quien aún no confirmó la fecha para recibir a los empresarios. Todos los precandidatos de la oposición apoyaron las críticas de los empleadores hacia la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Ahora, los empresarios buscarán reunirse con senadores de distintos partidos, ya que la cámara alta será la que finalmente deba aprobar el proyecto. “Vamos a seguir dando pedal”, dijo el asesor de la Cámara de Comercio a El Observador.

Críticas. Los empresarios del comercio reiteraron ayer que el proyecto de ley debe reglamentar la huelga y los sindicatos.

Uno de los expositores, el asesor laboral de la cámara, Leonardo Slinger, indicó que el derecho colectivo se compone de un triángulo: la huelga, los sindicatos y la negociación colectiva. Entonces, la ley de negociación debe reglamentar a las tres partes que componen el triángulo. Pero no lo hace, dijo.

Otra de las críticas de los empresarios es sobre la competencia de los Consejos de Salarios. Se acepta que en este ámbito puedan fijarse los salarios mínimos, pero no que se utilice para negociar sobre condiciones de trabajo.

Los sectores empresariales entienden –basándose además en recomendaciones de OIT– que las condiciones de trabajo deben ser fijadas por las organizaciones de trabajadores y los empleadores, sin la interferencia de las autoridades públicas. Además, impulsan que la negociación sea libre y voluntaria. Por eso, otra de las críticas de los empresarios es sobre uno de los artículos del proyecto de ley donde se establece la obligatoriedad de negociar.

Mailhos sostuvo que el Estado debe fomentar la negociación colectiva, pero no puede imponerla.

Los empresarios tampoco están de acuerdo con otro capítulo del proyecto que se refiere al intercambio de informaciones “a fin de facilitar el desarrollo normal del proceso de negociación colectiva”. Mailhos afirmó que el derecho a la información debe ser mutuo. “Los sindicatos no van a preavisar sobre una medida de huelga, pero las empresas tienen que informar sobre un cambio tecnológico”, dijo.

Para los empresarios, la ley que rija las relaciones laborales en Uruguay deberá respetar el derecho al trabajo y a la propiedad; aspectos no contemplados en la iniciativa gubernamental.

También debe dejar sentado que los convenios colectivos deberán contener cláusulas de obligación de paz. Y que los convenios caerán si la paz laboral no se cumple.