OIT: empresarios definen demanda

Mañana a las 9.30 horas, en la sede de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) se reunirán las 22 gremiales empresariales que conforman el sector empleador del Uruguay.

«La reunión tendrá un único orden del día y será el de resolver si se da luz verde o no a una denuncia por parte de las cámaras empresariales contra el Ministerio de Trabajo ante la OIT», señaló a LA REPUBLICA el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Marcelo Lombardi.

Laudada ya la polémica por la ley de tercerizaciones, el malestar principal de los empresarios es ahora la promoción, por parte del gobierno y con el apoyo del PIT-CNT, de la ley de negociación colectiva.

Lombardi sostuvo que «el Ministerio de Trabajo remitió la ley al Parlamento sin haber tomado en cuenta la posición de las cámaras empresariales». Por tanto, ahora el sector empleador «evaluará el próximo martes si corresponde o no seguir adelante con la idea de presentar una denuncia ante la OIT, dado que a juicio de varias cámaras el manejo del Ministerio de Trabajo no se adecuó a las resoluciones de orden internacional en materia laboral».

El vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios sostuvo que «si las 22 gremiales deciden el martes dar luz verde a la presentación de la demanda, se nos comunicó por parte de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) que el propio organismo actuaría de oficio ante la OIT».

Consultado sobre si sería la primera vez que el sector empleador del Uruguay presenta una denuncia de este tipo, Lombardi dijo que «en el corto y mediano plazo sí» y recordó que «en el caso de los trabajadores es más común que presenten recursos de este tipo».

Por su parte, desde el gobierno se rechazó la idea de los empresarios de denunciar al Ministerio de Trabajo ante la OIT por promover la ley de negociación colectiva.

Las autoridades del Ministerio de Trabajo han insistido en que «la resolución de retirarse de la comisión tripartita de legislación laboral fue de los propios empresarios», deslindando de esta forma cualquier responsabilidad por la falta de acuerdo sobre esta temática.

La ley de negociación colectiva que el Poder Ejecutivo pretende que se apruebe en el Parlamento lo antes posible contiene un capítulo sobre prevención y solución de conflictos, en el cual se establece que las ocupaciones de los lugares de trabajo deberán ser pacíficas y mientras estas duren «los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa», salvo excepciones. Además, se establece claramente que «cuando la continuación de la ocupación pusiere en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o afectare seriamente el orden público o el interés general, se podrá desalojar mediante el uso de la fuerza» en un plazo de 24 horas.

Desde el empresariado se insiste en que la cláusula que reglamenta la ocupación de los lugares de trabajo, que está incluida en la ley de negociación colectiva que está a estudio del Parlamento, no es compartida por el sector y este sería el motivo de la presentación de la denuncia, dado que las cámaras empresariales rechazan el argumento del Poder Ejecutivo y del PIT-CNT en torno a que la ocupación es la extensión del derecho de huelga.

Además, el proyecto de ley que crea el nuevo sistema de negociación colectiva define en su artículo 15 los niveles y articulación del mismo.

Allí se establece que «las partes podrán negociar por rama o sector de actividad, empresa, establecimiento, o cualquier otro nivel que estimen oportuno y la negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo».