Oposición rechaza proyecto del gobierno tendiente a la liberación de 700 reclusos

Inmediatamente después de que el tema se instalara en la agenda pública con la remisión del proyecto al Poder Legislativo el lunes último, blancos y colorados se apresuraron a manifestar su rechazo a la propuesta del Ejecutivo y su preocupación por las consecuencias que, entienden, ésta tendrá en la seguridad pública y en las propias cárceles.

Para los representantes de los partidos tradicionales, la liberación de 700 presos supondrá un incremento de delitos así como de la sensación de inseguridad, y también expectativas y recelos en los reclusos que no sean excarcelados, lo que puede llevar a complicaciones en la vida carcelaria.

En conferencia de prensa, Alianza Nacional y Correntada Wilsonista -que juntos tienen mayoría en la oposición- dijeron estar dispuestos a estudiar los distintos artículos de la ley «pero, genéricamente, estamos en contra del eje central, que es la liberación de reclusos», manifestó uno de los voceros del grupo, el diputado Álvaro Alonso.

«Como entiende que hay un problema en la observancia de los derechos humanos, el Poder Ejecutivo decide liberar presos. Ese no debería ser el inicio del tema: si hay un problema de derechos humanos, empecemos por actuar sobre ello, mejorando las condiciones de reclusión. En ese sentido, las acciones a tomar van mucho más allá que crear un par de comisiones y un censo de presos, como hizo el gobierno», agregó Alonso. A su entender, la propuesta por el Ejecutivo «no es una solución efectiva que no tenga un efecto secundario más grave», y «no es bueno que el gobierno remita la iniciativa bajo presión de los reclusos».

El senador Luis Alberto Heber, del Herrerismo, adelantó que su sector no está de acuerdo con la liberación de los presos, pero sí estudiará el articulado.

COLORADOS: INGENUIDAD

El ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, criticó al gobierno por considerar que «carece de una política de seguridad pública».

El senador no se ubicó a sí mismo entre quienes creen que el problema carcelario se soluciona construyendo más cárceles, pero tampoco es partidario de liberar presos, como pretende hacer esta administración: «El tema es mucho más amplio y complejo que eso».

Sanguinetti todavía no analizó el proyecto con detenimiento, pero señaló que los anuncios de excarcelación «ya generaron alarma en la sociedad y tensión en las cárceles».
A su juicio, la ley es una «pobre respuesta a un problema que, con los anuncios realizados, se agravó».

«Además, ¿alguien cree que el Patronato (de Encarcelados y Liberados) está en condiciones de manejar a estas 700 personas? Me preocupa la actitud del gobierno, sobre todo cuando el propio jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Bernal, manifestó estar inquieto por el aumento de las rapiñas», agregó.

Su correligionario Washington Abdala sostiene que el gobierno «optó por los presos en contra del resto de la sociedad». Recordó que al ministro del Interior, José Díaz, «le pagan por velar por la seguridad de todos, especialmente de la mayoría y, con esta medida, se está yendo en sentido contrario, porque se incrementa la inseguridad».

El diputado dijo estar seguro de que, al menos una parte de los que sean excarcelados, «le harán un daño a la sociedad», y calificó de «ingenuo» al gobierno por creer que, con sólo liberarlos, se rehabilitarán.

HAY TIEMPO

Los legisladores oficialistas, por su parte, parecen haber oído los reclamos de la oposición cuando los cuestionó por «pasar la aplanadora»

de las mayorías para aprobar velozmente las leyes de creación del Ministerio de Desarrollo Social y el Plan de Emergencia. Ahora dicen tener disposición y tiempo para dialogar sobre el proyecto remitido por el Ejecutivo, siempre y cuando esto no suponga una dilación excesiva.

El oficialismo quiere llegar al mayor consenso posible pero, de no lograrlo, hará pesar sus mayorías para aprobar la iniciativa en todos sus puntos.

El diputado Javier Salsamendi dijo que los intentos de presión de los presos por apurar la medida son «inevitables», pero el gobierno «no puede» ir al ritmo de esos reclamos.