Para empresarios, Ejecutivo crea ‘inseguridad jurídica’

Con reacciones de sorpresa y malestar por la medida, reclamando una mínima participación en el análisis de las consecuencias de la misma, y manejando la posibilidad de proponer al gobierno una alternativa, los empresarios y productores analizaron ayer el decreto durante un encuentro en la sede de la Cámara de Industrias del Uruguay.

Tras el diálogo de los empresarios, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Mario Amestoy, ratificó que en el encuentro se insistió con el «malestar» que existe entre los empresarios por el decreto referido, pero destacó que allí no se tomó una resolución, más allá de manejarse diversas alternativas.

«De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución, tiene que haber una salvaguarda de los intereses laborales. Y las ocupaciones no contribuyen al clima de inversiones adecuado», dijo Amestoy a El País.

Los representantes de las cámaras empresariales acordaron continuar reuniendo información sobre el caso y preparar una alternativa al decreto del Poder Ejecutivo que luego sería presentada al gobierno.

En el encuentro de ayer participaron delegaciones de las Cámaras de Industrias, Comercio, Turismo, Construcción, Federación Rural y la Cámara Mercantil.

SIN GARANTIAS. A su vez, el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi, dijo que este encuentro para intercambiar ideas sobre el decreto derogatorio que aprobó el Poder Ejecutivo, sirvió para llegar a la primera conclusión: esta acción del gobierno «trajo una inseguridad jurídica muy grande», admitió Burghi a El País.

En lo personal, el titular de los industriales reveló que sin éxito han entablado conversaciones con el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, con el subsecretario de la cartera, Jorge Bruni, y también con el director nacional de Trabajo, Julio Baraibar.

Burghi informó que tanto a nivel externo como interno, los inversores «están muy preocupados» por la medida, mientras admitió que «es muy difícil» que alguien invierta si no tiene «garantías» sobre la propiedad privada.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Luis Puig, dijo que también su sector planteó en el encuentro matutino de ayer la preocupación existente. Puig adelantó que una de las posibilidades manejadas ayer fue elaborar una propuesta alternativa para entregarla al gobierno, lo cual está en etapa de análisis.

El empresario criticó la actitud del gobierno al afirmar que las intenciones del Poder Ejecutivo debieron ser planteadas en los diversos ámbitos de negociación, como el Consejo Superior tripartito o el proyecto de compromiso nacional. «Esta decisión debió haberse tratado en esos ámbitos», sostuvo. «¿Para qué estamos haciendo estos ámbitos de discusión formal si después los temas no se plantean en ellos?», preguntó Puig.

De todos modos, reconoció que independientemente de ese debate, el Poder Ejecutivo tiene el derecho de «tomar la decisión que quiera». «Pero al menos se hubiera escuchado distintas opiniones antes de tomar la medida», agregó.

En lo sustancial, Puig sostuvo que la preocupación se basa en que «entre todos tratamos de mejorar la inversión, de mejorar el Uruguay productivo según las propias palabras del gobierno, estamos tratando de generar nuevas fuentes de generación de empleo, y este tipo de cosas va en sentido contrario. Eso es claro», afirmó.

«Fue algo que nos sorprendió. De un día para el otro salió el decreto», se lamentó Puig.