Para Uruguay, Argentina no controla vertidos al río.

Uruguay pidió ayer a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya (Holanda), que se posicione a favor del “desarrollo económico sostenible” cuando emita su veredicto sobre el litigio que planteó Argentina, que ante ese organismo reclamó el cierre de la planta de Botnia de Fray Bentos.
Además volvió a acusar a Argentina de no controlar el vertido de residuos en el río de administración compartida. La semana pasada, Uruguay había señalado que la contaminación proviene de industrias argentinas y no de Botnia.

El profesor de Derecho de la Universidad de California (EEUU) Stephen McCaffrey , integrante de la delegación uruguaya, dijo a los jueces, en la penúltima audiencia oral, que lo “que decida la Corte tendrá gran influencia sobre los estándares y calidad de vida de la población”.

Expresó la “confianza de Uruguay” en que el máximo órgano judicial de la ONU no pasará por alto el peso específico del desarrollo económico sostenible al emitir su veredicto que se espera para abril de 2010.

Además, afirmó que el funcionamiento de Botnia, desde el año 2007, “no tiene efecto sobre los usos argentinos del río”, refiriéndose a la actividad turística de Gualeguaychú.

Mantuvo que el turismo en esa localidad “se ha incrementado” a pesar del funcionamiento de la pastera finlandesa asentada en la margen oriental del río Uruguay desde hace dos años.

En su exposición el experto acusó a Argentina de no tener ninguna regulación que controle los vertidos de fósforos al río, gran parte de los cuales provienen de la industria activa ubicada en territorio argentino, aseveró.

Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad de Edimburgo (Escocia) Alan Boyle explicó que Uruguay “analizó otras localizaciones” para la papelera, pero que “fueron rechazadas”.

Argentina argumenta que Uruguay no consideró otras localizaciones para Botnia y que Fray Bentos –donde finalmente se ubicó la planta de la industria finlandesa– es un lugar “inadecuado”, porque a esa altura el río no puede disolver el vertido de la fábrica.

Por el contrario, Boyle mantuvo que los expertos consultados por Botnia antes de la construcción de la papelera concluyeron que esa fábrica, al construirse en Fray Bentos, “no causaría daños” al río, en ninguna de las dos riberas.

También apuntó a que la actividad de la planta no causa problemas a la calidad del agua que pudieran ocasionar daño al ecosistema o alterar el equilibrio ecológico del río.

Argentino elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, al considerar que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay cuando autorizó “unilateralmente” la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río.

Las audiencias orales finalizan hoy, tras haberse extendido tres semanas. (Con base en información de EFE)